Creación de un Ministerio de la Industria Nacional, regulaciones económicas de protección a la industria nacional, la re-nacionalización de CAP y políticas de desarrollo para la industria regional, son algunas de las propuestas presentadas por un grupo de dirigentes regionales a la autoridad nacional.

Buscando apoyo y un pronunciamiento del Estado respecto de la compleja situación que enfrenta la industria regional, dirigentes de distintas empresas de la zona se reunieron con el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Mónica Aguilera, presidenta del Sindicato 1 de Trabajadores de Huachipato fue una de las participantes de este encuentro y explica que hubo buena disposición de la autoridad para escuchar sus planteamientos, por lo que esperan una respuesta positiva.

En el caso concreto de la Siderúrgica Huachipato el panorama es totalmente incierto, reconoce la dirigenta. Hace un par de semanas, la actual directiva enfrentó un proceso de censura promovido por ex dirigentes sindicales -con apoyo de la empresa- que fue rechazado en el marco de una votación de los socios del Sindicato 1.

Aguilera sostiene que ninguna intención por parte de la administración de la usina de dialogar con la organización que ella preside y mucho menos de transparentar la real situación de la empresa.

Por lo mismo, junto a dirigentes de Cemento Bío Bío, Edyce y Maestranzas Sigú, han realizado varias gestiones con el fin de dar a conocer la situación actual de la industria regional y buscar un pronunciamiento claro por parte del gobierno.

En ese marco, el pasado 5 de junio conversaron con el ministro de Economía -gracias  a una gestión de la diputada Clemira Pacheco- a quien entregaron una propuesta que apunta a establecer una política estatal de fortalecimiento de la industria nacional.

“El Estado chileno ha abandonado el objetivo de desarrollar una política industrial propia, bajo la premisa de que el "mercado" resuelva de la mejor manera los destinos de este sector clave de la economía nacional. En los hechos ha funcionado una alianza público privada operativa que ha conducido a una creciente desindustrialización, que el "mercado" no ha tenido ni tiene interés de resolver. Para el "mercado" lo prioritario está en los márgenes de utilidades”, sostienen en el documento entregado.

En ese contexto,  consideran que “la política industrial es clave como instrumento de desarrollo y consolidación de bienestar a largo plazo. En pocas palabras, una mayor relevancia del rol estatal en el desarrollo del futuro de la industria siderurgia y metalúrgica debe implementarse de modo de poder planificar los cambios productivos que deberían tener lugar. Si no es así, es más que probable que terminemos con una de más  altas tasas de postgraduados en Ingeniería y  carreras técnicas, trabajando en administración de empresas de servicios o recluidos en Universidades. Pero en lo esencial se camina a regiones devastadas socialmente por el crecimiento de la cesantía y el trabajo informal”, anticipan.


Siete propuestas

Siete son las propuestas que hicieron los dirigentes al gobierno, en la persona del Ministro de Economía.

Estas apuntan a, la creación de un Ministerio de la Industria Nacional, enfocado en realizar un catastro de la actual realidad de la industria siderúrgica metalúrgica, cementera, metalmecánica, que permita adoptar medidas de emergencia que se traduzcan en incentivos que refuercen el desarrollo de una industria manufacturera adaptada a las necesidades del mercado nacional y la competencia en el mercado latinoamericano. 

Asimismo, también piden regulaciones económicas de protección a la industria nacional, debido a que en la actualidad el “Estado chileno mantiene una fuerte orientación de subsidio a la libre importación, lo que en términos económicos resulta completamente favorable a los que productos de las multinacionales que entran a Chile”.

Una nueva mirada en la relación del estado con el sector privado. Esto implica que, en pos del fortalecimiento de la industria manufacturera, “el Estado chileno se debe orientar a privilegiar contratos de trabajos entre industrias enfocadas a la producción nacional con las empresas estatales o proyectos de obras públicas”.

Las propuestas también consideran  la re nacionalización de CAP, sin indemnización.
Los dirigentes recuerdan que la  creación de CAP fue en su momento un hito de la industrialización del país, jugando el Estado un rol determinante en la formulación del proyecto hasta su financiamiento y puesta en marcha. “Con la creación de esta industria, se trataba de aprovechar las condiciones naturales del país en la explotación del mineral del hierro. Durante toda la época en que CAP fue parte del Estado ha sido un importante factor de desarrollo industrial, social y económico del país. En la actualidad, en manos privadas, CAP representa su propia destrucción y la de otros sectores productivos en la región. La "venta" de CAP por el Estado de Chile ha representado una pérdida de facto y de perspectivas. La de facto está acreditada en el hecho de que fue "vendida" a un precio inferior al 20% de valor real. Lo de perspectivas está relacionado con los efectos posteriores de la privatización. La  pérdida de facto por el Estado chileno justifica con creces el principio de renacionalización sin derecho a indemnización”, indican.


Del mismo modo, solicitan políticas regionales de desarrollo industrial, esto principalmente porque ante el cierre de una empresa regional lo que se hace es impulsar proyectos de reconversión, “que lejos de mitigar o reorientar la mano de obra de trabajadores industriales, no hacen otra cosa que aumentar el trabajo informal y la inestabilidad laboral, con la secuela de salarios bajos. Se requiere del gobierno planes regionales de fortalecimiento de la base industrial existente”, enfatizan.

Junto con ello, debe haber políticas de energías adaptadas al fortalecimiento de la industria nacional.

“En forma recurrente se explica que el desarrollo de la empresa nacional se ve dificultada por los costos de la energía, que hacen imposible el competir en costos totales. Sin embargo, existen empresarios propietarios del sector siderúrgico que han invertido en el sector de la energía para aumentar sus utilidades. El Estado debe disponer de la energía para ayudar al fortalecimiento de la industria y no para el enriquecimiento de los grupos financieros. A partir de este punto de vista, una base de apoyo del estado chileno debería enfocarse en el rol de ENAP como empresa nacional de energía.

Y el séptimo punto se refiere a la estabilidad laboral, salarios dignos y plena libertad sindical, esto porque en la actual situación de crisis que vive el sector de la Siderurgia y la Metalurgia, “se hace imprescindible que el Estado intervenga para establecer marcos de estabilidad laboral, con salarios dignos y la existencia de plena libertad sindical. El principio de la libertad de los accionistas no puede prevalecer por encima del futuro de toda una región o de un país”, recalcan los dirigentes.


Por TBB

Fuentel: http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=8565&Itemid=100