Con la invasión española y la posterior creación de la Capitanía General de Chile, dependiente del Virreinato del Perú, se estableció una división administrativa que dependía básicamente de la cuestión marcial. Chile era un territorio en conflicto definido como “Guerra de Arauco” por los españoles, por lo que esta capitanía se dividió en 12 corregimientos donde, por supuesto, primaba la autoridad militar.
En paralelo, la Iglesia Católica, otro órgano de gran poder durante la colonia, dividía al país en dos obispados separados entre sí por el río Maule: Santiago y Concepción.
Hacia la etapa final de la época colonial, las reformas borbónicas reemplazaron los corregimientos por las intendencias de Santiago y de Concepción, las que a su vez se dividían en partidos.
Con el inicio del proceso independentista, una de las primeras medidas políticas fue crear una nueva intendencia en 1811: Coquimbo.
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Concretada la independencia, diversos experimentos políticos se vivieron en el naciente país, uno de ellos el proyecto federal (1826) que estableció 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.
A partir del triunfo de la regresión conservadora en la guerra civil (1829-1830), se consagra el centralismo luego de la derrota del Ejército del Sur en la Batalla de Lircay en 1830, lo que terminó con la dominación de Santiago por sobre las provincias, imponiendo una pesada y larga noche que se mantiene hasta nuestros días.
Ese orden tuvo su correlato institucional en la Constitución de 1833, la que mantuvo la división en provincias, que a su vez se subdividían en departamentos. No obstante, con la invasión del Wallmapu; la ocupación de territorios que fueron conquistados a Bolivia y Perú con la Guerra del Pacifico; y los procesos de expansión territorial vía colonización, surgieron nuevas provincias: Tarapacá, Antofagasta, Malleco, Llanquihue y Magallanes.
La siguiente Constitución en 1925 en gran medida mantuvo este orden territorial, dividiendo a Chile en 16 provincias y dos territorios de colonización (Aysén y Magallanes), las que en 1936 pasaron a ser las recordadas 25 provincias: Tarapacá, Iquique, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Colchagua, Talca, Linares, Cauquenes, Ñuble, Concepción, Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes, el orden territorial anterior al actual.
El año 1950 la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) propuso en base a criterios geográficos y climatológicos, un ordenamiento pensado seis macrorregiones: Norte Grande; Norte Chico; el Núcleo Central; Concepción y La Frontera; la Región de Los Lagos y la Región de Los Canales.
Tras el golpe de Estado de 1973, la Junta Militar definió como una de sus prioridades el establecimiento de una “nueva institucionalidad”, y la “reforma administrativa del Estado”. Sin siquiera mediar una nueva carta magna, los golpistas anunciaron en julio de 1974 la nueva estructura administrativa del país, fusionando algunas de las antiguas provincias para dar origen a 12 regiones y un “Área Metropolitana de Santiago”.
Éstas recibieron por nombre números romanos, de Norte a Sur. El régimen adoptó un concepto seudogeopolítico para adaptar la distribución de Chile a la nomenclatura del Ejército y Armada que distribuían al país en seis divisiones de Ejército, cuatro zonas navales, más Santiago. Impusieron una organizaron en una lógica de guerra contra el pueblo, dominio sobre el territorio y control sobre la población, esto enmarcado en la Doctrina de seguridad del Estado dictada desde Estados Unidos, que exacerbó el centralismo en Santiago complementándolo con el verticalismo propio de las Fuerzas Armadas y el autoritarismo de la dictadura.
Hasta el día de hoy, a pesar que el nombre con número fue eliminado hace un par de años, mucha gente llama a sus territorios por el nombre pinochetista de los números como “octava región”, “novena región”, "la quinta", etc. Aquel ordenamiento territorial, no obedecía ni a cuestiones geográficas, mucho menos culturales, sino simplemente militares.
Durante la postdictadura surgieron movimientos separatistas en antiguas provincias, demandando ser convertidas en regiones, como Valdivia, Arica, Ñuble, Chiloé o Aconcagua, territorios a los cuales probablemente les acomodaría más volver al antiguo sistema de división territorial en provincias.
Durante el desarrollo de la Convención Constitucional, ha entrado al debate el terminar con la larga noche del centralismo autoritario de Santiago, impuesto por la violencia desde la batalla de Lircay, sin embargo, para descentralizar y construir regiones autónomas o federales, lo primero que hay que establecer es cuál será ese ordenamiento administrativo ¿Debemos mantener la actual división de regiones? A todas luces, la organización impuesta por Pinochet con un carácter claramente represivo y de control del territorio por una junta militar golpista debe desaparecer para siempre en esta nueva etapa de la historia.
Se deberá discutir si volveremos a un ordenamiento territorial basado en aspectos culturales o identitarios como las históricas 25 provincias, a propuestas en cuando en temas geográficos o climáticos como fue la de la Corfo o regiones ecosistémicas en base cuencas hidrográficas, lógicamente todas las propuestas incorporando el reconocimiento a territorios con características especiales que garanticen la autonomía de los pueblos originarios.
Resumen.
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