El fin de semana, la próxima ministra del Interior y Seguridad Pública del futuro gobierno de Gabriel Boric, Izquia Siches, respondió al emplazamiento del gremio de camioneros que pidió que el Estado de Excepción Constitucional, en el marco del conflicto estado chileno con el pueblo mapuche, se prolongara en provincias del Biobío y La Araucanía, planteando que “mi primer llamado es que nos podamos juntar, reunir a conversar porque necesitamos repensar la forma de enfrentar este problema”.Por Felipe Soto Cortés
No se puede hacer tortillas sin quebrar huevos dice un antiguo refrán. El dicho ha sido aplicado frecuentemente a situaciones sociales y políticas en que la clase dirigente decide que una parte de la población debe ser quien pague los costos de sus decisiones.
La decisión es moralmente criticable, pero políticamente ineludible. Siches trae a colación el mismo discurso de los últimos 30 años de transición para abordar el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche: una suerte de paz y reconciliación, reconocimiento a las demandas históricas, diálogo y por supuesto, el aislamiento y criminalización de lo que la derecha, la Nueva Mayoría y la Concertación han denominado grupos violentistas, narcoguerrillas y terroristas. Discurso que por cierto “sacrifica” a los grupos autonomistas.
Weichan Auka Mapu, la Resistencia Mapuche Malleco, la Resistencia Mapuche Lafkenche y la CAM ya han advertido al nuevo gobierno que su política de recuperación territorial y lucha por la autodeterminación no cederá. El llamado al diálogo no convence a un Pueblo Nación agredido por décadas por las policías, empresas transnacionales energéticas y el latifundio forestal y agrícola. Sin olvidar por cierto, el histórico despojo.
Si hay algo que han aprendido estos grupos que se enfrentan contra las policías chilenas y privadas, contra miembros del Ejército y la Armada, es que la acción directa, la recuperación territorial y la autonomía política fortalecen su autodeterminación como pueblo. Son cientos de hectáreas recuperadas que hoy se encuentran bajo control de comunidades mapuche que apuestan por esta vía. ¿Por qué deberían, entonces, dialogar con quienes representan el poder forestal, latifundista y transnacional?.
No obstante, esto es solo una parte de la realidad que se vive en Wallmapu. Grupos delictivos también existen -y han existido siempre- en las zonas rurales. El bandidaje devenido en delincuencia común y también en tráfico de drogas, es parte de lo que se vive en la zona, como en todo Chile. Sin embargo, las monstruosas patrullas, los anfibios blindados, las policías militarizadas y las Fuerzas Armadas no son utilizadas contra estos grupos delictivos.
La WAM tuvo un gesto en ese sentido. En una acción llevada a cabo por el grupo, recuperaron un furgón escolar que había sido robado por un grupo de delincuentes en noviembre del año pasado. La organización autonomista incluso ha declarado que no permitirá la actuación de bandas criminales en sectores donde operan.
Te puede interesar: Organización mapuche recupera vehículo escolar robado lo que no hicieron ni policías ni fuerzas armadas
Lo primero que debiera hacer la elite santiaguina es dejar de confundir Arauco con la Araucanía. En segundo lugar, debieran comprender que el nivel de desarrollo de los grupos autonomistas es mayor y mejor de lo que el Estado chileno ha querido reconocer. En tercer lugar, que no se pueden confundir grupos delictuales con agrupaciones políticas. Y en cuarto lugar, que si el nuevo gobierno responde a los emplazamientos de camioneros, forestales y transnacionales, está claramente escogiendo “un lado del bando”.
No puede pensarse que toda solución va a recaer en la nueva Constitución: los gestos para avanzar en una relación pacífica entre naciones deben partir desde el estrado que tiene el nuevo gobierno. Y no solo porque el conflicto pueda importar o no al pueblo mapuche. Hoy, una de las principales responsables de la grave escasez hídrica que enfrenta el centro sur del país, es la industria forestal. La intervención estatal sobre su control territorial, es una medida que apuesta a la supervivencia del pueblo chileno y el mapuche.
¿Por qué entonces, obedecer al emplazamiento de un gremio que paralizó en plena pandemia desabasteciendo a la población de productos básicos?
