Por Isabel Díaz Medina

“La espera nos está matando” es el nombre de la campaña para evidenciar la crisis de la salud en Chile, que se expresa en el drama de miles de personas que aguardan durante años atención médica, tratamientos y/o una cirugía en el sistema público. La excesiva demora genera un empeoramiento en la salud y en muchos casos la muerte. Según el Ministerio de Salud, entre 2010 y 2015 fallecieron 57.551 personas esperando consulta con un médico especialista y 10.083 una cirugía.

Las “listas de espera” son el resultado del desmantelamiento del sector salud bajo la lógica del Estado subsidiario y neoliberal. A esto se suma la elevada demanda de servicios de salud de la población, dada la carga de enfermedades derivadas de inequidades sociales, económicas y sanitarias.

“LISTAS DE ESPERA VERGÜENZA NACIONAL, HAY PLATA PARA COIMAS Y NO PARA SANAR”

La marcha que dio inicio oficial a la campaña “La espera nos está matando”, el 19 de mayo pasado, reunió a organizaciones de usuarios, agrupaciones de enfermos, estudiantes de medicina de la Universidad de Chile y trabajadores de los gremios de la salud. Durante la protesta, que partió desde el Hospital San José, ingresó al Instituto Nacional del Cáncer y concluyó con un recorrido por el interior del recinto hospitalario, Nancy Donoso (51 años) sostuvo con una mano el lienzo con la consigna y con la otra un bastón para disminuir en algo el dolor e inseguridad al caminar.

Hace ocho años ella se encuentra en lista de espera en el Hospital San José para una cirugía en el tobillo izquierdo, afectado por artritis reumatoidea y artrosis. Ambas patologías se encuentran en el Auge-Ges (Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud), con tratamientos farmacológico y kinésico.

La artritis reumatoidea es una enfermedad articular inflamatoria crónica que puede evolucionar hacia la destrucción y deformidad articular, causando grados variables de discapacidad. Más del 60 por ciento de los pacientes que la padecen tienen una evolución clínica de deterioro progresivo y terminan requiriendo intervención quirúrgica.

Pese a estos antecedentes, las enfermedades asociadas y las cirugías no están incluidas en el plan Auge-Ges. Lo mismo sucede con la artrosis. De todos modos, nada asegura que se cumplan las garantías respecto de los plazos establecidos por la ley. Así lo ha reconocido el gobierno. La Superintendencia de Salud fiscalizó 19.605 garantías atrasadas a abril de 2016, aplicando un criterio de gravedad. De éstas, 7.084 implican riesgo vital o daño irreparable, como cáncer o retinopatía diabética.

La espera de Nancy Donoso no solo ha empeorado el daño en su tobillo, comprometiendo dedos y talón, sino también la aparición de otras patologías asociadas. Consume diariamente un cóctel de calmantes. Tiene inflamación y rigidez en varias partes del cuerpo. “Es mucho el dolor, le hago el quite al pie y eso me está afectando la cadera. Mi mano tiene poca movilidad y mi cuello está muy rígido. Por esto último me derivaron a terapia ocupacional, pero todavía estoy esperando que me llamen del hospital”.

Nancy se trasladó desde Chiloé a Santiago porque en la isla le dijeron que no existían los implementos para una operación y que en la capital tendría mejor suerte.

En 2005 la operaron del tobillo derecho. Entonces ya el izquierdo estaba complicado. “No estoy bien. Es una angustia terrible, los días pasan y no hay solución. Cuatro médicos del Hospital San José me han alertado de la urgencia de operar”. Nancy dejó de ser “paciente”, y con el dolor a cuestas encabezó la marcha entre los gritos “Listas de espera vergüenza nacional, hay plata para coimas y no para sanar”.

CINCO CHILENOS MUEREN CADA 24 HORAS ESPERANDO UNA CIRUGÍA

Junto a Nancy Donoso, marchó Ingrid González (48 años), quien sostuvo el cartel “Cinco chilenos mueren cada 24 horas esperando una cirugía”. Una alarmante cifra del propio Minsal dada a conocer este año.

Al igual que Nancy, padece artritis reumatoidea, además de lupus. “La artritis me ha generado daño en otros órganos. El cuerpo por error ataca el tejido sano. Si a esto le sumamos la demora en atención y tratamiento oportuno, el daño puede ser irreparable”.

De los pacientes que tienen trabajo remunerado al inicio del diagnóstico, 10% deja de trabajar en el primer año de la enfermedad y el 50% está incapacitado después de diez años.

Ingrid González lucha todos los días por revertir ese diagnóstico. Es la presidenta de la Agrupación de Usuarios del Hospital San José. Conoce de cerca las falencias del sistema público y en particular de ese recinto. Falta de medicamentos y de médicos especialistas y deficiencias en infraestructura con pocos pabellones y escasa disponibilidad de camas son los problemas más evidentes, dice. “El hospital cuenta con un médico radiólogo, quien además trabaja en otros centros asistenciales de la zona norte, por lo que los informes de ecografías, scanner o resonancia tardan hasta dos meses. No están dando hora para estos exámenes, ni siquiera para los pacientes que los necesitan de manera urgente”.

Ingrid advierte que la campaña impulsada por la agrupación que preside, junto al Movimiento Salud Para Todos/as, y asociaciones de pacientes oncológicos y de enfermos con hepatitis C, entre otras organizaciones, no demanda soluciones parciales. Apunta a cambiar el modelo de salud capitalista impuesto durante el régimen militar y profundizado por los gobiernos post dictadura. “El problema de las listas de espera no puede solucionarse con el actual modelo que promueve la mercantilización de la salud. No solo porque no tiene la capacidad de hacerlo, sino porque las listas de espera constituyen un negocio para los privados y las sociedades médicas que lucran en los hospitales”.

LA LUCHA POR VIVIR

Marcelo Soto (50 años), a quien diagnosticaron hace cuatro años hepatitis C, también participa de las acciones de protesta por cambiar el modelo de salud. “El primer tratamiento convencional falló, quedé con una hipertensión portal de por vida y un problema grave de várices al esófago. Es la realidad de muchos pacientes”.

Al igual que Nancy, Marcelo Soto se trasladó a Santiago en busca de mejor atención médica. Tuvo que dejar a su familia en Iquique y vive allegado en casa de su hermana. Dice que el sistema público de salud en provincia es más precario que en la capital. “El hospital base de Iquique cuenta con un gastroenterólogo, no tiene epidemiólogo, ni hepatólogo, especialista que trata esta enfermedad”.

En 2014 formaron la Agrupación de Enfermos de Hepatitis C para luchar por el acceso al nuevo tratamiento de antivirales, que tiene la característica de sanar. “El conocimiento científico y el avance tecnológico han logrado la cura de la hepatitis C, pero eso que debería ser alegría para toda la gente, es motivo de tristeza porque resulta imposible acceder al tratamiento para el bolsillo de una familia trabajadora. El costo supera los 30 millones de pesos”. El gobierno mantiene un tratamiento paliativo, considerado por los especialistas como obsoleto. Se basa en interferón y ribavirina con una efectividad de un 30 a 40%. Según Marcelo Soto, este tratamiento tiene efectos secundarios tóxicos similares a los del cáncer.

Para el Minsal adquirir el nuevo tratamiento no implica un gasto adicional. “No entendemos esta locura de seguir manteniendo un tratamiento que es dañino, y genera efectos secundarios a los pacientes. La autoridad ha olvidado que detrás de su burocracia existen personas que están sufriendo y están muriendo. La incompetencia, la ceguera y la pérdida absoluta del sentido de urgencia los lleva a actuar de una forma burocrática inaceptable”.

En Marcelo Soto es notoria la pérdida de peso producto de la enfermedad. “La hepatitis C es una enfermedad silenciosa, traicionera, pueden pasar 20 a 30 años sin que tenga efectos visibles, pero cuando se declara el daño hepático es tremendo. En poco tiempo el deterioro es evidente”.

La movilización de la agrupación permitió que el Minsal adquiriera 50 de los nuevos tratamientos por medio del mecanismo del auxilio extraordinario, para pacientes que se atienden en hospitales de Santiago. Hoy Marcelo recibe atención en el Hospital San Borja-Arriarán. Es uno de los 50 beneficiados con el tratamiento.

La lucha de la agrupación no cesa, pues son 500 los enfermos de hepatitis C a nivel nacional que necesitan con urgencia ese tratamiento. La hepatitis C está subdiagnosticada. Se estima que apenas 10% de los afectados por esta enfermedad sabe que la padece.

A la marcha también se sumó la Agrupación de Pacientes Oncológicos, “Esperanza de Vida Quilicura”. Su presidenta, Maritza Gutiérrez, lideró las movilizaciones de mujeres con cáncer de mama en 2012 por falta de una política pública y de cobertura para enfrentar la enfermedad. “Depositamos en las puertas de La Moneda nuestros sostenes como un gesto simbólico, representando la urgencia del acceso a los medicamentos. Nos estamos organizando, porque somos hermanos en el dolor. Luchamos por seguir viviendo”, afirma Maritza.

“Las mujeres necesitaban 4 millones cada 21 días, la quimioterapia no estaba contemplada en el Plan Auge. Cuando logramos el ingreso del cáncer de mama al Ges, ya fue tarde para muchas de ellas”. Hoy la situación sigue preocupando. Maritza Gutiérrez asegura que “el Instituto Nacional del Cáncer no da abasto. Los pacientes oncológicos también están en listas de espera. Cuando acceden a tratamiento, el cáncer ha avanzado y tienen otros órganos comprometidos”.

En su caso, el cáncer está controlado, pero la derivaron al Hospital San José por la aparición de patologías asociadas. Está en lista de espera para una operación de hernia en la columna, pero la respuesta del hospital a la tardanza es la falta de especialista y de pabellón. Además requiere tratamiento de artrosis que afecta sus rodillas.

UNIDAD EN LA LUCHA

Como parte de la campaña “La espera nos está matando”, se han efectuado varias movilizaciones. Desde una “funa” a la cuenta pública del director del Hospital San José, Dr. José Miguel Puccio, médico de la presidenta Michelle Bachelet, hasta la ocupación del Ministerio de Salud, donde el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, fue increpado por los manifestantes exigiéndole solucionar la crisis del sector. Luego de unas horas de iniciada la ocupación, Puccio y el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Alfonso Jorquera, llegaron hasta las oficinas del Minsal, a petición de las autoridades de la cartera, para calmar la protesta ante la insistencia de los manifestantes de ser recibidos por la ministra Carmen Castillo.

“En la acción del Minsal no fueron los dirigentes de las organizaciones los portavoces de las demandas ante las autoridades, como se acostumbra, mientras el resto espera en la vereda del frente. Las organizaciones de usuarios, junto a estudiantes y trabajadores ingresamos juntos. El movimiento que aglutina esta campaña ha dado un salto, al contemplar la unidad en la lucha”, dice uno de los dirigentes.

Para la Agrupación de Usuarios del Hospital San José, la crisis del sistema de salud en Chile tiene connotación de catástrofe nacional, lo que amerita inyectar recursos mediante el 2% constitucional. “El modelo de salud es sólo la expresión de la desigualdad social y económica en que los pobres y el pueblo trabajador padecen precarias condiciones laborales, sin derecho a salud, sin educación gratuita, sin viviendas dignas, con un sistema previsional miserable con las AFP, mientras el bloque en el poder y los poderosos tiene una salud para ricos, a costa de la explotación de la mayoría nacional”, señala la agrupación.