Ante la decisión de los prisioneros políticos mapuche de Angol de mantener la huelga de hambre, deseamos manifestar lo siguiente:

 · Apoyamos la decisión de los pu peñi en huelga de hambre de mantener su movilización, entendiendo que el gobierno no ha dado soluciones concretas a los puntos planteados al inicio de la huelga. A modo de resumen, estos eran los siguientes:

- Desmilitarización de las comunidades.

La militarización ha sido desmentida por las autoridades. Si bien es cierto, no son militares los que resguardan los fundos de la región, sino policías de fuerzas especiales, su forma de operar al interior de las comunidades, así como el armamento que portan, asimila su situación a la de los militares. Sin mencionar, además, de que operan con impunidad en razón de la nula vigilancia que pesa sobre su proceder.

En este sentido hablamos de “militarización”, pero las demandas propiamente tales tienden a que se retiren estos contingentes de carabineros de las comunidades, de forma tal que vuelva la paz a hombres, mujeres, niños y ancianos que se han visto agredidos y ofendidos por estos funcionarios.

- No aplicación de la Ley Antiterrorista.

Las demandas en este punto iban dirigidas a que no se volviera a aplicar este tipo de legislación especial a la protesta social mapuche, tal como lo recomendara el Relator Especial de la ONU James Anaya.

El problema con los delitos terroristas es que no están suficientemente definidos en esa Ley, lo que provoca ambigüedades y da como resultado que cualquier conducta puede ser interpretada como delito terrorista. Baste mencionar el vergonzoso caso de Pascual Pichún y Aniceto Norín, ambos condenados en un segundo juicio por amenazas terroristas, en circunstancias de que habían sido absueltos en el primer juicio por otros delitos completamente distintos.

La “solución” del gobierno a esta demanda fue presentar un proyecto de ley que no sólo mantenía la ambigüedad de la definición de delito terrorista, sino que entregaba más facultades invasivas al Ministerio Público, de forma que se mantenían los atentados contra los derechos humanos al debido proceso, a la defensa y además a la intimidad, ya que se mantenía el secreto de 6 meses y se establecen nuevas técnicas intrusivas en relación a las comunicaciones privadas.

Por otro lado, no se elimina la figura del testigo protegido y, peor aún, se introducen dos figuras nuevas: el agente encubierto y el informante, quienes incluso pueden participar en delitos de este tipo ya que estarán siempre exentos de responsabilidad penal.

Asimismo se mantiene el cuestionado incendio terrorista, delito que debía ser eliminado en razón de que la propiedad no es un bien jurídico que merezca tutela de esta legislación especial, la cual sólo está prevista para bienes jurídicos más importantes como la vida, la integridad física y la libertad. La modificación, por tanto, tiende a seguir protegiendo a la aristocracia terrateniente de la zona y no mejora en ninguna forma la situación que afecta a las comunidades mapuche en conflicto.

- Fin a los dobles procesamientos.

Otro proyecto que pretende perjudicar ya no sólo a la protesta social mapuche, sino que a todo tipo de movimiento social que desee expresar su descontento en base a demandas de diversa índole.

El proyecto que reforma la justicia militar sustrae a los civiles de la jurisdicción militar para entregarlos a la justicia ordinaria cada vez que cometan delitos en contra de uniformados. Este era el planteamiento original de los huelguistas. Sin embargo, el proyecto entrega mayores facultades al fiscal para la persecución de estos delitos, incluyendo un reglado secreto de investigación que atenta contra el derecho humano de defensa, y además mejora sustancialmente la situación de los uniformados, principalmente carabineros, aumentando las penas de los delitos que se cometan en su contra e incluso convirtiendo las injurias en contra de carabineros en delitos de acción pública.

Ciertamente, esto favorece la impunidad de las policías, quienes se convierten de esta forma en funcionarios “intocables”, lo que dará lugar a nuevos abusos y excesos por parte de éstos.

- No más montajes judiciales.

Atendido lo expuesto en los dos puntos precedentes, las modificaciones no ayudan a terminar con los montajes judiciales, sino que crean un ambiente propicio para perfeccionar su utilización. Baste mencionar el artículo 20 del proyecto de ley que reforma la Ley Antiterrorista, el cual dispone que ni siquiera es necesario individualizar detalladamente a la persona que se necesita intervenir (en cuanto a sus comunicaciones), “siendo suficiente consignar las circunstancias que lo permitan individualizar o determinar”.

En resumen, basta con señalar un número de teléfono e indicar algunas características de la persona para intervenir sus comunicaciones. Lo mismo se aplica a los correos. Esto es una violación flagrante al derecho a la intimidad.

- Libertad a los prisioneros políticos mapuche.

Al hablar de “prisioneros” y no de “presos”, se está indicando que estas personas están privadas de su libertad por hechos que no constituyen delitos y que son de carácter político. Principalmente, por detentar cargos dirigenciales dentro de la comunidad o pertenecer a alguna familia representativa dentro de sus lof o simplemente por ser mapuche.

Muchos de los casos seguidos en contra de mapuche terminan en absolución, básicamente porque el Ministerio Público nunca puede acreditar la participación en los delitos que imputa. Por esto se vale de los testigos protegidos, a quienes además se les paga un sueldo, Aunque los fiscales se han negado a entregar los montos exactos, no han negado el hecho de que estén pagando sueldos a sus testigos. La situación en general resulta en largos períodos de prisión preventiva para los imputados, tiempo perdido respecto del que nadie pide siquiera una disculpa cuando son absueltos. En razón de esto, se exige la liberación de los imputados mapuche.

- Devolución del Territorio Mapuche Ancestral.

Si bien no es una demanda que sea abordable en el corto plazo, este punto dejaba entrever que el fondo mismo de la huelga de hambre no tenía mucho que ver con un problema judicial o procesal respecto de los huelguistas.

Todas las acusaciones giran en torno a lo que la prensa llama “conflicto mapuche” que es una forma de resumir la lucha centenaria que llevan adelante comunidades y organizaciones mapuche por la restitución de territorios usurpados o robados por el Estado chileno y por la exigencia de los derechos políticos de participación, autonomía y libre determinación, que por lo demás son reconocidos en instrumentos internacionales actuales como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El derecho al territorio se erige en la demanda principal de las comunidades indígenas, así como los derechos políticos lo son respecto de las organizaciones. Si bien es cierto, no hay consenso respecto del ejercicio del derecho de libre determinación, no es menos cierto que los esfuerzos de las organizaciones mapuche van orientados hacia ese fin, particularmente en la modalidad de autogobierno.

- Fin de la persecución política.

La persecución es un delito de lesa humanidad, en donde se institucionaliza ésta en contra de personas o grupos determinados en razón de sus convicciones políticas, religiosas, origen racial, etc. En este caso, el estado chileno ha perseguido y hostigado constantemente a familias y comunidades específicas en razón de su condición mapuche o de los planteamientos de reivindicación que exponen sus dirigentes.

· Estas son en resumen las demandas que dieron inicio a la huelga, por lo menos respecto de los prisioneros políticos mapuche de Angol y que, por todo lo dicho, no han sido solucionadas por parte del Gobierno.

Finalmente, no nos queda más que seguir apoyando a los pu peñi que han decidido mantener la huelga de hambre, a la espera de que las demandas sean acogidas y solucionadas, de buena fe por parte del ejecutivo.

Octubre Küyen, Epu Warrangka Marri