La crisis sanitaria y humanitaria que ha significado para Chile la pandemia del coronavirus no tiene visos de superarse. No sólo por efecto de la ausencia aún de vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2, problema que afecta a toda la humanidad, sino por efecto de la incapacidad endémica de este gobierno de aportar soluciones y medidas eficaces para hacer frente a las calamidades que provoca esta crisis.
De una parte, la pandemia ha venido a despojar de toda máscara y quitar toda sombra a lo que ya había desnudado el Estallido Social iniciado en octubre: la inequidad estructural del sistema de dominación, del modelo económico y político que nos rige. Sistema y modelo que están sustentados en la ignominiosa constitución del 80 y sostenidos por un implacable cuerpo de leyes y estructuras que dejó amarrada la dictadura y que han sido profundizadas y mejoradas por todos los gobiernos de la postdictadura.
De otra parte, el actual gobierno de Piñera y la derecha política-empresarial, no tienen la voluntad de impedir que la pandemia cause estragos en la salud y la vida de la ciudadanía sino por el contrario, han utilizado esta emergencia sanitaria con el interés de sacarle el mayor provecho político –que les sea posible- y lograr la mejor rentabilidad económica que puedan imponer, con total prescindencia de los costos humanos que esa actitud pueda acarrear para la población.
Ambas realidades son las que cruzan la situación actual del país y han prolongado la grave condición sanitaria de la población afectada por la enfermedad COVID-19. En ese escenario, la fracción gobernante no ha escatimado esfuerzos para instrumentalizar políticamente la pandemia. Con el arribo del coronavirus al país, el gobierno y la derecha lo vio como un momento y oportunidad propicia para someter la rebelión popular que se desarrollaba desde el 18 de octubre; la propagación de la enfermedad les sirvió como herramienta de represalia sobre los sectores sociales y populares que se encontraban movilizados contra el gobierno y contra el sistema. En función de ese objetivo, el gobierno de Piñera elaboró su estrategia de enfrentamiento del virus; ésta consistió en un modelo de contención basado en el monitoreo de la expansión de los contagios y en el control de los daños que causara.
Nunca se propuso una estrategia de prevención y de limitar la propagación sino sólo de impedir que afectase a los centros de poder; no hubo intento por controlar la trazabilidad de los contagios y cercar los focos que se produjesen. Aún hoy la trazabilidad sigue siendo una cuestión no asumida ni resuelta. El fracaso rotundo de este modelo de gestión sanitaria no ha sido del todo remediado ni ha dejado de hacer sentir sus nefastos efectos, por más que el gobierno se empeñe en tratar de ocultar o disimular el desastre con una mediática manipulación de cifras, al punto que los informes oficiales del Minsal han perdido total credibilidad en la población, aumentando con ello la sensación de incertidumbre social y de caos gobernante.
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La fracasada estrategia de contención fue acompañada, de modo irrefrenable, por la necesidad estructural del modelo de mantener activa la economía del país a todo evento y sólo reducir la actividad en aquellos sectores donde eventualmente fuera necesario para el control de daños. Lo cierto es que la mayor parte de las actividades productivas no han dejado de desarrollarse convirtiéndose esta decisión gobernante en el principal factor de propagación de la enfermedad dada la intensidad de los traslados y de desplazamientos de la masa laborante y las aglomeraciones de las mismas en los lugares de trabajo; ambas situaciones, además, se producen en un contexto de inexistentes o precarias medidas de seguridad y de prevención de contagios.
La defensa de su sistema y la protección de su modelo ha sido el motor que determina las decisiones gubernamentales en el curso de esta crisis. Ello se ha expresado no sólo en la mantención de la actividad económica sino en todas y cada una de las medidas adoptadas por iniciativa del gobierno, incluso en aquellas medidas que debió adoptar producto de la presión ciudadana, en su actuar siempre ha estado presente el resguardo de sus intereses primordiales. Los publicitados planes de ayuda para la población que cíclicamente ha anunciado el gobierno, no han sido más que sucesivos estímulos económicos para el gran empresariado, sea de manera directa mediante la asignación de recursos del Estado, sea de manera indirecta mediante la fórmula del crédito y del endeudamiento forzado en que se convierten las “ayudas” para aquellos que no son parte del bloque de poderosos empresarios.
Las ayudas para la población han consistido en bonos de dudosa recepción y de cajas de alimentos que han servido para llevar al terreno social la propaganda política de la fracción gobernante, explotando así otra arista de utilización de la pandemia. En la realidad cotidiana de la población se ha hecho notar más el comportamiento del gobierno por lo que no ha hecho o se ha negado a hacer en beneficio del pueblo, que por lo que ha hecho. Lo del sueldo básico solidario, la fijación de precios, los cobros de tarifas de servicios básicos, el postnatal de emergencia, el retiro de los fondos de afp, son algunas de las más notorias expresiones pro patronales del gobernante.
Este distanciamiento entre el gobierno y su política empresarial, por una parte, y la ciudadanía del país real y sus necesidades, por otra, ha ido generando una progresiva incomodidad entre Piñera y su gabinete con los integrantes de la alianza gobernante; pese al silencio y quietud colaboracionista que durante meses ha caracterizado a la oposición institucionalizada, para el mandatario ha sido difícil controlar las quejas que surgen desde su propio sector, sumado a los desaforados afanes de figuración de sus adherentes.
Desde los primeros meses de pandemia el gobierno ha debido enfrentar situaciones de incomodidad con alcaldes, personeros y autoridades comunales pertenecientes a la facción en el poder. El distanciamiento práctico y moral entre la cúpula del poder y la sociedad mayoritaria ha llevado a que los actores políticos más cercanos al pueblo pobre y carenciado, tengan que exigir del gobierno respuestas concretas y oportunas, cosa que no ha ocurrido sino hasta después de confrontar disputas públicas y diversas formas de presión. Aun así sólo han conseguido respuestas atrasadas, parciales e insuficientes; todo ello ha tensionado el clima de relaciones entre los actores políticos de la alianza gobernante.
El bloqueo y anuncio de veto presidencial de la ley que impide a las empresas el corte de los servicios básicos en pandemia (ni siquiera de no cobro, sino de corte por no pago), así como el bloqueo y anuncio de veto de la ley del postnatal de emergencia, tensionaron las relaciones al interior del conglomerado derechista y agotaron las reservas del elástico en que se mueven las posiciones oficialistas, naturalmente tensadas por la contradicción entre el populismo electoralista y la defensa ideológica y dogmática de los valores y pilares del sistema. Sin embargo, ha sido la discusión en torno al retiro desde las AFP del 10% de los fondos previsionales de los cotizantes lo que ha llevado la situación interna del bloque dominante a un resquebrajamiento de cierta significación.
La defensa ciega del gobierno y de la derecha empresarial acerca de la intocabilidad de las AFP, generó un distanciamiento entre la postura oficial del gobierno y los parlamentarios que, en el marco de esta demanda específica, sintonizan más con la demanda social de los afiliados cotizantes. Esta misma defensa ciega refleja lo trascendental que es para el bloque en el poder que no sean tocados los pilares en que se sostiene el modelo de dominación en que ellos reinan. El sistema previsional chileno es un traje hecho a la medida de los intereses del gran empresariado, diseñado en dictadura por José Piñera, el maquiavélico hermano del actual presidente, y del cual han usufructuado para saquear los ahorros de los cotizantes. Esta pandemia y la demanda de usar una ínfima parte de sus ahorros por los cotizantes ha puesto en crisis al conjunto del sistema; los legítimos dueños de esos dineros – los trabajadores y trabajadoras cotizantes – son impedidos de usar sus propios dineros en esta situación de emergencia, esta aberración legal es lo que gatilla esta crisis interna de los gobernantes.
Los dueños de las AFP, los controladores y dueños del mercado (CPC), el gobierno que los representa, los defensores ideológicos de los engendros construidos en dictadura, han puesto el grito en el cielo por los intentos legislativos de dar curso al uso del 10% de esos fondos previsionales. No se trata sólo de que se han apropiado indebidamente de los fondos previsionales de los cotizantes, se trata de que para los poderosos ese es un botín del que no quieren soltar prenda; se han robado, han saqueado el dinero y no aceptan que las víctimas del robo pretendan reclamar siquiera parte de ese botín.
Los poderosos han convertido en trofeo de guerra el sistema de AFPs; para ellos es un baluarte de identidad ideológica del modelo neoliberal, del libre mercado, del saqueo legalizado, del robo descarado, de la explotación institucionalizada. Eso es lo que defiende Piñera y la derecha más recalcitrante. Así también, todos los aspectos sociales de esta pandemia que en algo puedan afectar o causar molestia a los gendarmes ideológicos del sistema han sido bloqueados o anuncian serlo por los gobernantes; se trate de post natal, del negocio de la Isapres, del negocio de las AFP, de la fijación de precios, de limitar las libertades de explotación y de abuso de los poderosos, allí estará Piñera y sus adictos protegiendo los pilares de sustentación de un modelo moribundo.
Además, el gobierno ya no cuenta con la autonegación de la oposición formal; estas mismas contradicciones que ha tenido con sus partidarios, ha echado por tierra la adhesión sumisa y gratuita que le había estado brindando esa, pese a las patéticas pataletas pro empresariales que han tenido algunos congresistas y representantes de la vieja, descompuesta y corrupta Concertación. Al parecer, estos desacreditados representantes del concertacionismo y exponentes del descrédito de la política, siguen dando muestra que, para ellos, es más importante proteger la billetera de los financistas de campañas electorales que cumplir con la obligación social que supone una representación legislativa. Otra vergüenza más de esta también moribunda clase política institucionalizada.
Así como Piñera y su gobierno, movidos por el afán de hacer una enfermiza defensa de los intereses ideológicos y económicos de los poderosos, estiraron demasiado el elástico de lo posible entre sus propios adeptos, así también, están abusando del abuso y estirando demasiado el elástico de la tolerancia y capacidad de cautela de la mayoría ciudadana. Por ahora, la situación de crisis sanitaria y humanitaria del mundo popular, y su circunstancial repliegue, es lo que permite que los representantes de la derecha se den el espacio de mostrarse los dientes, pero no es más que eso.
Las crisis o contradicciones entre los representantes políticos de los poderosos, protectores de los patrones, no significan gran cosa para el pueblo que padece las consecuencias de un sistema injusto y arbitrario; allá ellos y sus problemas. Por lo demás, ante cualquier asomo de peligro o rebelión popular, esos mismos derechistas hoy enfrascados en sus diferencias, estarán unidos alentando a las huestes uniformadas y represivas para aplastar al pueblo insumiso. La población chilena ya tiene asumida que esta desigual e injusta estructura económica y social sólo será posible de cambiar si se termina con la constitución dictatorial, que ha posibilitado la instauración de estas inequidades; también tiene asumido que el abuso en que incurre el actual gobierno y sus mandantes empresarios son el fundamento que está en el inevitable rebrote del Estallido Social. No hay mal que dure cien años, ni tonto que lo resista, dice el refrán.
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