No podíamos esperar nada bueno para el pueblo chileno ante la feroz arremetida del coronavirus en nuestro país. A la inequidad estructural que domina las relaciones económicas y sociales, a la miseria del sistema público de salud devastado por un modelo implacable, se agregaba la existencia de un gobierno inepto y mezquino que sólo profundiza las desigualdades y segregación basal que nos afecta.
Pero aún teniendo presente los males de fondo que aquejan a la sociedad chilena, había un margen de maniobra que permitía organizar una política de enfrentamiento más efectivo de la pandemia de manera de reducir los daños sociales y minimizar los costos humanos. Sin embargo, una política eficiente exigía una definición primaria basada en la salud y el bienestar de la población y no el mercado como prioridad, de proponerse impedir la propagación del virus, de detección temprana y de confinamiento y control de los brotes que pudiesen producirse. Como hemos debido constatar en la cruel realidad, el gobierno optó por una laxa política de contención, y un débil monitoreo de los contagios, que fracasó rotundamente por su inaplicabilidad en un Chile dominado por la desigualdad y la segregación y, como hemos señalado, con un sistema público de salud depredado.
Ahora, enfrentados al inicio del colapso hospitalario en el país y el inevitable desastre sanitario que ello causará, resulta prudente dejar establecido que esta catástrofe ha sido provocada por la equivocada gestión de crisis llevada a cabo por el gobierno. Tan grotesco como los errores y equivocaciones que han caracterizado la conducción, resulta el constatar que nadie asume responsabilidades, nadie se hace cargo de esos errores y equivocaciones que se reflejan en enormes costos humanos y sociales. La despectiva relación de la burbuja del poder con la sociedad mayoritaria adopta las formas tradicionales de impunidad con que han actuado los poderes a lo largo de la historia pero que en las décadas recientes ha adquirido un carácter endémico en el comportamiento de la clase política dominante.
La existencia de los factores estructurales de inequidad ya había sido denunciados y evidenciados de manera suficiente por los movimientos sociales en el curso de los últimos años, particularmente desde el Estallido Social del 18 de octubre en adelante, pero han quedado dramáticamente develadas por esta crisis sanitaria. La movilización social tenía al sistema dominante al borde del colapso cuando se produjo la emergencia del coronavirus que obligó a repliegue sanitario.
Esta situación, la preexistencia de un movimiento popular y la pésima gestión inmediata del gobierno, le generan un escenario incómodo e inestable al bloque en el poder. No resulta extraño entonces que el gobierno, la coalición gobernante, la clase política dominante, estén utilizando los daños sociales que provoca esta pandemia precisamente para profundizar aún más en los fundamentos injustos, opresivos y desiguales que someten la vida de los chilenos. La existencia de esta crisis sanitaria les ha servido para intentar restañarse de las grietas profundas que le había provocado la movilización social de fines del 2019, para cobrarse desquite de esa ofensiva popular, para trenzar nuevas amarras y trabas en una oscura pretensión de maniatar aún más a los trabajadoras y trabajadores, de explotar aún más a los oprimidos, de someter aún más a las clases desposeídas y vulnerables.
La crisis generada por la pandemia no solo deja al descubierto las inequidades y vergüenzas de este sistema neoliberal sino que además deja al descubierto la cara más miserable de los poderosos y de la clase política servil. No se trata únicamente de las medidas arbitrarias y pro patronales adoptadas en pandemia, ni las medidas segregadas o insuficientes, ni de las medidas tardías e ineficaces, sino además, del despliegue de una andanada de medidas y proyectos que están cocinándose en las sombras, amparados en los biombos hospitalarios y protegidos por el ruido de ventiladores de la crisis sanitaria.
Forman parte de estas oscuras maniobras de un gobierno canalla y de una clase política corrupta el impulso de leyes que buscan penalizar cada asomo de protesta; a las ya conocidas leyes anti capucha y anti barricadas, se suman la pretensión de tipificar como delito “la ruptura de la paz social” con la intención de criminalizar cualquier manifestación popular que moleste la epidermis del poder o de la autoridad política.
Recientemente el presidente Piñera ha reiterado su carencia absoluta de preocupación por la salud de los chilenos pues su interés social lo expresa en un proyecto que busca “fortalecer el sistema de inteligencia del estado”, en rigor, “fortalecer el organismo llamado Sistema de Inteligencia del Estado” (SIE) que conforman los distintos departamentos de inteligencia de las instituciones armadas y policiales, además de la ANI, y destinar recursos para crear un consejo asesor, definir una estrategia única y crear cargos de dirección de esos entes. Todo un entramado policiaco-represivo destinado a controlar la vida y actividades de los chilenos.
A eso se suma un proyecto de ley que busca incorporar reformas que pretenden vulnerar los acuerdos del Tratado de Roma que obliga a Chile en materia de Derechos Humanos y desconocer la incorporación plena a los dictados de la Corte Penal Internacional (Corte de La Haya). Piñera está buscando blindarse y blindar internacionalmente a todos los violadores a los derechos humanos en Chile, partiendo por él mismo, sobre quien pesa una querella presentada ante este tribunal.
La Agenda Represiva del gobierno –secundada con servil voluntad por la inexistente y complaciente oposición- ha cobrado más fuerza en medio de la pandemia, incluyendo un vergonzante incremento del arsenal bélico y operativo de las fuerzas represivas del sistema. Equipos, material y personal represivo que ha estado activo y disponible para reprimir y perseguir al movimiento mapuche en los territorios en conflicto de las provincias del sur. En ese caso sí que el gobierno muestra interés, preocupación y eficiencia; la misma eficiencia que ocupa para hacer vista gorda cuando se trata del narcotráfico o de grupos delictivos habituales que campean a su antojo en plena pandemia, con cuarentena, con toque de queda y con un impresionante despliegue militar que, curiosamente, se convierte en observador aventajado del accionar delictual.
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Los afanes represivos, por una parte, y de dotarse de inmunidad, por otra, explican en alguna medida el hecho que frente al descalabro que han ocasionado y que están causando en la salud de la población chilena, el gobierno y sus sirvientes se sientan impunes y actúen a destajo, sin asumir responsabilidades, ni menos sufrir consecuencias.
Lo cierto es que los gobernantes se equivocan, una vez más, si confunden el necesario repliegue preventivo y sanitario de la población con una derrota de la movilización social iniciada en octubre y que sigue latente; es asunto de Piñera y los suyos si confunden el estado de conmoción pública que ha provocado la catástrofe sanitaria que el propio gobierno ha generado (y no el coronavirus) con creer que tienen al pueblo de rodillas. La principal causa de la conmoción ciudadana es el temor al hambre (no al virus), al atropello constante, a la vulnerabilidad creciente. Los gobernantes podrán eludir las responsabilidades amparados por la institucionalidad de gelatina que aún conservan, podrán encubrirlas en el lodo de una clase política descompuesta, pero no podrán ocultarlas ante el juicio ciudadano, ante la opinión mayoritaria de la población.
Piñera y los suyos pueden hacer como quieran mientras puedan, pero no se confundan demasiado porque el virus no es eterno. El pueblo sabrá sacar fuerzas de flaquezas y les pasará las cuentas cuando podamos volver al punto donde habíamos quedado cuando llegó la pandemia.
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