La derrota sufrida por el gobierno a raíz de la presión popular para obtener la aprobación de la ley de retiro del 10% de los fondos previsionales desde las AFP, profundizó la crisis al interior de la alianza gobernante y ahondó la desfiguración del papel conductor del presidente Piñera. Este último efecto, se ve graficado por la inmediata y virulenta arremetida al interior del bloque en el poder de los sectores más conservadores, continuistas y genuinos representantes del régimen dictatorial. Piñera, imbuido en su resentimiento, sumado a la incapacidad política de los sectores más liberales de la coalición gobernante, sucumbieron y optaron por someterse a los dictámenes de los dueños ideológicos de este sistema, quienes traen consigo una carga de odio y despotismo que pone al país en una situación de fragilidad extrema.
Los cambios introducidos al gabinete ministerial, aunque pocos, significan un cambio sustancial pues representa el regreso de la derecha más reaccionaria a puestos claves de la administración en momentos demasiado delicados para la salud política del país y en momentos de riesgo para la salud pública de los ciudadanos. Este nuevo gabinete se ha calificado como el “gabinete del Rechazo”, pues ciertamente vienen a hacerse cargo de imponer una línea defensora de la constitución pinochetista y continuista del modelo heredado de la dictadura. Esto es grave pues pone en tela de juicio la transparencia y democracia del proceso constituyente que tiene un paso clave en el plebiscito del 25 de octubre, pero cuya realización en la forma y preparación depende de una administración que no quiere cambiar nada y, en el mejor de los casos, hará lo imposible por imponer el Rechazo a cualquier cambio.
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Peor aun, estos sectores sólo pueden alentar el uso de la fuerza represiva, de la violencia armada, como reacción a cualquier demanda o exigencia del mundo popular; respuesta represiva que ha sido la tónica utilizada por el gobierno de Piñera, en particular, desde el comienzo del Estallido Social en adelante. El retorno de estos fundamentalistas conservadores al gabinete sólo puede significar la intensificación de la represión policial y uniformada pero también, como hemos constatado en diversas situaciones pasadas y presentes, en el fomento de bandas violentistas de ultraderecha que actúen en función de sus intereses políticos y objetivos represivos. Además, regresan a ocupar posiciones de control político gubernamental en brazos de un inusitado fortalecimiento de la dotación, equipamiento y arsenal bélico, en donde Carabineros sigue siendo una institución servil y con disposición a violar los derechos humanos de las personas que tienen la osadía de manifestarse y la desgracia de cruzarse ante sus tropas especiales.
El arribo de un pinochetista recalcitrante al Ministerio del Interior, pone en grave riesgo la seguridad pública de la población. Un individuo poseedor de un oscuro historial de vinculación con violadores de los Derechos Humanos, con vocación dictatorial y represiva, traerá sólo dolor al pueblo chileno. El mismo día en que un manifestante en Santiago era atacado con perdigones por efectivos militares ocasionándole daño ocular y otras lesiones, el aludido ministro visitaba la zona de la Araucanía para alentar a las hordas de extrema derecha a actuar impunemente contra los manifestantes y activistas de la causa mapuche, al tiempo que declaraba que en Chile no existen los presos políticos, refiriéndose a los prisioneros mapuches que permanecen cautivos en cárceles del país y los presos de las protestas iniciadas en octubre. Al día siguiente, las hordas desatadas por el señor Pérez se ensañaron atacando e incendiando los recintos de las municipalidades que permanecían tomadas por activistas mapuches que exigían soluciones para los comuneros presos que reclaman la aplicación del Convenio 169 de la OIT y que permanecen en huelga de hambre desde hace tres meses.
Estos ataques hacia los recintos y hacia quienes hacían ocupación de estos, fueron protagonizados por decenas de personas, organizadas y orquestadas entre sí, y se produjeron con la total aquiescencia de los carabineros y efectivos militares apostados en la zona. El hecho de que los ataques hubiesen ocurrido en horas del toque de queda es sólo un detalle más de la complicidad activa de carabineros y fuerzas del orden que no sólo no trataron de aplicar a los atacantes civiles las normas de control que supone tal restricción, sino que no brindaron ninguna protección a los comuneros atacados, contemplando con desidia y beneplácito el actuar de las hordas alentadas por el señor Pérez.
Los gravísimos hechos ocurridos en cinco comunas de la Araucanía debieran ser investigados por la Fiscalía Nacional de modo exhaustivo y diligente. El rol de ciudadanos de civil que organizaron y prepararon estas acciones criminales no es un hecho que deba quedar en el limbo de declaraciones vacías ni la investigación puede recaer en la Fiscalía Regional que se ha caracterizado por su sesgado manejo de las situaciones que afectan al pueblo mapuche. El rol del señor Pérez no puede ser ni protegido ni ignorado por la clase política pues es la reiteración de los oscuros manejos de los personeros civiles que fueron partícipes y cómplices activos de la dictadura militar pinochetista. Tal como ocurría en tiempos del régimen tirano, estos ataques son presentados por la versión oficial y de los medios de comunicación como “enfrentamientos” supuestamente acaecidos entre los civiles atacantes y comuneros mapuches, en circunstancias de que éstos últimos estaban siendo desalojados en calidad de detenidos y bajo custodia de carabineros quienes permitieron y toleraron impávidos la agresión y la violencia desbordada de las bandas racistas. Estamos al comienzo de un escenario de odio, de violencia y de confrontación generado y alentado por los actuales ocupantes de La Moneda.
El señor Pérez es Ministro del Interior del gabinete del presidente Piñera, es decir, el principal responsable de esta ignominia es el señor Piñera. Uno de los más grandes errores que ha cometido este gobernante –de las decenas en que ha incurrido- ha sido el que concretó este 28 de julio, cediendo ante las exigencias de los fanáticos y fundamentalistas defensores de la dictadura y su lastre. No puede atribuirse este error a su ceguera social e incapacidad política sino más bien a su necedad y egoísmo, que lo lleva a buscar revancha y vengarse de quienes le propinen una derrota. No solamente se hace rodear de un gabinete cargado de odio y despotismo, sino que, acto seguido, decreta indulto para algunos criminales condenados por delitos de lesa humanidad, reprime manifestaciones reiterando mutilaciones oculares, violenta mapuches prisioneros políticos y violenta mapuches en custodia que se solidarizaban con los primeros, y, para completar su cóctel de descrédito, en su prescindible e intrascendente cuenta pública, el señor Piñera acelera su tan cacareada reactivación económica, aumentando los riesgos para la salud y la vida de la población en general.
Justo al cumplirse cinco meses del inicio de la pandemia del coronavirus el Gobierno y su enferma coalición, parecieran haber decretado que ya era suficiente lo que se habían preocupado por este virus y decidieron no hacerse más problemas por la salud de la población. Luego de instalar la idea de que la situación sanitaria del país experimentaba una “leve mejoría”, rápidamente dieron curso a forzar el retorno a la normalidad con la aplicación de la bullada estrategia “paso a paso” que, ya hemos dicho, reitera los errores básicos de las cuarentenas dinámicas. “No vamos a matar toda la actividad económica por salvar vidas”, fue la máxima instalada ya a mediados de marzo pasado por un conspicuo empresario presidente de la cámara de comercio de Santiago, y éste ha sido el principio rector de las acciones del gobierno que apremia la pronta recuperación de las actividades productivas y mercantiles para salvaguardar los intereses empresariales. Otro de estos conspicuos, director de un consorcio empresarial, señaló en abril: “no podemos seguir parando la economía, tenemos que asumir riesgos y eso significa que va a morir gente”, aunque omitió decir que las vidas que él desprecia y las muertes a que él alude son las de la masa trabajadora o del pueblo mayoritario que habita en los barrios alejados su reino.
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De modo que está claro que el gobierno de Piñera pretende resarcirse de las derrotas sufridas ante la presión popular respecto del 10%, de los cortes de servicios básicos y otras materias, para “asumir riesgos” como reclaman los empresarios, exponiendo la vida de trabajadoras y trabajadores, que mueran personas del pueblo, pero reactivar la economía sin mayores miramientos. Es una muestra más de la clase de gobernante que es este señor y que persiste en su lógica de guerra contra la población.
La urgencia de la pronta realización del plebiscito de octubre y la importancia de los resultados del mismo, se torna una cuestión de vital trascendencia para la población chilena. La tendencia autoritaria del gobierno va aparejada con represión y violencia contra el pueblo y es de presumir que insistirá en esta dinámica de odio para tensionar aun más la situación social, polarizar las contradicciones y generar condiciones que le permitan aumentar la espiral de violencia represiva. No sólo el nuevo gabinete sino todo el gobierno y su coalición son un peligro para la seguridad pública y la salud de la población.
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