En una nueva conmemoración mundial dedicada al Agua es importante realizar una reflexión sobre el sentido de este tipo de celebraciones. Cuando en 1993 la ONU dio origen a esta formalidad, lo hizo con el sentido de instar a los países miembros a“crear las políticas necesarias para garantizar que el agua y la energía sostenibles estén al alcance de todos, y no sólo de unos pocos”. Además, la misma instancia internacional declaró en 2010 el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano básico.
En Chile el agua está definida en el Código de Aguas como un bien nacional de uso público pero los derechos de aprovechamiento del agua están sometidos a la reglas del mercado, por lo que este elemento puede ser vendido, arrendado o heredado por quienes hayan solicitado al Estado estos derechos de manera gratuita y a perpetuidad. Además, los derechos de aprovechamiento de agua están protegidos constitucionalmente bajo el derecho de propiedad, que en su conjunto ha permitido la acumulación en manos de unos pocos, en desmedro de la mayoría de los chilenos. Esto nos plantea una contradicción vital, ya que Chile es miembro de la ONU pero después de 20 años de instalada esta demanda, los Gobiernos y el Parlamento han hecho bastante poco para lograr que el agua sea accesible para todos. Si sumamos las magras cifras relacionadas con equidad social, que nos sitúa como uno de los países más desiguales del mundo[1], queda en evidencia la necesidad de que el Estado aborde el uso del Agua de manera seria, porque constituye un pilar para lograr el bienestar de los habitantes chilenos, basado en una gestión adecuada de los bienes naturales y la repartición justa de los beneficios.
En el Parlamento se han intentado diversas reformas que han quedado en el olvido o bien han sido bloqueadas por intereses corporativos que requieren grandes cantidades de agua para realizar sus actividades comerciales (agricultura exportadora, minería, hidroelectricidad e industrias, por nombrar algunas). Lo alarmante de esto es como los representantes populares, parlamentarios de casi todos los bloques políticos, son cómplices con su voto u omisión de estos intereses que claramente van en desmedro del bienestar de la mayoría de los habitantes, que los eligió a través de elecciones democráticas. Es decir, con esta actitud los parlamentarios están faltando a su deber más básico que es representar los intereses de los ciudadanos.
Los Gobiernos post dictatoriales han hecho tibios esfuerzos por modificar el principal cuerpo legal que regula el uso del agua, generando algunas iniciativas legales que poco y nada han cambiado la situación de acaparamiento en unas pocas manos, lucro desmedido, especulación y despojo de las comunidades rurales de un bien esencial para su sobrevivencia (p.e. reforma cosmética al Código de Aguas bajo el mandato de Lagos), o peor aún, han entregado los servicios de agua potable a empresas privadas (bajo el mandato de Frei Ruiz-Tagle), dejando el abastecimiento de agua para ciudades en manos de capitales extranjeros, con los derechos de agua incluidos, bajo una ley de concesiones que en la realidad significa la privatización del sector sanitario urbano. Durante el gobierno de Piñera se intentó generar un cuerpo legal para privatizar los servicios sanitarios rurales, pero gracias a la férrea oposición de la Federación de Agua Potable Rural esto no se pudo concretar.
Evidencias de los conflictos provocados por este despojo se multiplican por todo Chile, ya que existen crecientes conflictos relacionados por el uso del agua[2], y recientemente ha salido a la luz pública ejemplos del claro aprovechamiento que algunos políticos hacen de sus cargos y sus contactos para despojar a comunidades enteras del vital elemento[3].
El nuevo Gobierno ha manifestado la necesidad de crear una nueva Constitución, que ponga a los recursos naturales como uno de sus ejes centrales. A estas alturas es difícil creer en estas promesas de campaña, que por lo general terminan diluyéndose en un par de iniciativas legales inconducentes y algunos discursos aparentemente radicales en pro de nacionalizar el recurso, que nada cambia en la realidad porque el recurso ya fue declarado en el mismo Código de Aguas como un bien nacional de uso público.
El agua es vital para el buen vivir de las sociedades humanas, por lo que diariamente debiéramos ser conscientes y valorar este elemento natural que permite nuestra vida en el planeta, ya que sin agua no hay vida posible. En cada territorio donde habitan seres humanos el agua está presente, a través del paisaje, la economía, la recreación y el transporte, entre otras actividades, por lo tanto es parte de nuestra cultura. Por lo tanto el llamado es a respetar este elemento que es libre por naturaleza y luchar para defender un patrimonio que es de todos y que en Chile ha quedado en manos de unos pocos que lucran para su beneficio personal e impiden a la mayoría gozar de su presencia y beneficios. Para eso debe haber una acción activa de la ciudadanía, que presione a los legisladores a realizar los cambios necesarios. Hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma al Código de Aguas (Boletín N° 7543-12[4]) que permite priorizar el uso humano del agua por sobre usos productivos, lo que es un primer avance para cambiar las reglas actuales. La invitación entonces es a incidir en esta discusión de carácter público, para lograr este cambio básico que permitiría avanzar en una distribución más justa del agua y cumplir de paso con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito.
Por Cristián Frêne Conget, socio AIFBN y director iniciativa “Agua que has de beber”.El Ciudadano
[1] http://www.elciudadano.cl/2014/03/20/103181/ocde-chile-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-de-ingresos/
[2] http://www.aguaquehasdebeber.cl
[3] http://ciperchile.cl/2014/03/19/dga-revoca-derechos-de-agua-a-ex-ministro-perez-yoma-y-otros-empresarios-en-petorca/
[4] http://camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=7936&prmBL=7543-12
Fuente: http://www.elciudadano.cl/2014/03/22/103222/dia-mundial-del-agua-las-contradicciones-de-chile-con-la-sociedad-global/