[resumen.cl] Después de casi un año en prisión preventiva, el pasado viernes 30 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, resolvió el excarcelamiento de los miembros de la comunidad Wente Winkul Mapu, el werken Daniel Melinao, Elisa Rojas y Juan Pablo Lican.

Desde el 10 de octubre de 2015 estaban encarcelados, acusados de ser los autores del ataque a un retén policial, la quema de una camioneta municipal y el ataque a un bus de pasajeros. Todos estos hechos habrían sido cometidos mientras, por el lugar, transitaba el cortejo fúnebre del comunero José Quintriqueo, quien había sido asesinado, el día anterior, en un proceso de recuperación territorial en el fundo Nilpe de Galvarino por un inquilino del fundo, quien lo atropelló con un tractor, cumpliendo órdenes del administrador, el empresario Raúl Quintas, según denunció la comunidad de José Quintriqueo.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior no pudieron acreditar sus acusaciones, llegando solo a establecer la supuesta participación de Daniel Melinao y Elisa Rojas en el ataque al retén policial y a la camioneta municipal, en calidad de encubridores. Por su parte, Juan Pablo Lican quedó absuelto de todas las imputaciones. De este modo, las gravosas penas a las cuales se exponían, quedaron reducidas a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, para Elisa Rojas y arresto domiciliario total, para Daniel Melinao.

Este juicio tuvo entre sus acontecimientos más importantes la negativa del Tribunal a disponer un biombo que ocultara los rostros y el cuerpo de los testigos protegidos llevados por las partes acusatorias, provocando que siete personas desistieran de declarar. La medida fue criticada por la Fiscalía, planteando que arriesgaba a los testigos protegidos, sin embargo, el curso del juicio demostró que, como en una multitud de casos, las acusaciones se sostenían en estos testigos, quienes, bajo el ocultamiento de su identidad, no se responsabilizan de sus afirmaciones y adquieren las prebendas comprometidas por las instituciones del Estado. Casos de ello, son los hermanos Ñancucheo. De uno de ellos se comprobó la recepción de $ 350.000 para postular a un Subsidio Individual de Tierras, a través de la CONADI, comprándose una hijuela de cuatro hectáreas en las cercanías de Victoria, a cambio de su colaboración.

Las condenas, aunque no implican el encarcelamiento, impiden la movilidad de quienes las sufren, cumpliendo con el propósito de castigarlos. No obstante, el castigo ha empezado un año antes, cuando se inició su prisión preventiva. En todo este tiempo, los comuneros y su entorno más cercano sufrieron los perjuicios de una medida que, aunque ajustada al derecho imperante, ha constituido un recurrente instrumento para degradar la vida de quienes amenazan los privilegios de terratenientes y empresarios que operan en las zonas disputadas.

Foto: Camilo Tapia