El daño causado al pueblo chileno por la desastrosa gestión gubernamental de la crisis del coronavirus genera una profunda sensación de indefensión en las grandes mayorías de la población, sobre todo en los sectores más afectados por las inequidades estructurales de la sociedad que han resultado ser los más perjudicados por la perversa política gobernante ante esta pandemia. Aunque suponíamos que había una cifra oculta o no informada de personas fallecidas y que estábamos próximos a que el Minsal diera a conocer esa verdad, lo cierto es que el conocerla no deja de provocar un profundo impacto en la ciudadanía.
Sin embargo, el hecho de que las víctimas fatales por la pandemia superen las 7.500 personas no termina de ser asumido por el gobierno, por el Minsal y el ministro Paris. Éstos siguen aferrándose al método de reconocer solo a los ya registrados por el Registro Civil pero continúa sin incorporar a los 3.069 fallecidos que no fueron ingresados en la burocracia instaurada por Mañalich. En el informe diario persisten en negar esta realidad, y solo se limitan a ingresar la cifra real en el informe epidemiológico semanal. Una absurda negación, similar a lo que se daba con la pretendida diferenciación entre contagiados sintomáticos y asintomáticos que en algún momento instauró el ex ministro. La primera condición para comenzar a salir del hoyo profundo en que tienen sumida a la situación sanitaria y humanitaria del país es hacerse cargo e informar la verdadera dimensión de los hechos, por más que eso moleste a la UDI y a ciertos personeros de gobierno, pues ello es perentorio para que puedan definir una acertada estrategia de enfrentamiento de la pandemia.
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La cuantía de las personas contagiadas ya configuraba una realidad dramática pues la epidemia se ha ensañado con los sectores populares y el gobierno se ha mostrado incapaz de contener la propagación de la enfermedad. Esto dicho en el supuesto de que a los gobernantes les animase la intención de contener los estragos que la pandemia está provocando entre los pobres de nuestro país; cuestión que está en duda dado las lógicas belicistas y represivas, por una parte, y mercantiles y utilitarias, por otra, que determinan el comportamiento del presidente Piñera y de su gobierno.
Pese a la gravedad de la situación sanitaria que sufrimos, pese al cambio de ministro de salud, pese a los reportes más realistas de las cifras de personas contagiadas y fallecidas en el país, la disposición del gobierno no ha variado demasiado. No se ha adoptado una nueva estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia. Hasta ahora, sólo hemos visto cambios cosméticos y de puesta en escena del nuevo ministro, un mejor manejo comunicacional, y un mayor despliegue visual de controles callejeros (más orientados a ser captados por las cámaras de TV y de la UOCT que a controlar la pandemia), pero no se ha asumido de forma clara y transparente una estrategia distinta, nueva. Esto no puede sino provocar impotencia entre la población porque no están las condiciones para movilizarse masivamente en función de exigir soluciones, única herramienta y modo de que el poder se digne a atender la situación de la ciudadanía mayoritaria. No olvidemos que las medidas preventivas más importantes (cierre de los establecimientos educacionales, cierre de los grandes negocios del retail, suspensión de actividades laborales presenciales, cercos sanitarios preventivos) fueron impuestas al gobierno producto de la manifestación y presión social, cuando la movilización aún era posible.
Por el contrario, el señor Paris parece más interesado en mostrar signos de continuidad y seguidismo de la fallida estrategia Mañalich que de imponer nuevos lineamientos. El gobierno parece más ocupado en satisfacer los caprichos de la UDI de no cambiar de estrategia para aplacar su furia por la exclusión de uno de los suyos del control de la pandemia. La salida de Mañalich sirvió, en este caso, para dejar en evidencia que el gobierno y la UDI convirtieron esta situación de pandemia en una oportunidad política de aplastar al movimiento popular, y la crisis sanitaria en una oportunidad ideológica y económica de reafirmar los pilares del modelo de dominación. Ellos convirtieron esta epidemia en una disputa ideológica, en una revancha contra el pueblo.
De otra parte, la ciudadanía continúa sufriendo los impactos del coronavirus. El SARS-CoV-2 sigue propagándose por el territorio y las poblaciones, por los centros de trabajo y de salud, en tanto el Minsal y el gobierno no quieren adoptar una estrategia de anticipación, de prevenir en algo la propagación y los daños decretando cuarentenas preventivas y cercos sanitarios efectivos, ya que lo oportuno y esencial de la prevención no lo hicieron en tres meses de gestión. Se sigue yendo a la cola del contagio, atrás del virus, monitoreando el desarrollo de la pandemia. La poca preocupación del gobierno y de los dueños del modelo respecto del coronavirus terminó a fines de marzo, luego de que la presencia del virus logró ser controlada en los sectores residenciales del 1% de la burbuja del poder (los mismos que trajeron el virus al país) y de que el Estado –a través del gobierno- les brindara medidas y garantías de que sus intereses serían bien protegidos.
Después, la preocupación del gobierno consistió en vigilar la propagación del virus por los sectores populares, aplicar una estrategia de contención basada en atender a los casos contagiados ingresados al sistema de salud, y desentenderse de la búsqueda, detección y aislamiento de los contagiados, manteniendo así una falsa realidad de bajas cifras de contagios y muertes que, aunque irreal, sirviera para proteger al mercado y mantener activos los sectores de la economía que más les interesan, Entre estos sectores económicos está también –para los gobernantes y dueños del modelo- el sector de la salud, de modo que contagiados también es sinónimo de ingresos para el que según Mañalich era “uno de los mejores y más eficientes sistemas de salud del planeta”. También el virus ha sido usado y visto como un nicho de lucro, basta recordar lo que cobran por los test y por los días de hospitalización de los afectados.
Esta parece ser la razón de fondo del ocultamiento de las cifras, de falsear las realidades en que incurrió Mañalich y su estrategia, de la que Paris y el gobierno no terminan de desprenderse. Por esa razón nunca trasparentaron los datos, nunca dieron información detallada a los municipios, a los científicos, a los Cesfam y a las organizaciones gremiales afines de la salud, pues éstas por su relación directa con la realidad social y sanitaria local rápidamente podían establecer las incongruencias e inconsistencias de las cifras del Minsal, de manera que siempre han optado por ocultarlas para no ser descubiertos en su perversa manipulación de cifras.
Tampoco parece haber mayor interés en mejorar los equipamientos, insumos y personal en los centros públicos de salud, problemáticas que incluso le han sido manifestadas a nuevo ministro. Las situaciones más dramáticas las dejó expuestas la situación meteorológica reciente, pues el frente de mal tiempo que se hizo sentir en algunas ciudades inundó y desnudó las precarias e inhumanas condiciones de hospitalización a que deben someterse algunos pacientes de sectores populares. Esta lastimosa situación se produce porque la autoridad sanitaria prefiere no afectar la “privacidad” de los centros privados y proteger los privilegios de los centros hospitalarios de las fuerzas armadas y policiales, los que además no han tenido ningún empacho en falsear las cifras de ocupación de camas y, en el mejor de los casos, de ocuparlas ficticiamente trasladando a cuanto criminal de lesa humanidad han podido hasta sus exclusivos recintos. Y luego, para coronar la infamia, tampoco tienen empacho de montar un escándalo porque en un centro público de atención de urgencia un médico no les dio prioridad a un par de policías.
Las cuarentenas preventivas siguen siendo negadas a sectores y comunas cuya situación sanitaria empeora cada día. Las instalaciones hospitalarias siguen siendo inexistentes o precarias en lugares donde se requiere urgentes respuestas. Concepción y Coronel, donde se avizora una calamidad que el Seremi de Salud no alcanza a divisar aunque en las caletas las personas hagan cuarentena en lanchas, y en Calama, donde los trabajadores se contagian por decenas dado el intenso trajín laboral que demanda la gran minería, son sólo algunos ejemplos de estas dramáticas situaciones en provincias, sin mencionar las ya conocidas realidades en Santiago y la Región Metropolitana.
En lo que sí el gobierno ha dado muestras de agilidad y prontitud es en mejorar la agenda represiva y aumentar las condiciones legales para mejor librar su guerra contra el pueblo. Para ese propósito de guerra contra la población el gobierno ha sabido utilizar a la perfección la pandemia del corona virus. La perfección ha estado dada no solo por la vocación antipopular y represora de los gobernantes sino por la complicidad de la inoperante oposición formal. La lógica belicista de Piñera dio un nuevo paso esta semana pues, bajo el pretexto de castigar la vulneración a las restricciones de desplazamiento que imponen las medidas sanitarias de control de la pandemia, el gobierno logró promulgar en tiempo record una ley que en realidad penaliza las manifestaciones callejeras, las expresiones de protestas callejeras que puedan darse como respuesta a la desastrosa política social del gobierno. Estos gobernantes siguen creyendo que la amenaza y la represión es la mejor respuesta ante cualquier reclamo popular, más aún si este reclamo pretende cuestionar el poder de la burbuja, mejor aún si eso lo pueden acompañar con prisión.
Por lo visto, para el presidente Piñera y su gobierno, los chilenos somos enemigos o clientes comerciales, ésa es la única variedad que existe en su perversa lógica. En esa perspectiva, sus esfuerzos sociales han apuntado esencialmente a adular y congraciarse con las diversas ramas de las fuerzas armadas y policiales. Lo mismo que ha hecho siempre la derecha, por lo demás, pero en el marco de esta pandemia han ido a límites de la exageración y el absurdo, al más puro estilo Bolsonaro y Trump. Tal vez los gobernantes pretenden lavar en algo la imagen de unas desprestigiadas y desacreditadas fuerzas armadas y policiales que han hecho gala de impresentables actos de corrupción –aparte de su negro historial de violaciones y crímenes de derechos humanos-, pero olvidan en este intento que la clase política gobernante es y ha sido cómplice de aquellos delitos, es y ha sido parte de actos de corrupción y descrédito. Es decir, lavan con agua contaminada y manos sucias.
Omiten, además, y pretenden que la ciudadanía ignore, no perciba, no asuma, que esas instituciones son financiadas por todos los chilenos, por el fisco, por el Estado, en todas y cada una de sus funciones y actividades, y cada una de sus instalaciones y medios técnicos son propiedad del fisco; sin tener otra función útil para el bien común, lo mínimo que pueden y debieran hacer es estar disponibles para las necesidades de apoyo que requieran los otros estamentos del Estado, más aún si estos son requerimientos sanitarios en función de la salud y la vida de la población. De modo que este desembozado afán de maquillaje del gobierno es una expresión más de su descontrol y suplir la falta de apoyo social con subordinación uniformada; pero ya es demasiado el abuso y sería aconsejable que el ministro de defensa abandone la zalamería y entienda que no está jugando a los soldaditos con sus amigos. Ya bastante tenemos lidiando contra el coronavirus como para tener que soportar su permanente apología uniformada. Juego de soldaditos y adulaciones que sólo resultan útiles a Piñera y su lógica belicista, pero no engañan a nadie.
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