Un incierto panorama enfrentan los trabajadores chilenos: A la precarización y flexibilización se suman hoy los despidos al por mayor, como coletazo del terremoto del 27 de febrero. Se han reportado más de 136.000 despidos ante la Dirección del Trabajo (DT). A los casi 9.000 invocando el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo -casos fortuitos o de fuerza mayor-, se suman miles de pérdidas de fuentes laborales y desvinculaciones negociadas. El INE informó que el desempleo del último trimestre (diciembre 2009 a febrero 2010) marcó 629.720 desempleados, un 8,5% de cesantía (en la Región del Bío Bío, 10,4%; en La Araucanía, 11,5%; y en Valparaíso, 10,1%). Son cifras que aún no cubren los efectos del terremoto, lo que pronostica una cesantía nacional que pronto bordeará los temidos dos dígitos. Y a eso hay que agregar el informe en el Senado del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que afirmó que las pérdidas de empleo podrían alcanzar solo en las Pymes de la VI, VII y VIII regiones 840.000 puestos de trabajo. Decenas de miles de trabajadores carecen hoy de una fuente estable de ingresos. El presidente Sebastián Piñera, mientras anunciaba la creación de 60.000 empleos de emergencia en la Región del Bío Bío -13.000 para Talcahuano, devastado por el maremoto-, aprovechó de notificar la privatización de empresas estatales.  

Felipe Larraín, ministro de Hacienda, reconoció que habrá que esperar un semestre para pensar en la recuperación tras la tragedia: “Hay cifras de recuperación, de ventas y de comercio, pero no quiero generar expectativas desmesuradas, aquí hemos tenido una catástrofe que es muy seria y grave”, afirmó. El gobierno anunció crear 60.000 puestos laborales y extender de 5 a 7 meses el seguro de cesantía. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo en el Senado, que las pérdidas de empleo a raíz del terremoto podrían alcanzar en las Pymes entre la VI y VIII regiones los 840.000 puestos de trabajo. Según la autoridad, de las 740.000 Pymes del país, 202.000 se ubican en las regiones más golpeadas por la tragedia -O’ Higgins, Maule y Bío Bío-. 121.000 Pymes se encuentran en las 54 comunas más afectadas. Según el ministro Fontaine los sectores productivos más afectados serían la celulosa -con paralizaciones en la producción de entre uno y cuatro meses y pérdidas físicas estimadas en un 15%-; el sector metalúrgico y acero -con paralizaciones entre uno y seis meses y pérdidas en la producción del orden del 20%-; el petroquímico -con producción detenida por falta de abastecimiento-; la pesca industrial y artesanal -con instalaciones de descarga con 25% de destrucción severa o total, y 50% con daños importantes-, las plantas de harina de pescado -con un 29% destruida, 14% con daños importantes, y un 43% con daños menores-; las plantas de congelados -con 60% de daños graves y 20% con daños menores-. Las Pymes están gravemente afectadas por efecto cadena y la paralización temporal de grandes empresas, además de los serios daños en las empresas del comercio.

Según la DT, en la VIII Región los despidos por fuerza mayor suben de 3.450, mientras en Santiago ascienden a 3.651. Hay 540 en la Región del Maule y 420 en la de O’Higgins. Según la CUT, en las zonas afectadas habría 15.000 despidos injustificados. En otras provincias aún no hay catastros de los nuevos cesantes. Los empresarios siguen abusando del artículo 159. Empresas constructoras y contratistas han aprovechado para recortar salarios. De los más de 2 millones de damnificados, un millón doscientos mil -casi el 60%- son menores de edad, expresa la Red de ONGs de Infancia y Juventud. Miles de trabajadores independientes perdieron su fuente laboral. La Confederación de Pescadores Artesanales calcula en 100 las caletas destruidas por el tsunami, y en 70 las que presentan graves daños.

Felipe Larraín, ministro de Hacienda, advirtió sobre un mayor desempleo: “Hay que prepararse porque las cifras de marzo, abril y mayo, y el resto del primer semestre, probablemente no sean buenas”. Sólo en la Región del Bío Bío más de 500.000 trabajadores dependen de Pymes que tras la catástrofe no tienen cómo pagar sueldos. Jorge Fierro, presidente provincial de la CUT, dice que sólo en esa región se perdieron 4.000 puestos de trabajo: “Tras el dictamen de la DT que aclaró el artículo 159, los empresarios se anduvieron con más cuidado. Los más afectados con la pérdida de fuente laboral son pescadores artesanales, los obreros forestales y las empresas del comercio, donde hay mucha informalidad”.  

Cristián Cuevas, dirigente nacional de la CUT, indica que se está dejando a miles de trabajadores afectados por la catástrofe “sin fuente de ingresos”. Cree que el gobierno entregará la reconstrucción a privados: “Se necesita una política de industrialización, ocupar mano de obra cesante. La solución no va por los privados, el Hogar de Cristo o Un Techo para Chile”, dice. “Los trabajadores -agrega- deben unirse para impedir despidos por los artículos 159, 160 y 161”.  

SECTOR PÚBLICO

En el sector público también hay despidos. Raúl de la Puente, presidente de la Anef, solicitó revisar los despidos de trabajadores en algunas gobernaciones -principalmente en Maipú, Cordillera, Chacabuco, Cardenal Caro y Curicó-, y ministerios como el de Economía. “Dejamos claro que la Anef defenderá los derechos laborales, la carrera funcionaria y estabilidad del empleo”. Durante la protesta de funcionarios del Consejo de la Cultura, de la Puente dijo: “Vamos a sentarnos con el gobierno en la mesa de negociación, para tratar de solucionar problemas. Pero si no hay soluciones, habrá movilizaciones. Seremos firmes en denunciar los despidos que afectan a funcionarios vulnerables como los que trabajan a honorarios y a contrata”.  

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Consejo de la Cultura, Carolina Negrete, espera que la autoridad reconsidere los despidos “y que se detenga este tipo de decisiones que siembran temor y angustia en el personal. Al interior del Consejo la situación es grave”.  A lo anterior se suma la denuncia del senador Juan Pablo Letelier. El nuevo gobierno despidió funcionarios que llegaron a sus cargos por concurso público, en el sistema de alta dirección pública. “El gobierno decidió no respetar los cargos y, lamentablemente, inició el proceso de desalojo de las personas seleccionadas por la alta dirección pública, partiendo por el ministerio de Vivienda, direcciones del Serviu y de las regiones en situación de catástrofe”, dijo el parlamentario.

En la XIII Asamblea Nacional de la Anef, que contó con la asistencia del Presidente Sebastián Piñera, éste se comprometió a “fortalecer la carrera funcionaria y mejorar la capacitación de los funcionarios públicos”. Y agregó: “Me comprometí a que durante nuestro gobierno no va a haber despidos injustificados y voy a cumplir mi palabra”. Distinta es la visión del presidente de los empleados públicos, Raúl de la Puente: “Hay despidos de funcionarios -auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales- con empleos temporales y precarios en distintas reparticiones públicas. Son los más vulnerables: contratas y honorarios, que son la inmensa mayoría. El número ha ido en aumento. Todos los días se suman más y cunde la incertidumbre que está afectando a las personas, sus familias y, también, al clima laboral. A eso se agrega que los funcionarios públicos de las zonas de catástrofes están viviendo precarias condiciones de trabajo, sumadas a sus propias condiciones personales y familiares de vivienda, salud, servicios básicos. Muchos están realizando sus funciones en las plazas, en carpas o hacinados en recintos vulnerables”. Peter Waldorf, secretario de la ISP (Internacional de Servicios Públicos), de visita en Chile, respaldó las denuncias realizadas por la Anef: “Rechazamos los despidos injustificados y exigimos al igual que la Anef, un Estado más fuerte, democrático y participativo, ya que esto conlleva a que existan empleos decentes que conducen a servicios públicos de calidad”.

OBREROS DESPEDIDOS

Patricia Coñomán, presidenta de la Confederación Textil, denuncia despidos injustificados en el call center Multivoice y en el sector textil. Paños Bío Bío despidió a 159 obreros sin indemnización. “Mientras entregamos cartas y catastros, las autoridades siguen ‘estudiando’ qué van a hacer. No podemos seguir esperando. Hay miles de familias viviendo en carpas, sin trabajo, vulnerados en sus derechos por el no pago de indemnizaciones”, dice. En la construcción aún no hay despidos masivos. Pero desde Rancagua al sur esos obreros a través de planes de emergencia reciben sueldos más bajos que el ingreso mínimo.  

La VIII Región antes del terremoto tenía una cesantía de dos dígitos. En Tomé, Penco, Talcahuano, Lota, Curanilahue y Coronel la situación era difícil con desempleo entre 13 y 16%. Las principales fuentes laborales: el puerto, industria pesquera, Astilleros y Maestranzas de la Armada y la Compañía Siderúrgica Huachipato están paralizadas o en el suelo. Nueve de las 14 plantas de harina de pescado cerraron por varios meses. Asmar no recontratará a 1.080 trabajadores que terminan faenas. “De no surgir una propuesta presidencial que garantice una rápida reconstrucción, quedarán sin empleo”, dice el presidente del sindicato, Cristián Lagos.  

160 estibadores del Sindicato de Embaladores de Talcahuano, quedaron sin trabajo. “Apenas el 8% de los portuarios tenía contrato”, dice Jorge Bustos, presidente de Congemar. Celulosa Arauco y Constitución despidió a trabajadores en Aserraderos Mutrún y en Forestal Santa Mercedes, a lo que se sumó la quiebra de Forestal y Bosques Santa Elena, dejando más de mil cesantes. Siderúrgica Huachipato acordó con los sindicatos que 800 obreros tomaran vacaciones anticipadas. Miles de trabajadores subcontratistas han sido despedidos y sólo días antes del terremoto la CMPC despidió a centenares de trabajadores del aserradero Bucalemu, en Los Ángeles.  

PESCADORES ARRUINADOS

“Los pescadores son los más afectados, perdieron embarcaciones, aparejos, infraestructura portuaria y de refrigeración, viviendas, etc. El  impacto podría extenderse por años. El subsidio de dos millones cien mil pesos no permite reponer la capacidad productiva. La opción de financiamiento bancario no se ajusta a la realidad de endeudamiento de los pescadores y sobrecargará a familias que hoy se encuentran damnificadas. Algueros y buzos han perdido la cosecha de la temporada”, dice Cosme Caracciolo, dirigente nacional de los pescadores. Javier Bustos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón, agrega: “Días antes del terremoto, anunciábamos movilizaciones y exigíamos medidas concretas y un nuevo Plan Salmón. Enfrentamos una situación crítica; más de 5.000 despidos, que se suman a 15.000 cesantes del sector”. Para Ricardo Casas, presidente de la Federación de Trabajadores de Industrias Pesqueras, “las dificultades comenzaron en octubre de 2009 y los despidos en la industria llegan a unos 25.000. Eso antes del terremoto”.

En otras regiones la situación es similar. Las Pymes han despedido miles de trabajadores. Casino Monticello de Rancagua dejó en la cesantía a 300 operarios. En Angol, Bosques Santa Elena echó a 400. Héctor Cid, presidente del Sindicato del Aserradero de Angol, dice que “en total los despidos afectarán a unas 4.000 personas. En Cañete ocurrirá algo similar”. Locales de Ripley y La Polar, en Talca, abusaron del despido por fuerza mayor. En las regiones de catástrofe habría más de 300.000 cesantes y trabajadores independientes sin cobertura del seguro de cesantía. Llama la atención que la CUT reclame hoy por el término del contrato sin indemnización cuando todos estos años los empresarios no han necesitado terremotos para despedir y no pagarlas, como tampoco pagan las cotizaciones previsionales. Cada día son menos los trabajadores que logran cobrar indemnizaciones y, además, reciben menos dinero por efecto el descuento del aporte patronal al Seguro de Cesantía.  

Los sindicatos ya no tienen fuerza. La VI Encuesta Laboral ENCLA señaló que sólo el 5,1% de las empresas tienen sindicatos activos.

LAS INDEMNIZACIONES

Según cifras de la DT, en 2008 el 12,4% de los términos de contrato invocaron el artículo 161. Sólo estos trabajadores consiguieron indemnización por años de servicio -a menos que se hubiesen cambiado voluntariamente al Seguro de Cesantía-. Según la ministra del Trabajo, Camila Merino, las cifras de despidos “deberían ir a la baja, ya que son varios los empleadores que han dejado sin efecto la polémica causal”. La DT emitió un dictamen precisando que “el despido debe aplicarse sólo cuando las instalaciones de la empresa han quedado totalmente inhabilitadas”. Pero los empresarios siguen abusando. El gobierno anunció bonos para retención y contratación de trabajadores. Antes del terremoto insistía en eliminar las indemnizaciones y rebajar el salario mínimo. Según el Programa de Economía del Trabajo, la propuesta de los empresarios de suprimir la indemnización por años de servicio y fortalecer el Seguro de Cesantía, “aumentará la brecha salarial”.  

Según la DT más de un centenar de empresas entre la V y la VIII regiones han invocado el artículo 159 para despedir trabajadores. La Región del Bío Bío concentra más del 60% de estos nuevos cesantes. Pastelería Versluys se deshizo de 306 trabajadores. Bocamina II, en Coronel, despidió cerca de 2.500 obreros subcontratados que prestaban servicios para la filial chilena de la italiana Tecnimont. Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, empresa del intendente de Santiago, Fernando Echeverría, es una de contratistas de Bocamina II y responsable del despido de 938 trabajadores bajo la causal de fuerza mayor. Hubo otros 390 obreros despedidos en Construcciones y Montajes Com, 786 de Constructora Tecsa, y 463 de Servicios y Representaciones Tozzi Chile. Organizados en el Sindicato Nacional de Montajes Industriales, los obreros se tomaron la planta y denunciaron los vínculos de la empresa con el intendente. Finalmente, se revirtió el despido de los 938 obreros. Según funcionarios de la DT, al acuerdo alcanzado por Echeverría Izquierdo con los trabajadores, se sumó la italiana Tozzi Chile. Pero el resto de las contratistas siguen negociando.  

EL FAMOSO ARTÍCULO 159

“El decreto aclaratorio sobre la aplicación del artículo 159 N° 6 sirvió para bajar el número de despidos”, dice Orietta Fuenzalida, directora de la Asociación de Funcionarios de la DT. Tozzi Chile reculó con el despido de 463 trabajadores. Pero se negó a hacer lo mismo con otros 685. Y hay casos irrisorios como el de los 200 empleados de la Clínica Providencia. Sus propietarios, médicos asociados a la Isapre Más Vida, argumentan que el inmueble presenta daños estructurales. Mercedes Cáceres, presidenta del sindicato, dice: “No hay daños de gravedad. En los días posteriores al terremoto el edificio fue objeto de destrozos intencionales. La oferta de la empresa es el pago del 40% de las indemnizaciones”. Incluso ofrecieron recontratar con sueldos más bajos.  

Hasta el 24 de marzo, según cifras de la DT, cerca del 80% de las empresas que apelaron al artículo 159 tenían menos de 10 empleados. En Chiloé, la empresa procesadora de congelados Sumari S.A. para despedir a sus 90 trabajadores los dio por “muertos”. Inicialmente intentó echarlos esgrimiendo el artículo 159 Nº 6. Pero Chiloé no sufrió mayores daños por lo que luego invocaron el numeral 3 del mismo artículo, que permite el despido a causa de la muerte del trabajador, y así no cancelar nada.  

(*) Historiador y Periodista. Web Liberación www.liberacion.cl

Una versión de este artículo fue publicado por revista Punto Final.