“Estamos conscientes de nuestro papel en este ciclo político, los trabajadores estamos avanzando en estos años lo que no se pudo en los últimos 40,  desatando las últimas amarras de un modelo neoliberal que se agotó.  Estamos en la ruta de construir un nuevo modelo de desarrollo, donde el trabajo y no el capital estén al centro”. Con esta declaración Bárbara Figueroa defendía hace unos días el acuerdo sobre el Salario Mínimo (de ahora en adelante SM) alcanzado por los representantes de la CUT y el Gobierno de la Nueva Mayoría. La grandilocuencia de sus palabras amerita, cuando menos, un examen político de los alcances reales de este ajuste, su relación con años anteriores y las demás promesas que contiene el acuerdo.

No es la primera vez que la multisindical “más representativa de los trabajadores”[1] se sienta a construir consensos con el gobierno. La novedad radica en la evaluación excesivamente optimista que se hace de sus resultados. Una rápida mirada a los Acuerdos Marco Tripartitos de comienzos de los 90, así como a cada uno de los hitos de diálogo protagonizados por la CUT durante la transición hasta ahora, ya sea con empresarios o con el Ejecutivo, dejan como saldo un repetitivo libreto de insatisfacción entre sus dirigentes y acusaciones recíprocas de intransigencia, aunque claramente la agenda que más avanzó en materia de reformas laborales fue siempre la del empresariado, esto es, mantener intacto el Código Laboral del Régimen Militar en aquellos aspectos que más trabas generan para el fortalecimiento del movimiento sindical.

En este caso la posición de la CUT ha sido contradictoria. Al mismo tiempo que reconoce la insuficiencia del monto del nuevo SM, ha aplaudido su futuro aumento a $250.000 el 2016 como un hito histórico, en tanto que el acuerdo incluye tres puntos más: una comisión asesora salarial del mercado del trabajo, un proyecto de ley de fortalecimiento sindical y de negociación colectiva, así como un programa de fiscalización del ingreso mínimo mensual, a modo de “emparejar la cancha”, principal objetivo de la CUT en este “nuevo ciclo político” que se abre[2].

Un par de días antes, la Ministra del Trabajo planteaba una agenda con énfasis en el fin al reemplazo durante las huelgas, modificaciones en los mecanismos de negociación colectiva que incluyen titularidad sindical y el establecimiento de pisos mínimos de negociación[3]; nobles intenciones que ayudarían a recuperar (¡recién!) algunos estándares del modelo laboral chileno del siglo pasado y que fue arrasado por la Dictadura. La maniobra de la CUT podría leerse entonces como un avance interesante, si no formara parte de un amplio historial de promesas incumplidas del sector político que representa.

Pero lo más importante es que el aparente entendimiento con la Nueva Mayoría elude deliberadamente el aspecto más importante conquistado por el movimiento obrero tras décadas de lucha: la existencia de derechos colectivos más allá del sindicato de empresa, esto es, la posibilidad de organizarse, negociar y presionar por su salario (pero también por mucho más que eso) a nivel interempresa y por rama de actividad. Sin ello, las luchas de los trabajadores estarán condenadas a una debilidad endémica, y el SM negociado entre gallos y medianoche seguirá siendo el único instrumento de resguardo contra la precariedad laboral absoluta de la mayoría de los asalariados, estén o no sindicalizados. Pero, ¿qué significa esto en la práctica?

Lo primero que conviene aclarar, es que solamente tiene sentido hablar de salario en términos reales, es decir, de lo que realmente permite consumir y no de lo que indican los engañosos números. En este sentido, una sencilla comparación de nuestro país con el resto de la OCDE con dólares según Paridad de Poder de Adquisitivo (PPA) muestra que estamos muy por detrás del resto en cuanto a SM.

Figura 1

Teniendo este gráfico como referencia, considerando la inflación acumulada para el 2014 y las estimaciones del Banco Central[4], el crecimiento del monto acordado por la CUT (225 mil ahora, 241 mil el próximo año y 250 mil el 2016) no alterará significativamente nuestro lamentable lugar en este ranking. En efecto, representa una variación de sólo el 6% en términos reales, el mismo crecimiento decretado durante el último año de Piñera que se traducirá, en esta ocasión, en un monto cercano a los $3.500 pesos mensuales extra para los bolsillos de las familias. Lo único histórico que cabría destacar en esta oportunidad, por tanto, es la terca continuidad de una política salarial mezquina por lo menos desde el gobierno de Lagos hasta hoy.

Y es que el “progresismo” chileno ni siquiera ha logrado ponerse a la altura de los dos primeros gobiernos de la Democracia Cristiana en esta materia. Al mismo tiempo que Aylwin contemplaba alegremente la decadencia del sindicalismo combativo que abrió la posibilidad de la transición, el crecimiento del SM real durante su periodo fue de un 34%. Luego, mientras Frei se declaraba incapaz de cumplir cualquier tipo de promesa laboral hecha durante la campaña, subió el SM real en un 38%. Con Lagos el alza se reduce a la mitad (19%), para seguir descendiendo sin parar hasta el 6% logrado este año respecto al 2013.

Figura 2

Podría argumentarse que estas alzas en los 90’ respondieron a una coyuntura económica de crecimiento favorable. También sería correcto afirmar que ante el mísero SM durante el Régimen Militar, cualquier alza razonable parece ser muy generosa cuando solo se trata de recuperar un poder adquisitivo muy deprimido. También habría que analizar el impacto de la “Crisis asiática”, entre otros factores para comprender este fenómeno. Sin embargo, los datos muestran que desde el 2003 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se dispara en relación al SM Real, lo que demuestra que no se trata de un problema de generación de riquezas, sino que de un descenso de la participación de los salarios en su reparto.

Figura 3

Por último, si consideramos que hacia el 2011 al menos el 50% de la fuerza de trabajo del sector privado recibía menos de $235.000 mensuales[5], la conclusión más evidente es que el modelo laboral chileno es adicto a pagar salarios bajos, es decir, su dinamismo se sustenta en la capacidad de concentrar la riqueza creada por los trabajadores en manos de los grandes empresarios. ¿Realmente valía la pena celebrar esta alza por parte de la CUT?

Las deudas pendientes de la Concertación en cuanto a los cambios en el Código del Trabajo, lejos de invitar a la CUT a firmar más cheques en blanco y declaraciones de buena crianza, debieran derivar en un rescate de la política sindical que mejores resultados ha dado desde el retorno a la Democracia: un sindicalismo con un proyecto propio que no dependa de los gobiernos de turno, enraizado en la discusión democrática e inclusiva de las amplias bases de trabajadores, y con disposición la lucha directa contra la institucionalidad empresarial y sus representantes. Y este imperativo cobra mayor fuerza en momentos en que la Nueva Mayoría reedita con el proyecto de Multirut y Reforma Tributaria la vieja política de los consensos. ¿Cómo podría un sindicalismo autocomplaciente evitar que esto se replique en cuanto a la reforma laboral?

El acuerdo es casi unánime: el SM no alcanza para cubrir una vida digna para las trabajadoras y los trabajadores. El problema evidentemente no es técnico sino político: cómo los trabajadores son capaces de reapropiarse de sus propios referentes o de crear otros. Existen esperanzas, por cierto, en las dirigencias regionales de la CUT que han mostrado su desacuerdo con las decisiones de Figueroa, Martínez y compañía[6], y también en un nuevo sindicalismo que va tomando fuerza, con sus victorias y derrotas, al calor de las movilizaciones que dan a pesar de las posturas de la multisindical.

Por mientras, es necesario tener claro que en lo inmediato una real mejora en los salarios de los trabajadores debe contemplar la capacidad de instalar la negociación colectiva como un instrumento masivo de incremento en la fracción de las ganancias apropiadas por el trabajo a costa del capital, especialmente en aquellos sectores que carecen de toda posibilidad de implementarla. Además, se debe considerar también la mejora de los salarios indirectos (salud, educación y otros gastos sociales) y del salario diferido (pensiones y seguro de cesantía). En otras palabras, un real avance en términos salariales se compone de una agenda mucho más amplia que el SM, y tiene que ver con afinar un programa de lucha que apunte a los aspectos más relevantes para avanzar hacia un movimiento sindical protagónico en el devenir de Chile.