El desalentador balance de los primeros 100 días de la pandemia de la COVID-19 en Chile nos pone en una situación crítica en extremo que requiere de medidas urgentes para evitar que este desastre se convierta en masacre.
La desastrosa gestión encabezada por el presidente Piñera y el saliente ministro de salud, Jaime Mañalich, se ha traducido en que ya lleguemos a los 175.000 contagiados, que superemos en cifras objetivas las 5000 personas fallecidas con coronavirus (por más que las estadísticas oficiales del Minsal registren otros datos), y que seamos el país con mayor tasa de contagio por millón de habitantes en el continente y uno de los seis primeros a nivel global. Un desastre completo y estrepitoso provocado por la sustentación de una estrategia sanitaria dominada por la lógica mercantil y economicista, impuesta por el gobierno y la alianza en el poder, que ha privilegiado la defensa y protección de las premisas ideológicas y económicas de su modelo de dominación en lugar de velar por la protección de la salud y la vida de la población.
La salida de Mañalich se produce como efecto inevitable de este desastre incubado en su incapacidad de salirse de los rígidos moldes y limitadas visiones de su matriz ideológica y de clase, pero además, cimentado en la mantención de una errada estrategia de contención. Sin embargo, su reemplazante no viene de Marte. El nuevo ministro, Enrique París, si bien no tiene militancia política registrada, es un ferviente partidario de Piñera y de este gobierno; como integrante de la mesa social creada en esta crisis, ha sido un defensor de los descriterios y desatinos cometidos en el tratamiento de la epidemia desde el gobierno y el Minsal, y sólo en las últimas semanas ha esbozado algunas diferencias y preocupaciones por el descontrol de la pandemia y la ausencia de una perspectiva clara.
Poner atajo al abandono de los pobres
Durante las últimas semanas hemos constatado dramáticas situaciones que revelan el desamparo y abandono que sufren familias y personas pobres que han tenido la desgracia de resultar afectadas por el virus. La pobreza no sólo se refleja en miserables condiciones de vida, en hacinamiento, en carencia de recursos, en falta de trabajo y otras calamidades, sino en la carencia de apoyo del Estado ante la presencia de la enfermedad y la condición de enfermo, en la negación de salud porque los centros de urgencia están saturados y sólo pueden recibir a aquellos pacientes que estén graves y gravísimos; para el resto, son horas y días de vigilia en espacios de espera colapsados, con total ausencia de condiciones materiales para hacer efectivo un distanciamiento físico, sin elementos mínimos de protección, sin certeza alguna de recibir cuidados oportunos, etc. Eso ocurre con aquellos pacientes que logran superar el primer filtro de acceso a la atención en los centros públicos de urgencia; los más, no pasan este filtro aunque deambulen por diversos recintos solicitando ayuda, no la pueden recibir porque no hay capacidad de brindársela, y finalmente regresan a refugiarse a sus hogares a sobrellevar una suerte de cuarentena, lo que en la práctica se convierte en un contagio colectivo de los grupos familiares y hasta de los vecinos.
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Las familias pobres ven morir en sus casas a los contagiados por el virus y luego sufren otro abandono para sepultar a sus deudos. El negacionismo persiste pues no son incluidos en las estadísticas oficiales porque no reúnen los absurdos requisitos que imponía Mañalich y su séquito ineptos para considerar a alguien enfermo por el SARS-CoV-2 o para considerar que murió producto o por efecto de esa enfermedad.
La pobreza y la saturación de los centros públicos de salud ha sido la principal fuente de propagación del virus. Los centros públicos de salud no dan abasto para la creciente demanda de atención que reclama la ciudadanía y la supuesta existencia de un “sistema integrado” que incluye a los centros privados de salud (como los intocables centros hospitalarios de las instituciones armadas y policiales) no ha sido más que una farsa; una burla mediática pues los pobres de los barrios y comunas populares, aunque se hacinen en salas de espera y permanezcan internados en ambulancias por eternas horas, no son derivados hacia estos centros privados y privilegiados evidenciando el carácter segregacionista de la “integración”.
La segregación social se hizo evidente y grosera en la medida que los focos de contagio se desplazaron desde los barrios acomodados y se internaron en las populosas comunas del país real. Ese fue el efecto inmediato y directo de las fatídicas cuarentenas dinámicas. La tendencia perniciosa de la propagación ha ido aparejada con el aumento de los factores dominantes de desigualdad y segregación que rigen en esta sociedad chilena actual; la expresión de estos males hoy, en la crisis sanitaria, se traducen en negación de salud o ausencia de acceso a ésta, pero aún después se sigue prolongando pues ha habido una abierta discriminación otorgándole prioridad al cliente en lugar de al paciente en ciertas prestaciones sanitarias, que dependen de servicios privados. La celeridad con que reciben los resultados de los exámenes los clientes de los centros privados de salud, contrasta con la demora en que esos mismos resultados son recibidos por los pacientes afiliados o dependientes de FONASA (los pobres), los que llegan a recibirlos, porque sobran los casos de personas que nunca reciben el informe respectivo y abundan los casos de quienes mueren sin obtener la respuesta.
Piñera y su gobierno: el principal problema
Lo cierto es que el ministro Paris tiene ahora la responsabilidad de rectificar la estrategia sanitaria y adoptar las medidas que urgen para detener la propagación de los contagios; es urgente que las cuarentenas sean confinamientos efectivos, así como intensificar la realización de testeos masivos preventivos, organizar una labor de rastreo y trazabilidad de los contagios, y pesquisar los contagiados no contabilizados; de igual manera es necesario que mejore la eficiencia de los trabajos de laboratorios destinados a procesar los exámenes; debiese garantizarse la entrega de información epidemiológica en forma oportuna y completa a la comunidad de científicos, epidemiólogos y expertos afines que pueden ser un aporte; un factor a corregir con prontitud es la labor de las Seremías para que presten un real servicio de apoyo a la comunidad afectada, mejorar las formas de asignación de cupos en las casas de acogida; del mismo modo, debiese terminar toda forma de segregación en las prestaciones de salud y en aquellos recintos; particular importancia tiene la necesidad de poner término al ocultamiento y manipulación de cifras de contagiados y fallecidos, transparentar criterios y formas de conteo, como primer paso para comenzar a sumir la realidad del daño hasta ahora causado.
A la par con las acciones preventivas respecto del control de la pandemia, es urgente que se mejore sustancialmente el apoyo a los equipos médicos, especialistas, técnicos y personal sanitario en su conjunto que hasta ahora han hecho el principal esfuerzo por contener la mortandad y asistir y mejorar a los enfermos en los centros hospitalarios. Más equipamientos, más insumos, más personal y especialistas destinados a los centros hospitalarios del sistema público, el más agobiado y recargado por la masificación de los contagios.
El daño provocado por la propagación exponencial de los contagios en los sectores populares de las ciudades y pueblos no se va a detener por efecto instantáneo de un cambio de la cabeza de gestión. Las consecuencias seguirán manifestándose en lo venidero; de hecho, el primer día de gestión de Paris marcó un nuevo record de contagiados. La capacidad de los recintos de urgencia está colapsada y no hay visos de que la tendencia pueda revertirse en las próximas semanas. Ello obliga a que el gobierno corrija y rectifique ahora, aunque sea tarde para los miles ya afectados y fallecidos, es perentorio hacer lo imposible para evitar la mortandad.
Las cuarentenas deben convertirse en oportunas medidas de prevención y contención, y no en tardías formas de tratamiento de una enfermedad ya declarada como ha sido hasta ahora. En efectivas medidas de confinamiento, con apoyo social y material del Estado para la población de las comunas y lugares más vulnerables, y para aquellos que se encuentran en la desprotección y cesantía. Cuarentenas que consistan en un aislamiento efectivo, terminando con el abuso de los permisos a destajo y, en especial, terminar con el baypaseo de los permisos en que incurren ciertas empresas (aquellas que no desarrollan actividades de primera necesidad) para obligar a sus trabajadores a que vulneren las restricciones; todo ello reclama una voluntad política de controlar que se cumplan las medidas.
El otorgamiento de un salario básico solidario a más y vastos sectores es una condición necesaria para garantizar que las cuarentenas sean medidas eficaces. Pero no es suficiente si, a la par de ello, el gobierno no congela los pagos de los servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etc) de las familias afectadas por la crisis; si esta administración no pone un límite al alza de los precios de los alimentos y de artículos de primera necesidad, si no abandona sus posiciones mercantiles y sobreideologizadas para proteger su modelo.
Resulta del todo obvio que el principal problema que tendrá que resolver el ministro Paris, si quiere comprometerse en revertir esta caótica situación sanitaria y humanitaria, es conseguir que Piñera y la coalición gobernante le den espacio y atribuciones para hacer lo adecuado y necesario. Si no es así, su designación no será más que un hecho errático más de este gobierno.
Resumen
