Los anuncios efectuados la semana recién pasada por el presidente Piñera acerca de un detallado plan de vacunación a la población del país, dejan más dudas que certezas, generando más incertidumbre que tranquilidad. Es evidente que el proceso de aplicación de las vacunas debe seguir ciertos protocolos y, sobre todo, cierta escala de prioridades, lo que es absolutamente normal. Pero no es tan nítido que dicho proceso vaya a ser o esté siendo lo suficiente amplio y criterioso para abarcar a todos los sectores de la población y todos los rincones de Chile con igualdad de oportunidades y condiciones. Como el nuestro es un país en donde campea la discriminación, la desigualdad, el centralismo exacerbado, la segregación social, resulta del todo evidente que para los habitantes comunes y corrientes el acceso será lento y engorroso.
La disparidad de criterios para llevar a la práctica las prioridades ya muestra engaños y errores. Así lo ha hecho saber la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien ha señalado que no todo el personal médico y hospitalario vinculado al sector de urgencias y enfermos críticos está siendo incorporado en la vacunación prioritaria, como debiera ser, así como resaltó la falta de trasparencia en el mecanismo de distribución de las partidas a las regiones del país, remarcando que hay diferencias sustantivas entre unas y otras.
La propia escala de prioridades establecida por el Gobierno y el Ministerio de Salud merece reparos. La elaboración detallada de esta escala corresponde al Departamento de Inmunizaciones del Minsal que establece un plan de tres etapas y ocho subgrupos. En el tercer escalón de prioridad de acceso, de la primera etapa, aparecen incorporadas las fuerzas armadas y policiales bajo el eufemismo de “trabajadores esenciales para el funcionamiento del Estado y la sociedad”, lo que denota la importancia y necesidad que reviste para este gobierno mantener conformes y dispuestas las fuerzas militarizadas para labores represivas. La programación del Gobierno es una prueba más de que utilizan la pandemia en función de sus propósitos políticos y mercantiles, en este caso, dejar el proceso de elección de constituyentes y lo que devenga, coaccionado por el plan de vacunas; no es pura casualidad que un proceso de vacunación de tan sólo 15 millones de personas tarde tantos meses, en circunstancias de que países con cientos de millones de habitantes lo harán en menor tiempo que el nuestro.
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Esperemos que esta primera etapa de vacunaciones prioritarias, que se extenderá hasta fines de marzo, no sea una muestra más de la grosera desigualdad y discriminación que afecta a nuestra sociedad. Esperemos también que la obtención y distribución de las vacunas en el territorio no se convierta en un factor de negocios por sobre la necesidad sanitaria, cuestión que ha sido una de las características de este gobierno en el manejo de la pandemia. Esto sin considerar los privilegiados que utilizarán sus redes para acceder a éstas sin respetar ningún orden de prioridad y los abusadores que harán negocios con las vacunas sin importar ninguna consideración sanitaria, como ya se ha visto en ciertas clínicas privadas que venden certificaciones de test PCR sin efectuar test.
En todo este proceso, la población no puede ser más que espectadora o víctima de las decisiones de los gobernantes; se trata en este caso de cuestiones científicas, médicas, sanitarias, que pueden ser retorcidas o utilizadas a su amaño por gobernantes inescrupulosos, pero en donde la ciudadanía no tiene forma directa de intervenir. La adquisición de las vacunas, al menos, se ha hecho más variada recurriendo a cinco suministradores o proveedores, no quedando así sometidos a las imposiciones del exgobierno de Trump que el mandatario chileno había aceptado gustoso y sumiso.
Pero en el proceso de distribución y aplicación de la misma, la población depende, esencialmente, de las observaciones, de la vigilancia y del control que efectúen las comunidades médicas, científicas y el personal de los recintos hospitalarios, para exigir que se actúe con criterios sanitarios, amplios, igualitarios y cumpliendo los protocolos establecidos.
La vocación mercantil y pro empresarial de este gobierno, obliga a desconfiar de las decisiones que adopta y de los anuncios que formula. Más se desconfía cuando el portador de tales noticias es el propio mandatario quien ha dado muestras de sobra de actuar en beneficio propio y del gran empresariado, privilegiando los intereses de mercado por sobre la salud y la vida de la población; ello acompañado, además, de constantes actuaciones individuales en donde ha dado muestras de altanería y despotismo. El mismo que no respeta protocolos, ni acata las restricciones ni usa mascarilla, es un gobernante carente de toda legitimidad y de toda autoridad moral, se sostiene sólo por la necesidad del bloque en el poder de mantener las apariencias de un país gobernable y, desde luego, por la vanidad que envuelve la figura completa de Piñera, que no le permite sustraerse de cualquier aparición pública que le pueda reportar dividendos de popularidad, para complacer su ego. Esta vez no fue la excepción con el anuncio de las vacunas.
Estas licencias de las autoridades sirven de pretexto a los desubicados y antisociales del cuiquerío para insistir en la realización de fiestas masivas, burlándose de la población mayoritaria que permanece confinada o tratando de respetar las normas de cuarentena. Mismas licencias que se toman ciertos inasibles integrantes de sectas religiosas protestantes que se permiten realizar ritos y celebraciones masivas, particularmente en la provincia de Concepción, donde contamos con un Seremi de Salud, también fundamentalista evangélico. La responsabilidad social parece estar ausente en las personas que ejercen funciones de autoridad en el Chile de hoy, priman otros intereses por sobre el interés de la mayoría de la población, por sobre el interés del país.
El episodio de la falsa alarma propagada la noche del pasado sábado, a raíz de un sismo remoto en la zona antártica y otro de menor envergadura en la zona central, aparte de dejar en evidencia un fallido manejo de los sistemas de alerta, dejó al descubierto la equivocada política de prevención de la pandemia impulsada por el gobierno. Más bien, demostró la ausencia de un tal propósito preventivo sino solo del afán mercantil de promover el turismo a ultranza que fue dejado en ridículo por el episodio sísmico. Miles de vacacionistas huyendo despavoridos de las playas y lugares de concentración de veraneantes eran el cruel reflejo del desastre sanitario que puede acarrear un gobierno inepto y dominado por la lógica de mercado.
Entre tanto, hay que tener claro, que más allá de la programación y de las prioridades, para la gran mayoría de la población, ubicada en el rango ocho de la escala del Minsal, las vacunas tardarán aún unos seis meses en ser una realidad. Es decir, el pueblo debe seguir aplicando normas de cuidado y autoprotección, independiente de los errores o desatinos que puedan cometer los gobernantes. La vacunación llegará luego de un camino engorroso y lento, y aún así habrá que seguir cuidándose y estableciendo nuevas formas de hacer las cosas. Pero en todo momento se hace necesario seguir desconfiando de los detentores del poder.
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