En la actualidad el factor “humano” es determinante para la conservación de las funciones de los ecosistemas, que nos proveen servicios vitales para nuestro bienestar, como alimentos, agua limpia y energía, entre muchos otros. El factor humano es un componente relativamente nuevo para la historia de la Tierra, pero que realiza un enorme impacto a través de sus actividades productivas (por ejemplo minería, pesca, agricultura, forestal), superando en muchos casos la capacidad de los ecosistemas para recuperarse de estas perturbaciones. El agua, elemento esencial de los ecosistemas y que sostiene todas las actividades humanas, se encuentra en un estado particularmente crítico producto del agotamiento de acuíferos y desecación de aguas superficiales. Esta situación es agravada en un contexto de cambio climático, ya que altera y agrega incertidumbre a las dinámicas de los sistemas naturales.

El problema del recurso hídrico es, entonces, un problema socio-ecológico, ya que los problemas que existen se dan en los sistemas naturales pero quienes padecen en último término las consecuencias son los habitantes, que ven vulnerados sus derechos. Las autoridades públicas son en último caso los responsables de esta situación, ya que conceden y administran tales derechos, por lo tanto el problema del agua debe ser entendido como principalmente político.

La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados comenzó la discusión de un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, sin embargo, es evidente que el principal problema que impide el buen uso del vital elemento está en la propia Constitución (Artículo 19, inciso 24). Por lo tanto, no es suficiente declarar que el agua es un bien nacional de uso público, ya que si no se modifica el mecanismo para entregar y transferir los derechos de aprovechamiento de este bien común a los privados, se sigue permitiendo que se transforme en un bien económico que se puede transar en el mercado. Esto tiene como consecuencia práctica el despojo de un derecho humano fundamental: el acceso a agua para consumo humano.

Los conflictos por el recurso hídrico en Chile se repiten y aumentan en todo el país, dando cuenta de un problema sistémico, que cruza lo político, social, cultural, ecológico y económico. Chile es un ejemplo extremo de neoliberalismo en que el mercado ha sido un desastre: el mercado puede ser una herramienta virtuosa, ya que tiene gran dinamismo, asigna recursos y estimula una serie de iniciativas. Sin embargo, cuando no tiene riendas va en una sola dirección: el lucro de los protagonistas principales que terminan invadiendo los distintos territorios de acuerdo a sus intereses. El problema radica, entonces, en la generación de un espiral de degradación en torno al poder, donde un grupo de pocos seres humanos (5%) afectan a la gran mayoría (95%) a través de sus decisiones inconsultas de inversión de capital, que perturban las funciones de los ecosistemas^[1] de manera negativa, en muchos casos irreversibles, y evaden impuestos que permitirían paliar en algún grado su impacto. Y esto ocurre porque en Chile desde hace 40 años que se están haciendo las cosas muy mal, porque se ha producido un desbalance entre el mercado, que es anárquico porque responde a los intereses de las grandes empresas y su afán de lucro, y el Estado, que debería ser el garante del bien común. Entonces las decisiones en cuanto a que se hace con el agua ha quedado en manos de corporaciones privadas, que naturalmente buscan darles los mejores dividendos a sus socios. Lo que pase con el país es un “problema país”, aunque ellos siempre colocan al país a su servicio cuando se trata de desregulaciones o crisis financieras. Esto nos ha llevado a una situación crítica e insostenible y todos los indicios apuntan a que los conflictos por el agua sólo van a empeorar.

Describir los conflictos por el agua en Chile es un ejercicio que podría tomar varios volúmenes, pero afortunadamente han surgido iniciativas que intentan recopilarlos. Para conocer detalles se puede revisar algunas publicaciones como los “Conflictos por el Agua en Chile” del Programa Chile Sustentable), las Batallas por el Agua y el Mapa de los Conflictos Ambientales, ambos publicados por la editorial Le Monde Diplomatique; además de páginas web que intentan graficar estos conflictos, como el Mapa de Conflictos por el Agua de la iniciativa “Agua que has de beber” (www.aguaquehasdebeber.cl) y el mapa de conflictos socio-ambientales del INDH (www.indh.cl/mapa-de-conflictos-socioambientales-en-chile). La invitación, entonces, es a articular nuestras iniciativas y generar un frente común que aborde estos conflictos proponiendo soluciones de fondo, y no a través de “maquillajes” a los cuerpos legales y medidas “cosméticas” como entregar agua en camiones aljibe, que no resuelven el problema y solo atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas.

Este esfuerzo es sin lugar a dudas un aporte para visibilizar las problemáticas por el agua en Chile, pero el camino de solución se debe construir desde cada territorio, con una amplia participación vinculante de sus habitantes, donde el Estado debe promover la articulación entre actores. A nivel país se debe respetar los acuerdos internacionales y abordar un nuevo marco constitucional y legal, que permita a los habitantes de los territorios recuperar los bienes naturales que hoy están en manos de corporaciones privadas (minerales, agua, tierra) y permiten la recuperación de nuestro bienestar (agua para consumo, soberanía alimentaria, paisaje, conectividad, entre otros). Paralelamente se deben implementar regulaciones que favorezcan un manejo ecosistémico y promuevan mejores prácticas productivas. La fiscalización debe ser oportuna y de amplia cobertura, para cautelar el buen uso de los bienes naturales y la repartición justa de los beneficios.

En la escala local es fundamental cambiar la lógica individualista actual y las formas de ejercer el poder, promoviendo espacios de encuentro transversales donde los múltiples actores dialoguen para construir una visión de territorio y una planificación/ordenamiento territorial con participación vinculante, que permita en primer término asegurar el bienestar de la población local y luego, si aún existe disponibilidad de estos bienes, dar cabida a emprendimientos privados que poco y nada dejan en los territorios. Considerando la geografía montañosa de Chile, la mejor herramienta para llevar a cabo este proceso es el manejo integrado de cuencas.

El desafío, entonces, comprende al país en su conjunto y para movilizar a las masas dormidas en el sueño profundo que te promete la felicidad a través del consumo, es menester hacer de la política un acto cotidiano, que se practica como el arte de saber negociar pero también compartir. Sin una ciudadanía informada esto no se pude realizar, por lo que el llamado es a vincularnos con nuestros vecinos, compartir información y experiencias y soñar con las soluciones para construir otro Chile.

[1] Desde la mirada antropocéntrica esto genera una disminución de la provisión de servicios ecosistémicos.

Por Cristián Frêne Conget, director iniciativa “Agua que has de beber” y socio de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.

El Ciudadano

Fuente: http://www.elciudadano.cl/2013/12/17/100884/el-codigo-que-hace-agua/