La vocación gubernamental y de la clase política de manipular los procesos políticos y sociales según su conveniencia, no ha estado ausente en este período previo a la instalación de la Convención Constituyente, que fue anunciada por el decreto presidencial el día de ayer. Conforme al espíritu de controlar todo lo que pueda entorpecer su sacrosanto orden institucional, en las últimas semanas se han dedicado a diseñar el formato de convocatoria inicial y predefinir las normas de funcionamiento de la entidad constitucional. El afán del poder es meter a la Convención en una suerte de envase que se atenga a los propósitos que consideraron plausibles en el momento que se vieron forzados a generar condiciones mínimas para un proceso constituyente.
Desde ese mismo instante, ocurrido a mediados de noviembre de 2019, con la formulación y contenidos del llamado “Acuerdo por la Paz”, la clase política ha intentado secuestrar y manipular el proceso de lucha social y la exigencia de una nueva constitución. Intentos a los que luego dieron forma institucional mediante la Ley 21.200 que pretendió meter el proceso de lucha en un estudiado marco diseñado y controlado por el poder. Dicho marco fue aplastado por el resultado del plebiscito de octubre y de las elecciones de mayo pasado. No conformes con su derrota política, el Gobierno y la política institucional pretenden ahora encapsular, envasar, el proceso constituyente.
El pasado viernes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó los resultados de mayo y proclamó a los 155 ciudadanos y ciudadanas que deberán erigir la Convención Constituyente con la misión legal establecida por el plebiscito de redactar una nueva constitución política para el país. El gobierno en funciones tenía un plazo de tres días, que se cumplió hoy, para firmar el decreto que convoca a los convencionales a constituirse. Ésa es la formalidad legal. Pero desde ese momento son las y los Constituyentes quienes deben definir su organización, métodos de funcionamiento, reglamento interno, mecanismos de trabajo, etc. y, además, con el carácter independiente y soberano en las decisiones que adopten. No se mandan a sí mismos, ni responden a indicaciones del Ejecutivo, ni de ningún órgano de poder ni ente del actual aparato institucional, sino que obedecen a un mandato ciudadano.
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El proceso constituyente debiese darse de cara a la ciudadanía, con la mayor participación posible y desprovista de la aureola con que se rodean a sí mismas las actuales instancias formales del Estado y que quiere imponer la casta dominante. Dentro de este intento de envasar el camino constituyente está el interés por darle un carácter de ceremonial aristocrático, con mucho protocolo de alcurnia, con pompa y boato acorde a una actividad de reinado republicano. Cuestión que no sólo atañe a la instalación formal de la Convención propiamente tal, sino también a su desenvolvimiento posterior en el cumplimiento de su mandato.
El gobierno en funciones pretende mantener de espaldas al pueblo el desarrollo del proceso constituyente y, para ello, nada mejor que esconder a la propia Convención Constituyente. Ocultarlos en una cápsula como las que suelen rodear las acciones de los gobiernos y del Congreso, en particular, para cocinar en las sombras sus contubernios y maquinaciones; método éste que sólo puede reflejar la manera de ser y de actuar de una ínfima minoría de los convencionales proclamados.
Al resto, a la gran mayoría de las y los constituyentes poco puede interesarles y menos se pueden sentir representados por el áurea aristocrática que pretenden ponerle a la instalación y funcionamiento de la Convención, en especial aquellas y aquellos provenientes de los sectores sociales populares, de los pueblos originarios, de los sectores autónomos, de las listas independientes de los partidos institucionales. En definitiva, a la mayoría de los partícipes de la Convención les motiva hacer oídos y letra de las demandas sociales expresadas con fuerza y claridad en las calles de Chile desde el inicio del Estallido Social en octubre de 2019 y en las centenares de luchas sostenidas durante las últimas décadas.
Los exponentes del decadente poder político en funciones, ahora apuestan por esconderlos, separarlos de la comunidad, ocultar sus reuniones, silenciar los argumentos, mantener en tinieblas los asuntos que estén tratando, romper el cordón que los une a las organizaciones sociales que representan o que les llevaron a integrar este organismo constituyente. Secuestrarlos, como hicieron ya antes con el objetivo, contenidos y formas del propio proceso constituyente que exigía la población en las calles.
No sólo les anima el propósito de aislar a los integrantes de la Constituyente de sus raíces y vínculos sociales, sino que buscan rodearlos de guardias y policías, vallas papales y cercos perimetrales, para instalar e imponer una imagen de alcurnia, de ostentación política, de casta perteneciente a la burbuja del poder. Hasta la instalación de una Comisaría de Carabineros en los espacios de funcionamiento de la Constituyente tienen planificado para concretar la idea de aislamiento. Del mismo modo, el pretender circunscribir el funcionamiento de la Convención a un edificio y espacio determinado del centro de la capital forma parte de estas intenciones de secuestro y cerco.
Sólo falta que Piñera mande a construir en torno a los edificios en donde pretenden encerrar a los Constituyentes con un cerco metálico más grande que el bunker que hizo levantar en la Plaza de la Dignidad. Este desgobierno sigue siendo digitado por una pandilla ultraderechista instalada en los salones del palacio de gobierno.
En otras palabras, buscan desnaturalizar y contaminar (por decirlo decentemente) a las personas que son las mayoritarias de la Convención haciendo que ésta adopte un carácter elitista y reservado, como si fuese una reunión de negocios de la cápsula gobernante, o una gran “cocina” de la clase política con el empresariado. En la derecha conservadora y sus gerentes de La Moneda parecen no querer aceptar y asumir que perdieron el plebiscito y las recién pasadas elecciones, y que sus representantes en la Constituyente son apenas un puñado de personas que no alcanzan para contagiar al conjunto.
El ejercicio de la soberanía de la Constituyente es el primer escollo que deberán salvar los delegados en este proceso. A eso apunta la conformación de la Vocería de los Pueblos, como un bloque independiente y soberano, integrado por una buena parte de las y los Constituyentes proclamados, exigiendo garantías de autonomía e independencia, tanto en la instalación como en el funcionamiento de la Convención. Esta agrupación de delegados ha salido a poner atajo a la dinámica dominante de la clase política. Las proclamas de la Vocería de los Pueblos, así como las acciones de los integrantes de la Lista del Pueblo, han provocado escozor y molestias en la rancia y descompuesta clase política. Al menos la acción libre de los Constituyentes ya ha logrado impedir que el escenario de instalación se convirtiera en una obscena ostentación de la manipulación de los poderosos; la persona designada para recibir a los delegados y dirigir la primera sesión de la Convención, el próximo el 4 de julio, será una funcionaria Secretaria Relatora del Tricel.
A tal punto ha sido el escozor que han sacado de sus sarcófagos a diestros manipuladores de la opinión pública para influir en la tendencia que intentan imponen a los Constituyentes. Bajo el rimbombante cartelito de “personeros” reflotan a 91 añosos servidores del poder y defensores de lo establecido, quienes aparecen de la nada exigiendo a los Constituyentes que se subordinen a las normas cocinadas e impuestas por los marcos institucionales actuales y no pretendan ejercer soberanía, ni autonomía, ni independencia, ni libertad de crítica, sino que se comporten según les parezca correcto a los podridos miembros del establishment, dominados por su interés de proteger a los poderosos y de eternizarse en funciones de administradores del sistema al que han servido y del que se han servido durante ya 40 años.
Felizmente, la gran mayoría de las y los Constituyentes son expresión genuina de la necesidad de transformación y de cambios estructurales que Chile necesita. Las maquinaciones y afanes de los gobernantes en funciones y de la clase política institucional, no tienen ninguna posibilidad de imponer sus arbitrios, como ya lo demostró la respuesta popular y ciudadana en las calles, en el plebiscito y en las elecciones de delegados en mayo pasado. Comienza a escribirse un nuevo Chile y se hará a partir de la hoja en blanco y ejerciendo soberanía.
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