Por Juan Alejandro Henríquez Peñailillo*
¿Son los derechos humanos un horizonte utópico? Todo indica que esto es una de sus características junto a las normas jurídicas y referencias éticas. Pero ¿Qué significa esto cuando lo queremos aplicar al contexto de nuestro país?
Primero que todo, hagamos referencia a que un 10 de diciembre de 1948 se instala la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un símbolo del compromiso de múltiples Estados por poner fin a la guerra y a los crímenes de lesa humanidad y genocidios recientemente cometidos. Fue un gesto político en búsqueda de la paz.
Esto ya nos invita a reflexionar sobre qué tan efectivo fue o ha sido dicho documento. Muchas personas cuestionan la aplicabilidad de los derechos humanos, a propósito de su cualidad utópica. Pero, claro está, que los avances en esta materia han sido altamente significativos. Al punto que la Educación en Derechos Humanos ya es considerado un derecho en sí mismo. Por ende, cada vez tendremos más generaciones de personas formadas en esta urgente tarea. Esto es gracias a que los derechos humanos son progresivos, nunca regresivos.
El enfoque de derechos humanos aplicado en nuestro país ha permitido avanzar en políticas públicas de largo plazo como lo ha sido la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se ha fortalecido la garantía de no repetición y de no discriminación, aunque sigue siendo insuficiente ante los desafíos que tenemos como sociedad en el siglo XXI. Ya creada la institucionalidad, ésta debe funcionar autónomamente y con un real poder fiscalizador.
Es así como el horizonte utópico sigue desplegado, pero la existencia de normas jurídicas específicas en la materia habla de las oportunidades que se han ido concretado a lo largo del último tiempo. Tenemos una Constitución ilegítima socialmente, pero ya estamos inmersos en un importante e histórico proceso constituyente. Siguen produciéndose violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado o funcionarios públicos, pero la exigibilidad por parte de la ciudadanía ha ido creciendo exponencialmente junto a las movilizaciones colectivas.
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En Chile tenemos una oportunidad única para que nuestra carta fundamental cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que permitiría que la posterior actualización al cuerpo de leyes tenga un enfoque de derechos humanos. Hablar de inclusión, interculturalidad y equidad de género actualmente, sólo es evidencia de los desafíos y deudas que el Estado aún tiene. El referente ético nos invita a promover una Constitución paritaria, inclusiva e intercultural, ya que si esto estuviera resuelto no estarían discutiendo aún sobre escaños reservados para mujeres, pueblos originarios y personas en situación de discapacidad.
Un Estado que cumple con los tratados firmados considera a todos y todas sus habitantes como sujetos y sujetas de derecho. Promueve y garantiza la plena ejecución de los derechos humanos en cada ámbito del ejercicio político y de su función pública. En la educación, en la salud, en el trabajo, en la cultura, en la justicia, en su cuidado por el medio ambiente, entre otros tantos aspectos.
A 72 años de la Declaración Universal, Chile está en deuda, pero tiene la posibilidad de enmendar y avanzar en 2 años lo que gradualmente ha ido logrando en las últimas décadas. Pero no podemos perder tiempo ni discutir sobre si los derechos humanos son una ideología de un sector de la población o son reservados para un partido político. Las características jurídicas, éticas y utópicas nos invitan a tomar decisiones necesarias y urgentes con todos y todas.
Por ello, es tarea del Estado asegurar los mecanismos de definición autónoma y desde la autodeterminación respecto a la plurinacionalidad por parte de los pueblos originarios, con el reconocimiento constitucional de todos, siguiendo lo planteado en el Convenio 169 de la OIT. También lo es el otorgar el mismo reconocimiento a las personas en situación de discapacidad y escuchar la amplia diversidad de quienes habitamos los territorios. Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, comunidad LGTBIQ+, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, mujeres, personas privadas de libertad y personas migrantes, solo así podremos representar el real sentir de nuestra sociedad.
Y entre los principales desafíos están el saber reconocer y fortalecer la Memoria de un país, eliminar las brechas y desigualdades, promover el desarrollo de las culturas, asegurar mecanismos de consulta y participación, reforzar la investigación y comunidad científica, respetar la importancia de las artes y humanidades, reformar los sistemas de previsión social, de salud, fomentar un modelo de viviendas dignas, ciudades sustentables, descentralización regional, cuidado por el medio ambiente, entre otros. Y para el final dejo uno de los principales desafíos, velar por una educación como un derecho, que sea pluralista, inclusiva, no sexista, crítica, comprometida con la hospitalidad digital, comunitaria, intercultural y que asegure el acceso universal. Todo esto salvaguardando el cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos humanos.* Profesor de Filosofía, Becario ANID Doctorado en Ciencias de la EducaciónAcadémico Universidad de las Américas (UDLA) e Integrante de la Red de Equipos de Educación en DDHH (REEDH)www.juanhenriquez.cl
