En el desarrollo de la economía capitalista ya no basta con convertir la salud, la educación y los demás servicios básicos en un negocio. Los grupos financieros que tienen la propiedad de las empresas y servicios también son propietarios de la tierra y del agua.

Es durante la dictadura militar, concretamente el año 1981, cuando se crea el Código de Aguas, código, cuyo marco jurídico define de forma simultánea al agua como un bien nacional de uso público y también como un bien económico, lo que se traduce en la “autorización oficial” que da inicio a la privatización del agua. El código de aguas promulgado en la dictadura militar establece que el Estado entrega los derechos a particulares y empresas a título gratuito para un uso determinado.

Con la privatización de las aguas, se separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, creándose el mercado de las aguas, mercado que a través de la compra y venta de derechos de agua, deja en la indefensión absoluta a las comunidades, las que ven como sus recursos hídricos se desvinculan de su territorio.  Además, hoy el dueño de una propiedad a la que se quiere hacer un chequeo de extracción ilegal de agua, puede prohibirles el ingreso a los agentes fiscalizadores del Estado chileno, de hecho hay casos donde se ha requerido monitorear glaciares y no se ha podido entrar.

Hay voces en Chile exigen detener el uso irracional y especulativo de este recurso, ya que existen casos en que no se utilizan las aguas para dejar subir su precio en mercados donde existe escasez del recurso.

Hay muchas limitaciones al rol regulador del Estado en materia de aguas, reconoce el mismo Sergio Bitar, a la cabeza del MOP. Así se han restado facultades al Estado pretendiendo que el mercado regule la explotaciòn, pero sabemos que el mercado actúa sin regulación alguna favoreciendo sòlo a unos pocos.
 
Las políticas públicas implementadas por la Concertación han favorecido la concentración de derechos de agua en el sector agroexportador y en el sector generador de electricidad, en este último caso, se ha concentrado en la transnacional ENDESA-ESPAÑA.

El proceso de liberalización a ultranza que han experimentado los recursos hídricos nacionales, ha erosionado de forma irreversible el acceso a un recurso considerado como un bien de uso público.

El mercado de las aguas y su afán especulativo ha provocado una enorme presión sobre las cuencas, afectando en algunos casos de forma irreversible los caudales ecológicos: en Chile más del 85% de los derechos de agua de uso Consuntivo (aguas que no se reutilizan superficialmente) se encuentran en manos del sector agrícola y más del 83% de los derechos de agua de uso No Consuntivo (donde se devuelve las aguas a los ríos) se encuentran en manos de ENDESA-ESPAÑA y ahora pretende utilizar parte de ellos en un nuevos proyectos Hidroeléctricos fuertemente resistido en la región de Aysén y en en la zona del alto del Biobio.

Una mención especial amerita la situación del agua potable en nuestro país. En Chile son las denominadas empresas Sanitarias las responsables de proporcionar el agua potable a la poblaciòn, empresas que durante los procesos privatizadores impulsados por los gobiernos de la concertación, fueron traspasadas a grandes consorcios nacionales e internacionales, hoy grupos económicos como los Solari, Luksic, Vicuña y León, además de Anglean Water, Thames Water del Reino Unido, Iberdrola de España, y Suez Lyonnaise Meaux, este último propietario de Aguas Andinas, controlan prácticamente el 100% del agua potable que se consume en los hogares Chilenos.