La Dirección de Equidad de Género y Diversidad se planteó en primera instancia como la gran solución a las denuncias de violencia de género y abuso dentro de la Universidad de Concepción, configurándose como un triunfo importante dentro del Mayo Feminista en la institución penquista. Sin embargo, en la práctica no se cumpliría lo que institucionalmente proponen desde el órgano, dejando a la deriva a estudiantes víctimas de la violencia patriarcal que aún recorre las aulas.
Por Kathia Cancino Rojas
Para las mujeres integrantes de la Vocalía de Sexualidad y Género (VOGESEX) de la Universidad de Concepción, quienes asumieron el rol en 2019, las intenciones se abocaron siempre a mantener una comunicación constante con la Dirección de Equidad de Género y Diversidad (DEGyD).
Desde el comienzo se enviaron correos solicitando reuniones con quienes trabajan en el órgano universitario, para compartir la visión y análisis institucional realizado desde la casa de estudios y, por consiguiente, la Dirección respecto a la violencia de género.
En base a ello, desde la vocalía podrían compartir su mirada sobre la situación de las estudiantes de la casa de estudios penquista, debido a que ésta se configuraba como la plataforma representativa de las y les estudiantes en temáticas de género y disidencias. Sin embargo, tras un par de reuniones entre el órgano universitario y el equipo de trabajo de la vocalía quedó en claro que el trabajo en conjunto era una utopía.
“Nosotras nos sentimos sumamente desvalorizadas, todo lo que se habló (en las reuniones) nunca se concretó. Esperábamos que existiera una entrega de herramientas institucionales que nos pudiesen servir para acompañar a nuestras compañeras que denunciaban”, pero eso nunca pasó. Así lo explicó Alén Arancibia, integrante de la Vocalía de Sexualidad y Género que operó hasta el 2020.
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La exvocal explica que semanalmente acogían denuncias de compañeras, víctimas de algún tipo de agresión misógina tanto en contexto académico como fuera de él: “Lo que hacíamos era acompañarlas y derivarlas, ver si tenían intención de denunciar en la UdeC a través de la Dirección para que esto se tradujera en mayor flexibilidad académica al estar atravesando un proceso de denuncia, o en alguna sanción concreta para los acosadores y abusadores que habían perpetrado la acciones de violencia, pero eso nunca fue así”.
En realidad, Arancibia deja en claro que desde la universidad, y a través de la DEGyD, no entregaban respuestas concretas para solucionar las problemáticas de género y disidencias en la institución. Así también lo acredita Felipe Herrera, disidente e integrante de la actual Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC).
El joven ha trabajado en conjunto con la comunidad disidente levantando petitorios, cartas y solicitudes para lograr un cambio respecto al trato de la institución hacia la población LGBTIQA+ universitaria. Sin embargo, tal y como para la VOGESEX, esos requerimientos no tienen respuestas. Inclusive, Herrera clasifica las falencias de la Dirección en tres ejes principales: el cambio del nombre social, los protocolos de actuación y un rol poco activo en temáticas de género.
“Si bien la dirección de género, además de la tarea de disponer los mecanismos para hacer el cambio del nombre social de estudiantes trans en los documentos oficiales al interior de la UdeC, ha dispuesto los conductos regulares para realizarlo, este proceso suele demorar mucho y en la mayoría de casos que he podido ver se sobreburocratiza a los compañeros y compañeras que buscan realizar tal cambio”, indica Herrera.
Al respecto, RESUMEN accedió al testimonio anónimo de un estudiante trans de la universidad penquista quien realizó el cambio de nombre social en las listas de clases y las plataformas universitarias correspondientes.
Sin embargo, el joven también da cuenta del engorroso procedimiento, que más que ayudar revictimiza a sus estudiantes: “Sí existen mecanismos pero no los adecuados porque son muy burocráticos, por ende no son fáciles de realizar, tiene una espera importante y no son muy saludables para la persona que requiere cambiarse el nombre”, señala el relato.
Burocracia universitaria y revictimización
La experiencia del joven también fue invasiva. En primera instancia se dirigió a la Dirección de Docencia a consultar cómo se podía realizar el proceso, donde por miedo a ser discriminado acudió con su madre. Allí sólo le mencionaron que debía dejar constancia de su nombre legal, su nombre social y su firma.
Sin embargo, la tranquilidad con la que dejaría su carta de solicitud duró apenas tres días, al recibir una llamada notificándole que debía asistir a hablar con un profesional cercano a Rectoría.
“Fui asustado y de manera súper prepotente él me dijo que las cosas no se hacían así como me dijeron en Docencia, que tenía que redactar una carta del porqué de mi cambio de nombre, contando mi experiencia como persona trans en el ámbito social y personal. Pero todo breve y en una plana, y así lo hice”, indica.
El hecho sucedió en 2019, en un momento en que tal y como lo menciona el joven, todos los protocolos y procesos estaban en ascuas, probándose. Tal vez así se explicaría lo burocrático de la operación, pues mientras el procedimiento se llevaba a cabo recibió varias llamadas, entre ellas la de su jefa de carrera ya que “alguien le había informado de que me iba a cambiar el nombre, y lo encontré súper invasivo”.
Pero la demora en los procesos no solo fue una situación que se dio en el inicio de la DEGyD, sino que continuó durante 2020 mientras la VOGESEX y la Mesa Interina de la casa de estudios trataban de cubrir las falencias en temáticas de género provocadas por la Dirección.
“Hemos tenido bastantes demandas por el cambio de nombre para las personas trans porque es algo que aún no se regulariza. De hecho, el proceso es súper ‘penca’, te llevan a un psicólogo y también había casos donde les llevaban a psiquiatras y les hacían preguntas incómodas, cuando solamente debería haber sido un trámite. Cuestionaban mucho a la persona”, así lo acredita Renata Jara, periodista y exintegrante de la Mesa Interina.
De hecho, Jara manifiesta que así como le sucedió en primera instancia al joven estudiante, a otras personas trans también se les cuestionaba y consultaban las razones del cambio de nombre para poder llevarlo a cabo.
Aunque tales negligencias no solo se aplicarían a la comunidad LGBTQ+ sino también a otras mujeres, donde las demandas de las mujeres no eran ni escuchadas ni respondidas y se encontraban en un bucle eterno de espera infinita. Si bien para paliar tal ineficiencia, desde la Mesa Interina enviaron comunicados, correos y hasta llegar a la instancia de funa por redes sociales debido a los casi ocho meses en que la DEGyD dejó de funcionar en pandemia, desde el órgano no se pronunciaron con quienes estaban trabajando constantemente en materias de género.
Aunque antes de la virtualidad la Dirección ya acarreaba problemas serios para con sus estudiantes; tal y como lo explica Jara: “Nosotras fuimos a entregarle un comunicado presencialmente a la secretaria donde exigimos que respondieran los correos y se juntara con la Vocalía de Género y Sexualidad porque había mucha demanda de violencia sexual, de acoso, abusos y también por el tema de cambio de nombre para las personas trans que aún no se regulariza”, pero tal instancia habría sido sólo nominal: hasta el momento la Dirección de Equidad de Género y Diversidad aún no es la respuesta efectiva para las y les estudiantes violentades de la Universidad de Concepción.
Los protocolos de la DEGyD y sus ineficientes planes de acción
El principal mecanismo que tiene la Dirección es el protocolo de actuación que comenzó a funcionar el año 2019, mismo año en que Alén Arancibia y sus compañeras asumieron como vocales en la VOGESEX.
Sus lineamientos principales son definir conductos regulares a seguir en casos denunciados de violencia de género, como también discriminación a personas en razón de su identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Sin embargo, tal protocolo es considerado insuficiente, deficiente y alejado de la realidad.
“Esto lo decimos porque en las últimas presentaciones que se hicieron de este protocolo se publicitó súper poco, llegaron muy pocas personas y cuando se exponía se hacía desde una perspectiva jurídica, en un lenguaje muy ajeno y alejado de la realidad de las y les estudiantes, y en un lenguaje poco entendible para quienes no estudiábamos derecho”, explica Arancibia.
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Tales afirmaciones son compartidas por Felipe Herrera, quien declara en su segundo eje de ineficiencia problemas relacionados con el protocolo de actuación: “Los problemas que ocurren con este protocolo es que además de que es ambiguo y poco amplio, no define específicamente cuáles son las discriminaciones que vive la población LGBTIQA+, que por ejemplo son la homofobia, transfobia, lesbofobia, entre otras, ni tampoco define las discriminaciones específicas”.
En esta línea, el integrante de la actual FEC plantea que “pese a que se ha criticado este protocolo, por parte de la Dirección no ha habido una buena respuesta en torno a esas críticas que se han materializado en petitorios. Por ejemplo, el petitorio del 2019 de la Facultad de Ciencias Sociales solicitaba a la DEGyD que realizara una definición explícita de la discriminación hacia la población LGBTIQ+ en el mencionado protocolo, solicitud que hasta el día de hoy no ha sido respondida ni trabajada”.
Con tales premisas, el protocolo se configuraría como insuficiente para suplir las necesidades existentes en temáticas de género dentro de la Universidad y ello debido, principalmente, a lo difícil que es para un testimonio constituirse en una denuncia avalada por la DEGyD.
En este sentido, Arancibia señala que “nuestras compañeras llegaban a denunciar y catalogaban a todas las instancias a las que iban como revictimizantes, no existía un ambiente de acogida y costaba mucho que un proceso se constituyera como denuncia”. Inclusive, indica que muchas veces los procesos de denuncia se iniciaban pero en la mayoría de los casos se estancaban o los sanciones simplemente se revertían, dejando en el desamparo a las compañeras denunciantes.
De hecho, tanto Arancibia como Jara testifican que había estudiantes que esperaban meses y meses una respuesta efectiva por parte de la DEGyD, quienes debían acercarse constantemente al lugar a exigir respuestas y avances inexistentes.
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“Nosotras siempre tuvimos la intención de trabajar con la Dirección pero después de un par de reuniones nos dejaron de contestar los correos, y todo lo que realizamos acogiendo denuncias, acompañando a las víctimas y derivándolas a órganos externos como ABOFEM u organizaciones de salud mental era una pega de la universidad que terminamos haciendo nosotras”, comenta Arancibia.
Es así cómo se cumpliría el tercer eje señalado por Herrera y referido a que la DEGyD no cumple -verdaderamente- el rol que debería cumplir una dirección de este tipo: un ente dialogante con sus estudiantes organizadas/es y que demuestre un interés real en ayudarles.
“Es un órgano que jamás ha abierto instancias de participación de diálogo que sean horizontales, no desde un enfoque jerárquico e institucional receptivo. Para nosotras es un órgano que más que nada entorpece todo lo que tiene que ver con la materia de género y feminismo en la UdeC, un órgano encubridor”, concluye Arancibia.
Finalmente, su mal funcionamiento no sólo habla mal de la misma Dirección, sino también de la universidad en su conjunto y sus nulas instancias de resolver las demandas de las y les estudiantes, y erradicar la violencia patriarcal de todos sus espacios. Tal y como lo comenta el joven trans: la Universidad de Concepción no se ha encargado de eliminar tales conductas de raíz:
¿Crees que existe discriminación institucional hacia estudiantes trans?
Sí, creo que existe. Lo primero es el tema del cambio de nombre, algo que debería ser tan expedito que no deberían preguntarte ni por qué ni cómo ni cuándo. Lo segundo, no respetar los pronombres o que algunos profesores o profesoras no dejan escribir con lenguaje neutro; o también el no respetar las identidades no binarias que es algo que le ha pasado a personas que conozco de cerca. Pueden existir carreras o facultades que tienen una disposición amable como debería ser, pero otras no las tienen ni tampoco la universidad se ha encargado de eliminar estas conductas de raíz, sino que se han parchado. La dirección que debería apoyarnos como comunidad trans no lo ha hecho y eso también es una muestra de discriminación.
RESUMEN intentó comunicarse reiteradamente con la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la U. de Concepción. Sin embargo no logró establecer un contacto directo tras no recibir respuesta.
