Se estima que al menos 200 mil personas (hasta 400 mil) no poseen servicio de agua potable a lo largo de Chile, y se encuentran desprotegidas frente al acaparamiento de los derechos de aprovechamiento de agua por parte de grandes corporaciones privadas. Quienes concentran los derechos de uso de agua lo utilizan para lucrar a través de distintas actividades, siendo la agricultura y la minería los principales consumidores de agua.

Estas y otras actividades productivas ejercen su poder fáctico para impedir las modificaciones al Código de Aguas. Grupos como la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, la Corporación de la Madera y las Generadoras Eléctricas, se sirven de su autoridad informal o su capacidad de presión (expresadas en dinero) para influir políticamente. Para esto utilizan los medios de comunicación masivos, que también son de su propiedad o de sus amigos/socios, además de otros medios menos visibles para el común de la gente, donde el lobby en Parlamento y Palacio, financiamiento de campañas electorales y eventos ostentosos con autoridades públicas son el piso mínimo de su accionar. Ejemplos surgen a borbotones dondequiera uno se encuentre.

Defender el Código de Aguas torciendo argumentos para ajustar un discurso a la medida de los poderosos no resiste análisis. Planteamientos que se leen o escuchan en los medios de comunicación masiva, tales como que “lo que se requiere son mecanismos de emergencia para proveer agua potable de uso doméstico en ciertos poblados, sin que sea procedente ni necesario que se dañen actividades productivas próximas a ellas”, es reconocer que hay agua disponible, pero que se debe favorecer actividades productivas antes que satisfacer las demandas humanas. ¿Acaso el “daño” a una actividad productiva es más relevante que el “daño” que provoca a un ser humano no disponer de agua? Hablamos de Derechos Humanos, el Estado es responsable de proveerlos a todos sus habitantes.

El poder fáctico no está legitimado ni busca legitimación para ejercerse; la soberanía popular si tiene legitimidad, pero está dormida y no se ejerce. Cuando la soberanía popular se ejerza para exigir un cambio en esta tiranía del agua (y de tantas otras cosas), el Estado en su conjunto tendrá que decidir si sigue sirviendo a los poderosos o cambia. En cualquier caso, la autoridad actual debe entender que es pasajera en este trance.

En este contexto, se requiere una modificación al Código de Aguas y la Constitución que respondan al menos a las demandas de los habitantes por la conculcación de sus Derechos Humanos. Chile ha suscrito una serie de acuerdos internacionales, tales como la Carta Fundamental de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales otorgan al acceso al agua y saneamiento el carácter de derecho humano fundamental. En consecuencia, el Estado de Chile está incumpliendo estas normas de relación internacional al no entregar agua potable y saneamiento a todos sus habitantes.

Entregar al Estado la atribución de establecer una prelación en el acceso a los derechos de uso del agua es necesario para asegurar agua de calidad para consumo humano, soberanía alimentaria y funcionamiento de los ecosistemas. Sin esta prerrogativa las empresas del agro, minería y forestal seguirán acaparando los derechos de agua consuntivos, dejando sin agua a miles de chilenos, como ocurre hoy en muchos territorios del centro, norte y sur de Chile.

El régimen de propiedad privada establecido sobre estos derechos otorga seguridad jurídica y transabilidad, pero también permite la especulación, garantizando su asignación entre los más poderosos y excluye a la inmensa mayoría de los chilenos. NO es aceptable que a estas alturas, con la “chapa” OCDE que tenemos como país, cientos de miles de personas no tengan acceso a agua potable de acuerdo a los estándares internacionales (OMS, ONU, OCDE); NO es estratégico que todas las empresas proveedoras de agua potable para las urbes estén al arbitrio de corporaciones privadas y; NO es digno que los Comités de Agua Potable Rural reciban solo migajas del Ministerio de Obras Públicas, uno de los más poderosos dentro del aparato estatal. En síntesis, NO es estratégico ni ético que el Estado se desentienda de su deber de entregar agua en cantidad y calidad suficiente a cada ciudadano de este país.

Así las cosas, es preferible cambiar las reglas de una buena vez, con el fin de asegurar el agua necesaria para las funciones vitales de humanos y ecosistemas, evitando un estallido social y un nuevo bochorno internacional del Estado por incumplir tratados internacionales que demandan una vida digna para los seres humanos.

Las propuestas

Los cambios legislativos deben reconocer la relevancia estratégica del agua, elevando a rango constitucional la prevención de que las aguas son bienes nacionales de uso público, garantizando que el bien común esté por sobre la propiedad privada. Para enfrentar los problemas que genera el Código de Aguas se debe modificar su estructura de funcionamiento y la institucionalidad que se hace cargo de su aplicación. Las aguas tienen, entre otras, funciones sociales, ambientales y productivas (1). Para garantizar los diferentes usos en un territorio se debe considerar un análisis a escala de cuenca hidrográfica, ya que permite identificar e integrar espacialmente los diferentes usos de un curso de agua. Se debe considerar una priorización de usos, asegurando por parte del Estado el consumo humano, soberanía alimentaria y caudal base para el funcionamiento de los ecosistemas (caudal ecológico). Al resguardar estas funciones de los criterios del mercado se satisface además la legislación internacional vigente en Chile.

Una vez satisfechas las funciones social y ambiental del agua dentro de una cuenca, podrá ser atendida la función productiva, donde el Estado puede entregar concesiones temporales de uso a privados.

Actualmente, los derechos de aprovechamiento de agua se entregan en términos absolutos (Litros por segundo) y en igual cantidad para todos los meses del año, cuando la realidad nos muestra que los caudales fluctúan estacionalmente (mayor volumen en invierno y menor volumen en verano) y en el largo plazo muestran tendencias. Una solución viable y operativa es entregar concesiones de uso de agua en términos relativos, como porcentaje del caudal, lo que permitiría integrar las variables estacionalidad y tendencias de largo plazo en el uso del agua. Eso sí, esta medida debe aplicar a todos los derechos previamente concedidos, otorgando certeza jurídica a los que detentan derechos de aprovechamiento, pero en base a un caudal real.

En cuanto a la institucionalidad, el Estado debe tener atribuciones para revocar derechos de aprovechamiento de agua en casos de agotamiento, especulación o acaparamiento con fines de lucro, además de entregar recursos para una fiscalización efectiva. Para esto es fundamental el monitoreo hidrológico continuo, porque se debe contar con información de los caudales reales disponibles y mantener un registro de largo plazo.

Por otro lado, es fundamental nacionalizar las empresas sanitarias, para lo cual el Estado debe controlar al menos el 51% de la participación patrimonial. Las decisiones deben estar orientadas al bien común. Esto corregiría el error político-estratégico de concesionar las empresas sanitarias a privados, cometido por los distintos gobiernos a partir de la segunda mitad de la década de 1990.

En el sector rural se debe aprobar el Proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales, para dotar a los Comités de Agua Portable Rural de herramientas legales, capacitación y financiamiento para que puedan llevar a cabo su rol social. Para esto es fundamental que FENAPRU, Asociaciones provinciales y CAPR tengan una participación directa y vinculante en la discusión de este cuerpo legal.

Finalmente, se debe resolver el problema de cobertura en la población rural semi concentrada y dispersa, ya que actualmente no cuentan con apoyo de Estado y son los habitantes que viven con mayor dramatismo los problemas escasez de agua.

El cambio de reglas debe estar acompañado de un cambio en el paradigma social actual, transitando hacia un Estado del bienestar basado en el respeto a los Derechos Humanos y el buen uso de nuestros ecosistemas. Las soluciones económicas-instrumentales implementadas desde el centralismo no han podido superar los problemas actuales; de hecho son estas “soluciones” las que crean los problemas, porque han llevado al ser humano a enfrentarse con el ambiente y depredarlo. Por el contrario, la evidencia parece sugerir que las soluciones locales pueden generar resultados más flexibles, exitosos y sostenibles, especialmente donde la escala y las particularidades territoriales son muy relevantes.

Las soluciones para los problemas de hoy no son anunciar la entrega de miles de millones de pesos y firmar un decreto para “apurar proyectos de infraestructura pública para evitar las licitaciones y los procesos burocráticos, con el fin de ejecutar las contrataciones directamente“(2), como se hizo para enfrentar la crisis del agua en Petorca. Esto sólo sirve como nueva fuente de connivencia entre grandes corporaciones privadas que lucran y el Estado secuestrado por los partidos políticos, destinando dineros públicos para inversiones que tendrán rentabilidad privada, como los embalses y proyectos de riego, asegurando de paso a los privados la propiedad legal y funcional sobre el agua cada vez más escasa.

Las soluciones deben venir desde los habitantes locales, apoyados por organizaciones clave de la sociedad como la academia y la sociedad civil, quienes utilizando el conocimiento disponible y ejerciendo la soberanía popular establezcan una visión enfocada en el bienestar de los habitantes del territorio.

Considerando la geografía montañosa de Chile, con ríos que corren desde las cordilleras hacia el mar, la forma más adecuada para entender y manejar las interacciones socio-ecológicas es a través de la gestión integrada de pequeñas cuencas hidrográficas. La experiencia enseña que la gestión local del agua genera resultados que no son económicamente los más eficientes bajo las reglas del mercado, pero sí socialmente aceptados, más equitativos y ambientalmente sostenibles.

Este nuevo paradigma requiere una visión sistémica del territorio y la participación de la población local en los procesos de planificación, implementación, seguimiento y toma de decisiones. Por lo tanto implica establecer planes de manejo de cuencas y el desarrollo de capacidades locales que faciliten la participación real de todos los actores, incorporando el conocimiento, cultura y valores de las comunidades humanas que viven en las cuencas y reconociendo que los límites institucionales y político-administrativos pueden entrar en conflicto con los límites de los territorios socialmente definidos. Las prácticas productivas deben tener criterios ecológicos.

La propuesta entonces es unir fuerzas para lograr las necesarias modificaciones al Código de Aguas y la Constitución, pero también a pensar el desarrollo desde los territorios, y no aceptar más proyectos extractivistas que depredan los bienes públicos y despojan a los habitantes locales de sus Derechos Humanos y Sociales.

Es la soberanía popular la que debe expresarse en estos tiempos, donde el mundo está regido por grandes corporaciones privadas que se comportan de manera anárquica (en el sentido de no reconocer al Estado), saqueando los ecosistemas para obtener productos minerales, vegetales y animales destinados a la exportación. La mirada obsecuente del Estado nos indica que quienes detentan el poder hace rato perdieron el rumbo hacia el bien común. Existen diversos grupos de personas, más o menos organizadas, que están actuando desde sus territorios para intentar cambiar el escenario actual. Debemos coordinar nuestras acciones y unir fuerzas para presentar al Estado una nueva forma de gobernanza, basada en el respeto a los derechos humanos, promoviendo el bienestar social y una gestión local para conservar los ecosistemas que nos permiten habitar este planeta.

http://www.aguaquehasdebeber.cl/noticias/el-codigo-de-aguas-y-el-temor-de-unos-pocos-al-cambio-segunda-parte/