Ecuador se apresta a aprobar o rechazar la Ley de Comunicaciones, que será votada este miércoles 11 en la Asamblea Nacional. Más o menos como hizo en 2009 la presidenta Cristina Fernández con los medios radio-eléctricos de Argentina mediante la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el presidente Rafael Correa se propone democratizar los medios mediante una redistribución equitativa de las frecuencias de

radio y televisión, asignando 33% para el sector público, 33% al sector privado y 34% para el sector comunitario.

La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 por el 63% del electorado, garantiza como mandato de la carta magna que “sin democratización de la comunicación no hay democracia”, haciendo suya una antigua bandera de las luchas sociales. Y esta Ley de Comunicación por aprobarse en la Asamblea Nacional precisamente aterrizaría en la realidad ese mandato constitucional.

La nueva legislación, por lo tanto, es un orden de la Constitución vigente que en su artículo 1° transitorio fijó también plazos perentorios para su aprobación. Por añadidura, en una consulta popular realizada en mayo 2011 el país insistió en la aprobación de esta ley que ha sido diferida sistemáticamente por la derecha ecuatoriana y sus legisladores.

La iniciativa del presidente Rafael Correa, que modifica una legislación de 1975, ha sido duramente resistida por las grandes empresas periodísticas del Ecuador, América Latina y España, incluido también un segmento de periodistas que se identifica mejor con sus empleadores. También hay numerosos hombres de prensa e intelectuales que apoyan la iniciativa en Ecuador y en la región.

La oposición a esta ley reguladora de los medios levanta la vieja falacia de la “libertad de información” como privilegio exclusivo de los grandes grupos económicos, usando aquel antiguo lenguaje que busca confundir en las mentes de los ciudadanos el concepto de “libertad de empresa” con el principio de “libertad de imprenta” o “libertad de prensa”.

En el fondo, la ley es resistida por la derecha local y latinoamericana porque, igual como ocurrió en Argentina, perjudica a los monopolios de la información, fomenta la producción nacional de ratio y TV, promueve la comunicación intercultural y plurinacional, a la vez que garantiza la plena libertad de expresión e información, entre otros avances relevantes para el contexto latinoamericano. En la consulta popular de mayo 2011 casi 4 millones de votantes insistieron en la aprobación de esta ley (3.880.000 electores). El proyecto de ley de 109 páginas puede leerse completo en:

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/articulado-final-ley-comunicacion-04-04-2012.pdf

La Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad se sumó a expresar su “más amplio apoyo a este proyecto que ciudadaniza el espectro radioeléctrico ecuatoriano”. Por el momento, han adherido: en Alemania: Ulrich Brand, Ricarda Schlilttgen: Argentina, José Seoane; Brasil, Elder Andrade de Paula; Canadá: Marta Harnecker, Gerardo Otero, Minerva Gutierrez; Cuba: Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), Fabio Grobart; Guatemala: Simona Yagenova; México: Ana Esther Ceceña, Ángel Guerra Cabrera, Carlos Fazio, Jose Steinsleger, Oscar Ugarteche, Josefina Morales, Miguel Socolovsky, Mirabel Mejía, Nayar López Castellanos, Catalina Eibenschutz, Aldo Rabiela, Rebeca Peralta Mariñelarena; Nicaragua: Aldo Díaz Lacayo; Perú: Javier Diez Canseco; Venezuela: Luis Britto, Humberto Mata, Paulino Núñez. Las adhesiones pueden enviarse a [email protected].

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.