La catástrofe sanitaria y crisis humanitaria que afecta por estos días a nuestro país son producto y consecuencia de la errada gestión y equivocado manejo del gobierno ante la epidemia del coronavirus. El inminente colapso del sistema de salud y la reiteración de errores por parte de quienes llevan el timón nos mantiene a la deriva y sin un claro rumbo ante la pandemia.
Las cifras son decidoras y revelan el fracaso de una errada política gobernante que nunca ha querido poner atajo a la pandemia sino solo gerenciar su evolución, viendo el modo de sacar provecho de las posibilidades de mercado que se presentan en estas situaciones, lo que en la práctica ha llevado al aumento exponencial de contagios, al aumento progresivo de víctimas fatales y a la masificación de severas consecuencias sociales, del todo previsibles dadas las extremas condiciones de desigualdad y segregación que existen en el país y que este gobierno ha aumentado y profundizado.
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No es un dato menor que Chile se ubique entre los 16 países que registran más contagios en el planeta y entre los 4 con mayor número en Latinoamérica, con el agravante que en este subcontinente somos el país que tiene la mayor tasa de contagios por número de habitantes, con 3.839 casos por millón, aun por sobre el desastre de Brasil (ocasionado por el irracional Bolsonaro), lo que nos sitúa en el grupo de países que peores manejos y nefastas consecuencias han debido lamentar por efecto de este pandemia. Estamos peor que Italia que era la referencia que usaba Piñera para afirmar que no llegaríamos a esos niveles de casos.
Sin embargo, siguen repitiéndose los mismos errores del comienzo de la epidemia en Chile. La pandemia del SARS-CoV-2 se ha expandido por las comunas y barrios populares de la región metropolitana como era presumible que iba a ocurrir si el gobierno no aplicaba medidas oportunas y efectivas destinadas a impedir la propagación del virus. Desde la capital el virus se está propagando a las provincias de modo inevitable debido a la ausencia de un efectivo confinamiento y aislamiento de los focos de contagio. Desastre que se profundiza aún más pues los cordones y las aduanas sanitarias en torno a esa región son una verdadera farsa, cualquiera pasa, entra o sale, porque no existe ningún rigor en los controles. Pareciera ser que la intención es que el virus se propague hacia provincias y ciudades fuera de la región metropolitana y no de impedir que eso ocurra. Las cuarentenas en la capital se han convertido en un verdadero fiasco pues no rige una política de confinamiento real de las personas.
No es más que la reiteración de los mismos errores que cometió el Minsal y el gobierno respecto de las fronteras internacionales y la circulación de personas en situación y condición de riesgo que arribaban al país, y que en definitiva fueron quienes trajeron y desparramaron el virus provocando diversos focos en el territorio. Focos que, además, fueron mal controlados y tratados con liviandad por las entidades encargadas del manejo de la epidemia.
No obstante, haciendo gala de su acostumbrada desfachatez y falta de escrúpulos, el gobierno insiste en su política de manejo controlado de la propagación que en Chile está destinado al fracaso desde un comienzo pues no es aplicable a un territorio con los extremos niveles de segregación, de desigualdad, de inequidades que se expresan en las condiciones de vida de la población, en los accesos a la salud, en las realidades habitacionales, en las limitaciones laborales, en el acceso a servicios, en la limitada capacidad de auxilio del Estado, que afecta sin piedad a los llamados sectores vulnerables; “sectores vulnerables” no es más que el eufemismo que nos hemos acostumbrado a utilizar para no reconocer que hablamos de miseria, de pobreza extrema, de los postergados del sistema, los marginados del modelo, los miserables del país oasis. Esta realidad miserable es la que subyace y posibilita la explosiva propagación de la enfermedad por los sectores populares.
Ahora, con la crisis sanitaria ya desatada y con las cifras de contagios contadas en decenas de miles (69.102 al día de hoy), los gobernantes encubren su descalabro diciendo que están aprendiendo, que hay que ir innovando sobre la marcha, que nadie es experto en el manejo de pandemias. Sin embargo, durante más de dos meses el señor Piñera estuvo repitiendo hasta la saciedad que su gobierno tenía todo resuelto, todo controlado, todo bajo control, que el país tenía que estar unido y tranquilo, incentivando con su perorata el relajamiento de las medidas preventivas por parte de la población y, por supuesto, a la reactivación del mercado ¿A qué se refería con la preparación a que hacía referencia? ¿A la renovación del equipamiento de las fuerzas represivas? ¿A la preparación de las unidades policiales para reprimir a la población? Porque a todas luces eso es lo único que ha tenido listo, equipado y preparado este gobierno, lo que parece indicar que sus prioridades no han estado puestas en las necesidades del sistema de salud ni en los requerimientos técnicos para abordar el combate a la pandemia. Entonces ¿en qué consistían los planes y qué exactamente tenía preparado el gobierno de Piñera? A juzgar por los resultados que estamos constatando diariamente, no era crear condiciones mejores para enfrentar la llegada del virus ni evitar su propagación.
¿O se refería a los chanchullos legales, ayudas a poderosos millonarios, decretos y leyes orientados a proteger y beneficiar al gran empresariado, a profundizar en la arquitectura abusadora del modelo económico, o a incrementar las atribuciones represoras de los gobiernos? Porque eso también lo ha hecho a la perfección ¿O se refería a la intención de someter la rebelión popular iniciada en octubre y controlar al pueblo mediante la propagación del coronavirus y sus consecuencias?
Lo cierto es que el manejo de la crisis sanitaria ha sido desastroso por parte de Piñera, Mañalich y su equipo. Aparte de los desaciertos ya conocidos y evidentes de la falta de insumos, equipamientos y personal en el sistema público de salud, en más de dos meses no han tenido ninguna disposición real de someter a las clínicas, centros médicos y hospitales privados, particularmente de la capital, para integrarlos efectivamente al sistema de salud y de emergencia nacional de contención de la pandemia; menos aún han sido capaces de integrar a aquellos centros de salud dependientes de las fuerzas armadas y policiales, los que parecen disfrutar del exclusivo privilegio de los intocables. Recién cuando la crisis ya está desatada, cuando la saturación del sistema público de urgencia es agobiante y cuando el colapso del sistema público hospitalario es irremediable, recién entonces, las autoridades se ocupan de pedirles casi por favor a las clínicas privadas y recintos hospitalarios de las instituciones armadas que habiliten más camas críticas y pongan a disposición cupos para recibir ingresos desde otros centros públicos. Recién ahora. ¿Acaso no pudieron hacer esas exigencias en los meses previos de “preparación” a que aludía Piñera? ¿Para qué sirven los omnipoderes de que se ha dotado este presidente producto del estado de excepción constitucional o “estado de catástrofe” si no los utiliza en beneficio de la salud de la población, si cuando algo puede afectar los privilegios de los poderosos intereses privados y uniformados todo lo tiene que pedir por favor?
En cambio, sí ha utilizado sin remilgos, y con un inusitado despliegue comunicacional, los recursos del Estado para hacer traslados de enfermos a hospitales públicos fuera de la capital, con el riesgo implícito de propagación de la enfermedad que ello conlleva, en lugar de exigir y disponer del uso de los centros privados o de los hospitales militares de Santiago (que también son técnicamente del Estado, pero provistos de una arbitraria inmunidad). Otro signo más de la odiosa segregación y disparidad de este modelo, por si hiciera falta algún ejemplo más. ¿O acaso los enfermos que ocupan los centros públicos no tienen la alcurnia necesaria para llegar a ocupar espacios en los centros hospitalarios privados? No sería nada de extraño que el factor determinante en la destinación de los enfermos sea el origen social del paciente, entre otras mezquindades.
Los errores y fracaso de los gobernantes en el control de la crisis sanitaria no son consecuencia ni del virus ni de un mal manejo comunicacional, como ciertos maquilladores habituales han pretendido minimizar, sino de un mal manejo estratégico, de erradas definiciones globales y limitados objetivos específicos, cuestiones que han sido señaladas en reiteradas oportunidades por científicos, epidemiólogos y médicos, pero negadas o desoídas en todas las oportunidades por el gobierno y el Minsal. Es la población chilena la que sufre las consecuencias de estos desatinos y las autoridades, como siempre, no solo eluden sus responsabilidades sino que tienden a culpar a la propia población de sus fracasos y pretendiendo, además, que ésta asuma resignada pagar todos los costos de una crisis provocada por unos gobernantes ineptos.
La incompetencia para establecer medidas serias y efectivas tiene su origen en la necesidad del gobierno y de la derecha gobernante de conservar a toda costa los pilares del modelo de dominación y en mantener satisfechos los requerimientos del gran empresariado, pues ésa ha sido la prioridad en la definición de las medidas gubernamentales adoptadas en esta crisis. La aplicación de medidas efectivas de contención de la pandemia lleva necesariamente aparejado que el Estado brinde la prestación de una asistencia material oportuna y la resolución de las necesidades básicas de la población, y eso ni el gobierno ni la derecha están en disposición de resolverlo, pues atenta contra el principio neoliberal en cuanto a que es el mercado, y no el Estado, quien debe regular la vida de las personas.
Esta es la razón de porqué este gobierno se niega a la necesidad de establecer un salario de emergencia real para los trabajadores y trabajadoras, para los adultos mayores y jubiladas, para las precarizadas y marginados; explica que este gobierno sea incapaz de establecer un límite al alza desproporcionada de los precios de los productos alimenticios y de primera necesidad; explica el que sea incapaz de poner un límite a los valores y decretar el no pago de los servicios básicos para la vida de la población. Incluso explica el hecho de que prefiera usar el otorgamiento de cajas con alimentos, surtidas por poderosas cadenas comerciales ligadas al gran empresariado, en lugar de entregar un salario digno o ayuda económica directa a la población para que resuelva sus necesidades básicas por compra directa en el barrio.
La preservación de su modelo es la causal ideológica que predomina en la determinación de medidas por parte de este gobierno, tanto para esta emergencia como para cualquier aspecto de la sociedad chilena. En la lógica de los gobernantes, el Estado no debe tener ningún rol determinante en la economía ni en la sociedad, y queda reducido a la asignación de bonos que a su vez sirven de método de subordinación como masa cautiva de los sectores de la población que eventualmente puedan resultar beneficiados con algún paliativo de este carácter.
Sin embargo, esta misma crisis sanitaria y humanitaria ha servido para verificar la necesidad del rol esencial que el Estado debe jugar en el desarrollo de la sociedad y en la preservación de la vida de sus ciudadanos. Así lo han constatado y expresado diversos líderes de países que han sido severamente afectados por la existencia de modelos económicos y políticos que no están en condiciones de resolver las urgentes demandas sanitarias que les impuso esta crisis, precisamente porque su estructura no estaba diseñada ni orientada en función de proteger a la población en situación alguna. Son sistemas que solo defienden intereses de un pequeño grupo de grandes empresarios, que se aprovechan de un modelo hecho a su medida, que solo acarrean destrucción y muerte.
El más grotesco dentro de estos nefastos sistemas es el que aún tenemos en Chile. Pero aun en plena pandemia, la población chilena ya ha dado claros mensajes que sigue vigente y latente la lucha por lograr las transformaciones de fondo que reclama una ciudadanía mayoritaria, harta de abusos y atropellos. Ni el virus ni las afiebradas campañas publicitarias del gobierno han logrado confinar la protesta ni eliminar el espíritu de rebelión asentado desde octubre. Así quedó manifiesto el lunes pasado con la reacción popular ante los burlescos anuncios de ayuda realizados por el presidente Piñera, a la par de insistir en su discurso apocalíptico para pregonar la reactivación del mercado. La dura realidad está demostrando que sólo el pueblo puede ayudar al pueblo, ayudarse a sí mismo y tratar de corregir con su práctica el curso de esta crisis.
De modo que no tiene mucho sentido que el gobierno siga malgastando los recursos del fisco en campañas mediáticas que ya casi producen más daño en la población que los efectos del propio virus y más saturación que la propia enfermedad. Es un absurdo, además, que reclamen falta de confianza por parte de la ciudadanía y, al mismo tiempo, sigan mintiendo, faltando a la verdad o haciendo proclamas con demasiada letra chica. Así ocurre con la mentada ayuda de canastas básicas que Piñera anuncia con bombos y platillos y sin ningún desparpajo como beneficio para el 70% de la población, en circunstancias que el beneficiario de este “nuevo bono” sería sólo un sector del 40% de la población más vulnerable (y no de todo el país). Lo mismo puede decirse del circo en que convierten los traslados de enfermos a otras ciudades, se supone motivados por una urgencia médica que es ignorada totalmente para dar paso al despliegue de alocuciones sin otro sentido que sacar utilidad publicitaria del hecho. Estos no son errores comunicacionales ni malas matemáticas sino que un deliberado propósito de manipulación mediática con fines mezquinos de mejorar la imagen cada vez más desacreditada del gobernante y su séquito, que no sabe como endilgar un timón a la deriva.
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