La debilidad política e institucional del Gobierno se torna cada día más evidente y pone en cuestión la utilidad y continuidad de este modelo presidencialista. La figura del presidente Piñera está y se ve cada vez más resquebrajada, aparece sostenida sólo por la inercia del poder y la preponderancia de los poderes fácticos que dominan el hacer de los ocupantes de La Moneda; el exacerbado personalismo del mandatario solamente ha servido para ilustrar otras aristas del pernicioso diseño constitucional que aún nos rige. La disputa con el Congreso por el 10% de los fondos previsionales ha dado una demostración cabal de esta condición de fragilidad democrática. El obcecado afán de anteponer el dogmatismo del sistema heredado por la dictadura, de defender a rajatabla la constitución y el modelo neoliberal como si fuesen las únicas opciones de vida del planeta, está llevando al Gobierno a su propia hecatombe política y arrastrando al país hacia un terreno pantanoso. La cuestión del retiro de los fondos previsionales de los cotizantes desde las AFP fue convertida por el gobierno de Piñera y la alianza gobernante en una cuestión de principios, cual si la estabilidad económica y social del país dependiese del ejercicio de esa opción ciudadana de obtener recursos de sus propios ahorros.
El mandatario y su equipo de gobierno se han empeñado en realizar una defensa fundamentalista del sistema de apropiación de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del sistema previsional; cuestión ésta que era del todo innecesaria y bastaba con tener la disposición y capacidad política para resolver el asunto sin ningún dramatismo pero, claro, eso exige la mínima voluntad política para aceptar lo inevitable y lo necesario.
Por el contrario, dando una muestra más de incapacidad de lectura de la realidad, han forzado un absurdo debate parlamentario que llegó a fracturar a la propia alianza política gobernante; el absurdo está dado por la pretensión gubernamental de impedir el uso de un recurso propio de los cotizantes y de utilizar argumentos de defensa del sistema que son desmentidos por la realidad inmediata.
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El argumento de “pan para hoy y hambre para mañana” pretendiendo señalar que se afectará el monto final de las pensiones de los futuros jubilados del sistema, es un argumento falaz que se cae por sí solo puesto que las jubilaciones a que pueden acceder los cotizantes en este actual sistema son pensiones de hambre, de miseria, de indignidad, de atropello y de abuso; esto es ya hoy un hecho cierto, una consecuencia y una verdadera calamidad social, de modo que lo que asegura el sistema de las AFP es hambre para los jubilados de hoy, de mañana, y de cualquier momento del futuro. Esta simple constatación de la realidad, que la población ve, vive, y le afecta en su cotidianidad, los gobernantes no la ven, no la dimensionan, y no les interesa; pero tal vez pueda considerarse natural que así sea puesto que ellos viven en su burbuja del poder y la opulencia, o en su oasis de fantasía, en lo que para ellos es el mejor sistema del mundo.
El falaz argumento gubernamental es también desmentido por la simple urgencia actual e inmediata que tiene la población, es decir, es el hambre hoy lo que le da el sentido de urgencia, pero el Gobierno no lo ve porque se aferra a sus planes de apoyo a la “clase media” para tratar de salvar la pretendida intocabilidad del sistema de AFPs; planes que, además, son tan inconsistentes y poco efectivos que lo que anuncian como gran solución de ayuda un domingo, ya para el miércoles no sirve y se apresuran a inventar “soluciones mejores” carentes de toda credibilidad.
Este episodio del 10% evidencia, una vez más, la desvergonzada protección de los intereses empresariales que ocupa a Piñera y su alianza gobernante; resulta impresentable que armen tanto escándalo por el ejercicio de un derecho ciudadano y, sin embargo, no digan ni una palabra cuando esas mismas AFPs informan de las millonarias pérdidas que han ocasionado en los fondos de los y las ahorrantes producto de maniobras especulativas, y menos dicen una palabra cuando los informes financieros dan cuenta que esas mismas AFPs han acumulado millonarias utilidades para los dueños del negocio. Esa es la naturaleza de esta vergonzosa clase política.
Esa misma clase política que, forzados por la presión popular, en el Congreso han debido avenirse a dar curso legal a la posibilidad del retiro de un mínimo porcentaje de esos fondos. Sigue siendo una posibilidad, puesto que aún no terminan de zanjarse los asuntos legislativos y aún no terminan de expresarse las presiones que el mundo empresarial ejerce sobre parte de esa corrupta clase política, en particular sobre ciertos ejemplares de la vieja Concertación, que no dejan pasar oportunidad de mostrar su servilismo y gratitud hacia el poder del dinero, y no trepidan en señalar su disposición a poner trabas y cortapisas pro empresariales a la tramitación de este asunto en el Congreso.
El Gobierno, por su parte, no entiende ni quiere entender que la población tiene necesidad de apoyos económicos, que tiene perfecto derecho de echar mano a parte de sus ahorros previsionales, aunque sea por el simple factor de que son “sus ahorros”, por más por ahora sus fondos permanezcan en calidad de secuestrados por el empresariado que controla el negocio de las AFP, que a fin de cuentas viene siendo el mismo que controla cada una de las áreas de la economía chilena. No sólo eso, sino que el Gobierno insiste en sus afanes de impedir que el retiro de los fondos pueda finalmente concretarse. El presidente Piñera y sus ministros, en especial los integrantes del ministerio en las sombras que opera en el segundo piso de La Moneda, transgreden la democracia como en los mejores tiempos de dictadura, vulneran los derechos y las acciones del Legislativo y, una vez más, amenazan con recurrir a la facultad de veto presidencial y al manido mecanismo del Tribunal Constitucional, el que han utilizado cada vez que la derecha quiere bloquear o anular alguna ley o disposición que vaya en beneficio social, que eventualmente signifique un desmedro en las utilidades y ganancias de los poderosos, o una pérdida de algún milímetro de los valores fundamentalistas de los conservadores.
Esta actitud gobernante raya en el paroxismo del abuso de poder, en el delirio del presidencialismo extremo, que se sostiene solo por el abuso que supone ser gobierno en un país con una constitución dictatorial; para los poderosos la democracia sólo existe y es válida cuando ellos son los beneficiados, cuando ellos imponen sus caprichos y satisfacen sus pretensiones, cuando eso no ocurre, intentan lo imposible para bloquear y anular sus propias reglas del juego. Esto representa el total desparpajo de Piñera y su gobierno para cuidar y proteger los intereses del gran empresariado a costa, una vez más, de los trabajadores y trabajadoras del país. Entiéndase bien, una vez más a costa de la población.
La total ausencia de sintonía con las necesidades y demandas de la población, la total carencia de empatía y capacidad de hacerse cargo de los problemas sanitarios, sociales y humanos que ha provocado la pandemia del coronavirus (o más bien, que han sido expuestos por la pandemia), demuestran la incapacidad política del Gobierno de tener una apreciación correcta del país real en que vivimos. El único sentido de la realidad que rige las decisiones y acciones de los ocupantes de La Moneda parece ser el del contenido de las cajas fuertes de los poderosos, de las bolsas de comercio, de las finanzas bancarias y de los intereses mercantiles. Esta lógica antipopular y pro empresarial, sumado al personalismo del mandatario han terminado por dejar a Piñera en una situación de aislamiento y debilidad crónica, que no logra disimular ni con las fantasiosas encuestas modo delivery, a pedido y medida.
Sin embargo, el Gobierno y la clase política deben tener presente que están jugando con fuego. La población no parece estar dispuesta a dejarse aplastar por trampas ni arreglines de ninguna naturaleza. La cocina ya no sirve, la demagogia ya no sirve, la letra chica ya no sirve, la farándula, la propaganda con métodos de merchandise, los anuncios apocalípticos, ya nada de eso sirve; la ciudadanía exige respuestas inmediatas y soluciones concretas. Hace rato que el pueblo vive en un estado de alerta permanente que no ha sido disminuido ni abatido por la pandemia, como esperaba el Gobierno y como -seguramente- era la pretensión de gran parte de la clase política.
El Estallido Social iniciado en octubre pasado, hace ya nueve meses, es un volcán activo que cada tanto hace erupción, se desahoga mostrando el hartazgo y el descontento social contra el Gobierno y contra el sistema. Así lo grafican las movilizaciones sociales ocurridas el 1° de Mayo, las protestas que se produjeron en la comuna de El Bosque a mediados de ese mismo mes, y las diversas manifestaciones que se han producido en las últimas semanas como fruto del descontento por la insuficiente respuesta gubernamental a las necesidades y demandas de la población en el marco de la pandemia; además de las diversas actividades que se han desplegado en torno a la exigencia de recuperar el 10% de los fondos de los cotizantes desde las AFPs.
Las lecciones que la población ha sacado de esta crisis son notorias. Tanto en la crisis sanitaria como en la humanitaria y social que vive el país, la postura del Gobierno y de los principales exponentes de la alianza oficialista ha servido para que la ciudadanía dimensione las características pro empresariales de este sistema y conozca la naturaleza perversa de estos gobernantes. La exigencia de una nueva constitución se ve reforzada por la crisis de la pandemia ya que no sólo confirmó las inequidades del sistema sino que denota la urgencia por terminar con esas injusticias y abusos, incluido el actual sistema de AFP que tanto defienden los poderosos y su desacreditado gobierno. La figura del presidente Piñera, caracterizada por su egolatría y ambición, ha llevado a un punto definitivo la esencia nociva del presidencialismo, anulando la función de gobernar un país y la utilidad social de la política.
El mandatario se ha convertido en una figura pegada con plasticina a los sillones de La Moneda, aunque aún deba permanecer allí por otros 20 meses. Él y su gobierno podrán seguir instalados en el palacio presidencial pero eso da lo mismo, es sólo una parodia, no será la primera vez que un gobierno fracasado se aferra a los símbolos del poder para conservar la sagrada idea de que siguen reinando. Este conjunto de factores, por añadidura, pone en entredicho la continuidad de este modelo presidencialista. Cuestión que no hace sino resaltar la necesidad del cambio constitucional y de avanzar de una buena vez hacia los cambios estructurales que reclama el conjunto de la situación nacional. Así como se acerca la fecha de comenzar a dar curso al pendiente proceso constituyente, así también se acentúa la necesidad de éste y resaltan los aspectos que la ciudadanía deberá replantearse en el ejercicio soberano.
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