Una ley que no es ley

Los anuncios en educación formulados por el gobierno han copado la agenda legislativa, teniendo amplia cobertura en los medios masivos de comunicación respecto a sus alcances y posibilidades. La propia Presidenta señaló en el Mensaje del 21 de mayo que las modificaciones al sistema educativo son el eje de sus reformas.

Es importante aclarar que el Mensaje Presidencial 131-362 que, “regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”[1] no propone una nueva ley, sino que se trata de un conjunto de modificaciones a artículos puntuales de 4 leyes educativas aprobadas durante los gobiernos de la Concertación:  Ley General de Educación, Ley de Subvención Escolar Preferencial,  Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y el decreto de subvenciones. Por lo tanto, aquí no hay reforma.

El segundo problema grueso que presenta el Mensaje en cuestión, así como también otros que se han despachado en este período, como el proyecto de Administrador Provisional y de Cierre de instituciones educativas, es que no cumple con los grandes propósitos que se plantean explícitamente: “fortalecer la Educación Pública” y “terminar con el paradigma de mercado en educación”. Es más, las medidas o modificaciones propuestas tienden a ser contradictorias con estos propósitos. Mientras las iniciativas legislativas no pongan en el centro la reconstrucción de un sistema nacional articulado de Educación Pública; no acaben con la competencia por matrícula vía subvención por estudiante; y se mantenga la igualdad de trato financiera del estado hacia las instituciones educativas privadas y públicas, no se termina con la concepción de Educación como bien de consumo, posible de ser transado en el mercado.

Los pilares del modelo mercantil siguen intactos

Este proyecto no toca los pilares del sistema chileno de educación de mercado, por las siguientes razones:

1. No se redefine el marco regulatorio general de la educación chilena, manteniéndose la definición de Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza que entrega la constitución de Pinochet/Lagos. La libertad de enseñanza es definida como el derecho de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Por su parte, el derecho a la educación sigue entendiéndose como un bien solamente individual y como un derecho de los padres a elegir (Artículo 19 de la Constitución, incisos 10 y 11)[2].

2. No se modifica el modelo de administración basado en sostenedores educacionales. Se mantiene la figura del sostenedor, quien puede “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” y puede tomar decisiones respecto al personal docente y no docente, a los reglamentos internos y a definiciones curriculares. No hay alusión alguna en estos proyectos a la posibilidad de que sean los actores educativos quienes tomen decisiones sobre el proyecto educativo. De esta forma se mantiene la asimetría entre el derecho de los actores educativos y la facultad del sostenedor de actuar como el propietario y patrón de un proyecto educativo financiado por el estado.

3. No cambia el modelo de financiamiento mercantil y competitivo de la educación chilena: el aumento del financiamiento estatal a escuelas públicas y particulares se sigue realizando vía la subvención por asistencia de estudiantes (subvención a la demanda), lo que obliga a las escuelas a competir por la captación de estudiantes. Este modelo es uno de los factores que ha producido el declive sistemático de la educación pública durante los últimos 30 años.

Además, sigue permitiendo el mecanismo de donaciones empresariales con fines educacionales, que posibilita que las grandes empresas y grupos económicos decidan en qué proyectos invertir, descontando impuestos. A modo de ejemplo el 83% de las donaciones a establecimientos escolares en la Región Metropolitana han sido dirigidas a fortalecer fundaciones y corporaciones privadas, especialmente aquellas ligadas a grupos de poder económico, con proyectos educativos de corte religioso conservador en sectores populares.

¿Se acaba la mercantilización educativa con el fin del copago y el lucro?

El proyecto afirma terminar con el financiamiento compartido y el lucro. Sin embargo, con el aumento de la subvención educacional sin distinción entre público y privado (igualdad de trato) lo que está haciendo finalmente es cambiar el lucro privado por el financiamiento público, consolidar la competencia entre colegios por captar matrícula y fortalecer la educación de mercado.

Además, esta disputa por estudiantes se seguirá dando sobre la base de un sistema educativo altamente segregado por clases sociales. Es decir, las escuelas municipales (en el futuro, quizás públicas) que educan a los/niños/as y jóvenes más pobres y vulnerados del país, y que por lo tanto tienen menores puntajes SIMCE, deberán competir (supuestamente en igualdad de condiciones) con escuelas particulares subvencionadas. Pero estas últimas, gracias a tres décadas de selección de estudiantes y a dos décadas de cobro a las familias, ya se han quedado en sus aulas con los/as niños/as menos empobrecidos/as y menos problemáticos/as para educar. El razonamiento resulta ridículo. Tres décadas de segregación social no se acaban con un proyecto tan limitado como éste.

La competencia, la estandarización, la rendición de cuentas, la administración de colegios como si fueran empresas, el despilfarro de dineros públicos en manos de sostenedores y asistencias técnicas privadas, son todos mecanismos de mercantilización educativa, que no terminan con el fin del lucro, el copago y la selección.

Tal como lo ha venido instalando el movimiento social por la educación, se requieren transformaciones profundas, que derriben los pilares mercantiles de la Educación. Un cambio pequeño no impactará en lo medular del sistema educativo, más aún cuando se plantea, por ejemplo, que el financiamiento compartido se terminará después de 12 años. Lamentablemente 12 años pueden ser suficientes para, con en el ritmo de descenso de matrícula que han seguido las escuelas municipales, ya no exista educación pública que defender.

¿Por qué no fortalecer ahora la educación pública? o El orden de los factores sí altera el producto

Se dice que el objetivo de este proyecto es fortalecer la educación pública, pero al mismo tiempo plantea que la desmunicipalización y un nuevo sistema de educación pública serán presentados unos meses más adelante. ¿Por qué este proyecto no dice una palabra respecto a la re-construcción de Educación Pública? ¿O será que el gobierno hizo suya la idea de que todos los colegios subvencionados son públicos?

El mensaje presidencial propone la compra de infraestructura de establecimiento privados subvencionados por parte del estado, el que a su vez ya financió dicha infraestructura. Al mismo tiempo “El Ministerio de Educación deberá entregar el uso del inmueble a un sostenedor que tenga la calidad de persona jurídica de derecho público o derecho privado sin fines de lucro” ¿Por qué el Estado va a comprar lo que ya financió?, ¿Por qué si el estado comprará edificios escolares a privados no los usa para abrir nuevas escuelas públicas?

¿Por qué la Nueva Mayoría está empeñada en defender la libertad de enseñanza?

No tiene ningún sentido de justicia la defensa de la libertad de elección en un contexto de alta mercantilización, segregación y sin un sistema público fuerte. En efecto, la libertad de elegir por parte de los padres no es independiente de la alta segregación que tienen las escuelas. Si esta reforma hubiera sido hace 20 años, a comienzos de los gobiernos civiles, con una matrícula de educación pública cercana al 60%, podría haber sido un aporte. Hoy en día, ésta es una reforma desfasada que opera con un sistema mercantilizado, muy segregado y altamente privatizado.

Por otra parte, ¿De qué libertad de elección de los padres habla la Nueva Mayoría, cuando se mantiene la selección para acceder a los llamados liceos emblemáticos? El proyecto señala que sólo pueden postular a liceos emblemáticos los niños y niñas que están rankeados en el 20% superior de promedio de notas de su colegio. Es decir, solo tienen derecho a elegir los padres de niños que triunfaron en la competencia en sus escuelas.

Por lo tanto, el proyecto de eliminación del lucro, el copago y la selección, en su forma actual, mantiene los principios de igualdad de trato y libertad de enseñanza, tal como son entendidos en la Constitución del ‘80. Pero también, mantiene el acuerdo de no tocar estos principios a los que llegó la Concertación con la Derecha en el año 2007 en el llamado “acuerdo por la calidad de la educación” posterior a las movilizaciones de estudiantes secundarios del año 2006[3]. Este acuerdo, celebrado por los medios de comunicación y la clase política de la época, dio origen a la Ley General de Educación y a las leyes que han profundizado en todos estos años el mercado educativo (Ley SEP, Ley de Calidad y Equidad, Ley de Aseguramiento de la Calidad).

¿Cómo reconstruir el sistema de educación pública y terminar con el paradigma de mercado?

Dicho lo anterior, se requiere un posicionamiento de la educación pública en sentido fuerte. No se puede acabar con el mercado educativo sin reconstruir lo público en Educación. Esto solo es posible con un fortalecimiento de lo estatal, que implique la participación de los actores y el control de la comunidad respecto de sus procesos educativos.

Asimismo, es imprescindible poner fin al sistema de subvenciones. Para esto, se requiere un financiamiento basal, que asegure la construcción de proyectos educativos pertinentes y sostenibles en el tiempo.

Reconstruir la educación pública hoy, requiere también desarrollar un proyecto educativo de país, laico y pluralista, orientado a las necesidades de las grandes mayorías, que fomente el pensamiento crítico y el ejercicio real de la ciudadanía y la participación. En el marco de este proyecto debe construirse un currículum socialmente pertinente y un nuevo sistema de evaluación no estandarizado. A diferencia de lo que sucede hoy, la libertad de enseñanza de los sostenedores debe supeditarse a este proyecto educativo público.

Por último, se requiere un proceso intensivo de fortalecimiento del eje público/estatal, que revierta los 40 años de privatización y mercantilización. En este sentido, es necesario terminar con la ideología de la igualdad de trato entre lo público y lo privado, ya que ella ha significado en la práctica una desigualdad a favor de lo privado. Si esto no se rompe, será imposible fortalecer lo público en Educación.