Los sucesos de las últimas semanas han puesto en evidencia el racismo y la segregación que se ejerce por el Estado hacia la población mapuche. Esta discriminación se manifiesta en diversidad de situaciones pero la más inmediata y humanamente urgente es la que se relaciona con los presos políticos mapuches que realizan una huelga de hambre exigiendo un tratamiento acorde a los convenios internacionales que en materia de Derechos Humanos y de relación con los pueblos originarios el Estado chileno se ha comprometido a respetar.
El gobierno de Piñera no sólo no ha prestado oído ni brindado una solución a los huelguistas que prolongan su largo ayuno por más de cien días, sino que niega hasta la existencia de estos presos políticos. Esta huelga de hambre ha motivado numerosas muestras de apoyo tanto de las comunidades mapuches de la llamada zona en conflicto, esto es del Biobío y Araucanía, como de organizaciones sociales y humanitarias de todo el país y del extranjero que se solidarizan con los presos huelguistas y con la causa del pueblo-nación mapuche.
Sin embargo, esta huelga de hambre también ha sacado el maquillaje de algunos "huincas", y ha mostrado la oculta cara sucia de ciertas personas, llena de racismo, de discriminación, de segregación y de odio hacia los pueblos originarios. Estos rasgos propios y característicos de la oligarquía racista chilensis le han sido traspasados e inculcados a su grupo servil del mismo modo que le inculcaron el individualismo, el consumismo y otras lacras coherentes con los intereses de los poderosos, de los sectores dominantes y autoritarios.
Convengamos que no son sólo los mapuches los que son víctimas de estas lacras, sino todos los pueblos originarios; y a ellos, además, se agrega la xenofobia hacia los pueblos inmigrantes pobres. Este Gobierno fue advertido incluso por veredictos judiciales que no podía continuar con actitudes discriminatorias y xenófobas hacia ciudadanos migrantes que producto de la pandemia debieron retornar a sus países de origen, a los que le imponía una medida arbitraria y segregacionista de no retorno.
Con el caso de los comuneros en huelga de hambre el Gobierno y su alianza gobernante no sólo no han ofrecido ninguna solución a los huelguistas sino que, sacando a relucir sus rasgos más retrógrados, han promovido, por acción u omisión, el actuar de bandas racistas y otras de connotación fascista para realizar ataques y campañas mediáticas contra la integridad física y moral de los comuneros y de los manifestantes.
A la par con la activación de las bandas racistas y guardias blancas, promovidas desde el gabinete del odio, el gobierno no ha escatimado recursos para incrementar la represión sobre las comunidades y localidades movilizadas en la aludida zona en conflicto. Lejos de buscar formas de atenerse al Convenio 169 de la OIT (“Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008), instala un despliegue represivo sobre el territorio mapuche y pueblo en general con lo que este gobierno vulnera los compromisos establecidos en la “Convención Americana de Derechos Humanos”, además de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, ambas también suscritas y ratificadas por Chile, aunque los actuales ocupantes de La Moneda se nieguen a honrar esos compromisos.
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No conforme con el masivo despliegue terrestre y brutal accionar de fuerzas policiales y militares por extensos territorios de las provincias de Concepción, Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, en el último tiempo el gobierno parece empeñado en sembrar el terror desde el aire pues al actuar de helicópteros y drones de vigilancia, han agregado la ejecución de vuelos rasantes de aviones de guerra sobre pueblos, localidades y comunidades. El señor Piñera está intensificando su fiebre de guerra utilizando al pueblo mapuche, a la región mapuche, como escenario de sus delirios bélicos, convirtiendo así la militarización de la Araucanía en una pesadilla permanente para los mapuches y chilenos que habitan esos territorios.
Para completar este preocupante cuadro de terror e inseguridad instalados, una agrupación de empresarios se hace parte de la asonada segregacionista y represiva amenazando con adoptar medidas de respuesta por su cuenta si el gobierno no reprime con más fuerza las movilizaciones mapuches y sociales en el sur. La llamada Multigremial Nacional, se arroga el derecho “para tomar otro tipo de acciones”, lo que en otras palabra significa organizar y armar bandas criminales que actúen a su servicio atacando al pueblo movilizado.
La espiral de violencia la inició Piñera con su verborrea bélica y el desarrollo de un desbocado accionar represivo, la aumenta en plena pandemia con el inusitado incremento del arsenal y de los pertrechos de cuerpos policiales y uniformados, alienados para actuar contra su propio pueblo, y la intensifica con la designación de un gabinete retrógrado, enfermo de odio, que justifica el uso de la violencia desde la dictadura y aún desde antes del golpe militar.
Los sectores más conservadores y oligárquicos de esta derecha chilena están reiterando sus viejas prácticas tendientes a imponer sus caprichos y proteger sus intereses mediante el uso de los instrumentos de defensa del estado puestos a su servicio. Esta derecha gobernante desarrolla una técnica sediciosa y propiciadora del uso de las Fuerzas Armadas como respuesta oficial; como en esta oportunidad están en el gobierno no pueden –de buenas a primeras- dar un golpe de Estado como solución de sus problemas, no les sirve planear la sedición abierta sino que la fomentan de modo indirecto, como mecanismo de presión hacia los mandos militares. Cuento repetido decenas de veces en la historia de este país.
En este escenario, habiéndole fallado la utilización de la pandemia a su favor, para el Gobierno “el problema mapuche” representa una nueva gran oportunidad de manipular condiciones para intentar proteger su sistema y asegurar la continuidad de su modelo. Al gobierno de Piñera y su gabinete del odio no le interesa solucionar nada de la situación que afecta al pueblo mapuche sino, por el contrario, intentan instrumentalizar esta movilización para extremar sus métodos represivos y generar condiciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en labores represivas y punitivas sobre el pueblo en su conjunto. Nuevamente este gobierno demuestra su mediocridad e ineptitud y pareciera ser que sólo la presión social del pueblo movilizado es lo que puede forzar alguna solución y doblegar la bajeza y mezquindad de los gobernantes.
Menos aún va a tener este gobierno y su gabinete del odio alguna voluntad de resolver las demandas históricas y problemas de fondo que representan los mapuches en cada una de sus manifestaciones y formas de lucha, de modo que la solución definitiva –inevitablemente- dependerá de los cambios profundos que el pueblo chileno debe desarrollar como parte del Estallido Social y del proceso constituyente por una nueva constitución que se inició en octubre pasado. Hasta que eso no ocurra, este gobierno es y será el único responsable del incremento de la represión y del uso de la violencia en la realidad nacional, ya bastante vapuleada por la pandemia. Este gobierno sigue demostrando que es peor que la peor plaga.
