Desde hace un mes que el Gobierno y la derecha se lanzaron en una feroz ofensiva para tratar de salvar al sistema de dominación desnudado en su brutal dimensión explotadora y abusadora por los acontecimientos sociales, desde octubre pasado en adelante, y por los acontecimientos sanitarios y humanitarios derivados de la pandemia, en el curso del presente año. Ambas cuestiones vinieron a cimentar la decisión y voluntad ciudadana de poner término a los atropellos estructurales mediante la generación de una nueva constitución que cambie radicalmente los marcos de desarrollo de la sociedad.
Esta determinación popular comenzará a adquirir forma a partir del plebiscito de octubre próximo. El previsible resultado de ese referéndum mandará a la basura la actual constitución dictatorial. Ese hecho esencial es lo que la derecha gobernante ha salido a boicotear por medio de una ofensiva que se ha expresado en todos los terrenos posibles. Las cosas al menos se aclaran pues este sector se ve obligado a desprenderse de sus ropajes eclesiásticos y populistas para optar por la instalación de un Estado policial y recurrir a la represión como fórmula de relación con los sectores populares.
De una parte, la constante exigencia social en cuanto a que el Gobierno aplique una efectiva política de salud para enfrentar el coronavirus, obtuvo como respuesta la implantación de un acelerado plan de reactivación de la economía que, lejos de aportar soluciones sanitarias, aumenta los riesgos para la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras que están siendo forzados a realizar actividades productivas presenciales, físicas, sin que existan las condiciones generales de control pandémico para ello y sin contar, por lo demás, con los resguardos y protecciones necesarias en los centros laborales.
Esta actitud gubernamental no viene sino a confirmar que la única preocupación respecto de la crisis sanitaria que ha motorizado la política de este Gobierno ha sido la protección de la economía y de los intereses empresariales. Nada nuevo. Si faltaba alguna muestra de la falta absoluta de percepción sanitaria, humanitaria y social de lo que significa y representa esta pandemia, el presidente Piñera se ha ocupado personalmente de brindarnos su relación con este asunto de salud al manifestar en una reciente intervención pública: “….un virus microscópico e invisible, pero letal y muy destructivo, que se llama coronavirus y que yo le pido, como Presidente de Chile, que nos deje tranquilos y se vaya del país”. Cuando creíamos que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, había traspasado los límites de la razón con la expresión de su deseo de que el virus se “convirtiera en buena persona”, cuando creíamos que ya habían quedado atrás las intervenciones al estilo Trump-Bolsonaro, el señor Piñera los supera en toda la dimensión de lo imaginable y se dirige directamente al virus emplazándolo para que se vaya del país. ¡Inaudito! Pero desgraciadamente es real; ese es el presidente que tenemos en este sistema en demolición.
Lo anterior es sólo un gráfico de lo inepta y desastrosa que ha sido esta administración en el manejo de la pandemia. Desastre que ha tenido su correlato en regiones donde el manejo de la situación por parte de las autoridades regionales, seremis de salud y funcionarios de la autoridad sanitaria también ha sido deplorable.
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De otra parte, la aprobación del retiro del 10% de los fondos desde las AFP, terminó por agotar la supuesta capacidad de manejo político de este gobierno y quedó entregado a merced de los sectores más reaccionarios dentro de la alianza gobernante (y de fuera de ella) y a merced de las exigencias del empresariado que no acepta que se ocupen fondos que consideran de su propiedad (puesto que se los han apropiado) en función de la ayuda social y humanitaria de la población.
La respuesta formal de estos sectores no se hizo esperar y se tradujo en la instauración del gabinete del odio para articular una política que enfrente a una población que, para su tacaña percepción, está exigiendo demasiado. El gabinete del pinochetismo y con una clara vocación dictatorial y represiva, vino a instalar el odio y la violencia para asumir los conflictos sociales; llegó para servir desde las posiciones de gobierno al fomento de la política del “Rechazo” como opción de la derecha conservadora ante el próximo plebiscito, llegó a instaurar la represión sin tapujos de la opción del “Apruebo” en el mismo plebiscito, a instalar el odio y el racismo como respuesta a los conflictos con los mapuches, llega a impulsar la activación de bandas racistas y antipopulares en diversos territorios y conflictos sociales del país, y, para completar la obra, viene a promover la activación de organizaciones gremiales de un marcado historial reaccionario y funcional a los intereses de la derecha política, como los camioneros, utilizados como fuerza de choque para imponer la aprobación de más leyes represivas y restrictivas; además de la tenebrosa aparición sediciosa de ciertos grupos de ex mandos de uniformados siempre dispuestos a servir de gendarmes de los poderosos y sus intereses.
Este gabinete da inicio a la ofensiva derechista con características propias de un Estado policial. La represión uniformada ha sido el instrumento preferencial que ha utilizado el gobierno para hacer saber su posición política y social frente a los acontecimientos del presente y frente a las perspectivas del futuro inmediato. Formalmente, a través de sus voceros y de la prensa empresarial oficialista, pretenden aparecer como interesados en hacer avanzar el proceso constituyente y, en particular, el plebiscito de octubre. Predican prescindencia administrativa pero en la práctica, tanto el gobierno como los representantes de la alianza gobernante en el Congreso, no han hecho sino poner dificultades y trabas a la normal realización del proceso eleccionario de octubre, impidiendo –entre otras cosas- que puedan participar las personas contagiadas con el coronavirus; pregonan prescindencia pero simultáneamente ordenan a las fuerzas policiales brindar protección a manifestaciones en pro del “Rechazo” y actuar con extrema violencia reprimiendo a las manifestaciones sociales en pro del “Apruebo” o en pro de cualquier demanda social que pretenda expresarse en las calles.
El doble estándar del comportamiento gobernante alcanza ribetes de vergüenza, o más bien de sinvergüenzas, en relación a la actitud gubernamental frente al paro de los camioneros. Pese a que estas bandas gremiales pro derechistas bloquean las carreteras, impiden el libre paso de vehículos de emergencia, impiden el traslado expedito de medicamentos e insumos de salud, impiden el libre paso de otros transportistas que no quieren participar del paro (particularmente camioneros extranjeros), impiden el libre funcionamiento de pueblos y ciudades, el Gobierno no hace uso de las atribuciones del mentado Estado de Catástrofe para despejar las vías, no envía a las fuerzas armadas a que “resguarden la infraestructura crítica” –como las carreteras- que están siendo amenazadas por estas bandas derechistas; ni envía a carabineros para que asegure el libre tránsito por las carreteras sino que los manda a que sirvan de guardianes y protectores de los gremios matones movilizados; aplican en la carreteras tomadas el mismo trato diferenciador con que actúan en las ciudades, convirtiendo el principio de “igualdad ante la ley” en un chiste grotesco.
Al mismo tiempo que el ministro de Salud reclama públicamente por el bloqueo de las carreteras por parte de estos camioneros, el ministro de Interior se deshace encubriendo y justificando el actuar de estas bandas y, en algo propio de su lógica perversa, aunque los camioneros estén provocando el caos en Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Talca, o Puerto Montt, este ministro del odio traslada la responsabilidad del problema a los grupos mapuches en huelga de hambre y movilizados en la Araucanía; y en paralelo envía a la desprestigiada y decadente institución de Carabineros a que proteja a sus gremios matones movilizados en camiones. Un doble estándar asqueroso.
El presidente Piñera, en lugar de emplazar y dictar ultimátum al coronavirus, debiera tener el mínimo de decencia y emplazar a estos camioneros matonescos a que despejen las carreteras. Este patético presidente si ve una barricada levantada por organizaciones sociales populares no vacila en enviar todo el arsenal represivo de que pueda echar mano para reprimir y atacar al pueblo movilizado. Cuando estos obstáculos son usados por bandas derechistas, el señor Piñera se hace el desentendido, y “emplaza” al SARS-CoV-2.
Sin embargo, estas incongruencias no son casuales ni parecen accidentales. Son maquinadas. Surgen como parte y necesidad de una respuesta de los poderosos para tratar de impedir la voluntad popular de deshacerse de la constitución dictatorial y dar paso a un nuevo ordenamiento que permita terminar con los flagelos que dejó instalados el régimen dictatorial y su modelo de dominación; flagelos y abusos que han mantenido y perfeccionado los gobiernos post dictadura y los administradores de la clase política.
Esta maquinación derechista es la que produce, a fin de cuentas, una colusión destinada a atentar contra los objetivos e intereses de la población mayoritaria, de la ciudadanía movilizada, del pueblo empoderado de sus derechos. Gobierno derechista, sectores políticos dictatoriales dentro y fuera de la alianza gobernante, gremios de matones y organizaciones empresariales, fuerzas policiales y represivas, todas confluyen articuladas tras un sólo objetivo: enfrentar al pueblo para impedir que éste triunfe en los sucesos venideros.
No sabemos qué otras oscuras acciones y maniobras surgirán de esta ofensiva impulsada desde La Moneda; lo que sí parece urgente es exigir poner término al intervencionismo gobernante en las contiendas presentes y próximas, acabar con la política de doble estándar y, sobre todo, terminar con la represión desenfrenada desatada por un cuerpo policial ominoso y abyecto.
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