“Nosotros ya no estamos incluidos dentro de los planes de reconstrucción, estamos sin solución” es lo que ha denunciado un grupo de damnificados de Tomé.  Para luchar por su derecho a una vivienda, se reunieron con otros afectados del sector conformando la agrupación Pro vivienda de Tomé, que al igual que ellos,  a más de dos años del terremoto aún no tienen solución habitacional, aquí nos cuentan su historia que la tele ya olvidó.

La población Villa Las Araucarias fue construida el año 1997 a través del programa PET. Viviendas que para las familias trabajadoras significaba su asentamiento definitivo, pero que ya en el invierno del 2005 producto de estar asentadas en rellenos, sus casas resultaron dañadas y dos de éstas fueron barridas por el desmoronamiento del terreno y el cerro.

Desde sus inicios la construcción de estas viviendas se vio envuelta en problemas y cuestionamientos por parte de los vecinos. Las voceras del Comité nos cuentan que en la villa se construirían 60 casas individuales, pero la empresa luego amplió a dos etapas más construyendo 211 casas pareadas, transgrediendo el proyecto que en su inicio había sido autorizado, ya que Dirección de obras municipales solo dio permisos provisorios para construir la segunda y tercera etapa, nunca se aprobó definitivamente.

Comentan además que el inconveniente no solo se manifiesta en el espacio, sino que tienen serios problemas con el alcantarillado, ya que éste último se construyó solo para recoger los desechos de 60 casas y no de 211 más la de las casas de la villa Los Boldos, producto de esto es que  cuando llueve este sumidero se sube y colapsa los baños y duchas de las viviendas.

Ante estas irregularidades, los vecinos entregaron la documentación correspondiente a la Contraloría General de la República para que investigue el actuar negligente del municipio, que a todas luces solo buscó beneficiar al negocio inmobiliario por sobre el bienestar de los vecinos.

… y después del terremoto

Producto de una construcción asentada en rellenos no aptos para viviendas, para el terremoto del 2010 los terrenos cedieron y estropearon las casas, los vecinos sufrieron diversos daños, desde los que se pueden arreglar, hasta viviendas decretadas como inhabitables. Muchas de estas familias ni siquiera han terminado de pagar sus casas, pero se ven obligadas a seguir pagando aunque su vivienda ya esté inhabitable, “porque los bancos no perdonan”, aseveran.

La batalla por vivir dignamente ha propiciado que los vecinos se movilizaran y comenzaran a exigir lo que les corresponde al municipio y al Serviu, pero la respuesta de ambas instituciones que se suponen están al servicio de la comunidad, fue solo paliativos y postergaciones. El municipio por su parte, como medida de mitigación les entregó nailon y lona para pasar el invierno; y el Serviu solo ha burocratizado la solución designando a otros responsables.

Luego de varias gestiones y presiones por parte de los vecinos, lograron que se hiciera una mecánica de suelo. El resultado fue que toda la línea de casas paralela a la línea férrea debe ser erradicada, pero luego se presentó el Serviu en el lugar y flexibilizó este resultado.

18 familias fueron erradicadas, pues sus casas se desmoronaron, supuestamente su solución habitacional será en algún departamento de Dichato, casas en Nuevo Tomé o en Coronel. Mientras 37 viviendas deben ser reparadas y 5 viviendas fueron decretadas como inhabitables, pero estas familias no tienen el documento que lo avale, por lo tanto no son beneficiarios de ningún subsidio, se les ha negado su solución habitacional. Sandra nos cuenta al respecto: “después de esto se nos dijo que el municipio tenía que otorgarnos el certificado de inhabitabilidad, certificado que nunca llegó, luego nos reunimos con el director del Serviu quien nos dijo que él nos emitiría un certificado técnico que avalaba nuestra condición, tampoco lo hizo hasta el día de hoy. Se nos negó hasta el subsidio de reparación portable, porque era hasta el 2011 por culpa de las autoridades ineficientes. Llevamos dos años del terremoto sin certificados, siendo notificados como damnificados hasta por la ficha rukan”.

Lo que exigen

“Exigimos los muros de contención y los subsidios para reparación e inhabitabilidad”, aclaran. En relación a los muros de contención, los pobladores entregaron con la ayuda de un ingeniero calculista, el proyecto para su construcción al Serviu, pero éste no ha sido considerado, ya que los fondos no han sido destinados. Para las autoridades esto no parece relevante, pero los vecinos abogan por la construcción de estos, ya que corren el riesgo de que este invierno se desmorone nuevamente el cerro y resulten afectados.

En cuanto a los damnificados que necesitan subsidios de reparación exigen 150 unidades de fomento efectivas y también que no se les aplique la Ficha de Protección Social, porque según éstos sus puntajes se han elevado, sin razón alguna, lo que los dejaría fuera del otorgamiento de beneficios. Declaran “para el gobierno somos ricos y para los bancos pobres, porque estos últimos no nos quieren dar ni un préstamo”

Las voceras de las cinco familias damnificadas que sus casas han sido decretadas como inhabitables, pero que no son consideradas en las soluciones habitacionales, señalan que primero demandan el certificado de inhabitabilidad para optar a los subsidios correspondientes. Este subsidio debe ser de 980  Unidades de Fomento, ya que “con menos no nos alcanza para acceder a una vivienda en buenas condiciones” finalizan.

Cero respuestas por parte de la autoridad Regional a marginados del proceso de Reconstrucción de Tomé.

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