La manera en que una nación usa su poder para negarle a una persona la libertad, ha sido siempre una medida constitutiva de los gobiernos autoritarios. El encarcelamiento masivo basado en raza, origen o nacionalidad, convicción política, orientación sexual, edad u otras características es una forma de tiranía.

Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de esto que está sucediendo a gran escala aquí, en los Estados Unidos de América. Los inmigrantes son lo último en la explosión en el mercado de la industria de las prisiones privadas.

Estados Unidos encarcela  al más alto porcentaje en el mundo de su población – 730 de cada 100 mil- cerca de dos y medio millones de personas.  Aunque sólo tiene el 5 por ciento de la población del planeta, 25 por ciento de la población mundial encarcelada se encuentra tras las rejas en este país.

No siempre fue así. Este gran aumento de la población en prisiones ha tomado lugar en las últimas dos décadas, cuando el porcentaje de encarcelamiento por cápita se incrementó en un 45 por ciento.

No es que Estados Unidos esté pasado por una gran ola de crimen. Todo lo contrario. El crimen, especialmente el violento, ha disminuido en el mismo periodo. Dos factores – la mayoría de los presos son negros o latinos, drogadictos e inmigrantes- quienes integran más del 80 por ciento de personas tras las rejas en este país. Reglas prohibicionistas draconianas y nuevas leyes que criminalizan a los inmigrantes sin documentos, han inundado las prisiones de la nación.

En otras palabras, mientras que el comportamiento en general de la sociedad mejora, el gobierno de Estados Unidos amplía el criterio de privar a las personas de las libertades más fundamentales. Esta red ahora atrapa más hombres, mujeres y niños que en cualquier tiempo en la historia.

Existen unas razones.

Prisiones de lucro y la criminalización de inmigrantes

A mediados de los ochenta, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a dar la subcontratación del encarcelamiento de personas. El primer contrato, en 1984, fue a la Corporación Correccional de América (CCA, por sus siglas en inglés), la compañía más grande en el país. Prisiones privadas se instalaron entonces en comunidades abandonadas por la globalización económica. Con grandes subsidios de impuestos de los contribuyentes, aún antes de recibir los contratos públicos, ellos construyeron miles de celdas por todo el país.

Luego, tuvieron que llenar las celdas. ¿Como ingeniárselas para promover el negocio si se es una industria de prisiones de lucro? Primero que nada, teniendo la seguridad de que exista una corriente firme de presos. Por cada ser humano enviado tras las rejas, la CCA o el segundo gigante de la industria, el Grupo GEO, ganan aproximadamente 122 dólares por día. En el último año, la CCA reportó un 1.7 billones de dólares de ingresos en bruto, cerca de la mitad procedieron de contratos gubernamentales.

Es un poderoso incentivo para encerrar a la gente. En años recientes, la estrategia más poderosa para la “ampliación del mercado” en la industria de prisiones privada ha sido criminalizar a los inmigrantes.

Los latinos, la nueva mayoría en las cárceles

Una serie de leyes recientes ha redefinido la inmigración sin documentos de una infracción administrativa a una felonía llevada a la creación de montones de centros de detención de inmigrantes, construidos y manejados por la industria de las prisiones privadas. La Operación Streamline, una política que comenzó en el 2005, confiere que casi todos los inmigrantes sin documentos que crucen la frontera del sur en ciertas áreas, serán procesados a través del sistema federal de justicia criminal.

Una organización de base demostró que la Operación Streamline, en los distritos federales correspondientes a la frontera Texas-México, se ha gastado más de 1.2 billones de dólares en la detención criminal y el encarcelamiento de los que cruzan la frontera desde el inicio del programa en el 2005, con más de135 mil inmigrantes penalmente procesados en estos dos distritos fronterizos, bajo dos secciones del código federal que hace convierte en un criminal al que haya entrada sin autorización y vuelva a entrar, comparado la información correspondiente con el 2002.

Como resultado, los latinos ahora son mayoría en las prisiones federales, con cargos de crímenes penales, con sentencias bajo la reciente definición de felonías de inmigración, como ser ilegal el cruzar la frontera o ayudar a alguien a cruzarla, siendo ésto la causa del aumento. Los latinos conformaron el 50.3 por ciento de los sentenciados en el 2011, que representa el 16 por ciento del total de la población. El ICE ahora envía a 400 mil inmigrantes a los centros de detención. Asimismo, el incremento de las sentencias por crímenes de inmigración no violentos y los delitos por drogas, ha impulsado el número de mujeres encarceladas en un 800 por ciento.

Las incursiones a inmigrantes muestran que la mitad de los detenidos se quedan encarcelados, comparado con solo un cuarta parte hace una década. Esta caza humana destroza familias y le cuesta a los contribuyentes billones de dólares, la mayoría en pagos a la industria de las prisiones privadas.

Cabildeando por calabozos

No es de sorprender que las compañías de prisiones de lucro hayan cabildeado con fuerza al Congreso para mantener –la gallina de los huevos de oro- la guerra contra las drogas y la criminalización de los inmigrantes. El  reporte anual del 2010 de la CCA demuestra claramente la necesidad de que la criminalización continúe advirtiendo a sus inversionistas: “La demanda de nuestras instalaciones puede afectarse de manera adversa por la atonía de la aplicación de la ley,  indulgencia en las condenas o las normas de libertad sobre palabra y las prácticas en las sentencias, o sobre la descriminalización de ciertas actividades que actualmente están vedadas por nuestras leyes criminales. Por ejemplo, cualquier cambio respecto al control de las drogas y sustancias ilícitas o la inmigración ilegal puede afectar potencialmente el número de personas arrestadas, convictas y sentenciadas, reduciendo la demanda del uso de las instalaciones correccionales donde podemos tenerlos.” (p.19)

El reporte señala que las tres agencias gubernamentales federales dan cuenta del 43 por ciento de ingreso total en el año fiscal 2011 (717.8 millones). El Buró de Prisiones (15 por ciento), Inmigración (12 por ciento), y el Servicio del Alguacil (16 por ciento). Concluye: “Dependemos de las agencias gubernamentales con las que tenemos contratos para que provean reclusos para las instalaciones que administramos”.

Una historia de AP encontró que las compañías de prisiones privadas gastaron más de 45 millones de dólares en cabildeo y campañas durante la última década. De acuerdo a un reporte del Instituto de Justicia y Policía, la CCA gasta un promedio de 900 mil dólares al año en cabildeo a nivel federal sobre la última década. Esa cantidad no incluye el cabildeo estatal, donde las prisiones privadas participan activamente, o las contribuciones a las campañas.

Cuando Arizona aprobó el proyecto de ley SB1070 para aumentar el poder policial para detener a cualquier sospechoso de no tener papeles de inmigración, a 30 de los 36 copatrocinadores del proyecto se les descubrió que habían recibido cantidades significativas de contribuciones a sus campañas de las compañías de prisiones privadas.

Un movimiento de la gente contra las prisiones privadas

Peter Cervantes-Gautschi, Director de Enlace, señala, “de los inmigrantes en el sistema federal de prisiones, cerca de la mitad están por cosas que ni siquiera se consideraban crímenes seis años atrás”. Señala que sólo el 5 por ciento de los inmigrantes detrás de las rejas están ahí por lo que normalmente se considera un crimen.

Agrega: “la gente que se encuentra ahí es por volver a entrar al país -esta gente regresa para ver a sus hijos o para visitar a un familiar enfermo-.  En gran parte esto crea un sufrimiento humano y causa un inmenso problema en nuestras comunidades y escuelas. Nuestra familias son destrozadas por estas leyes ridículas.”

Enlace, una organización que trabaja por los derechos de los trabajadores con salarios bajos, coordina la Campaña Nacional por la Desinversión en las Prisiones. Usando la estrategia “siga al dinero” para entender y confrontar la influencia de la industria de las prisiones privadas, ha forjado una coalición de más de 130 organizaciones a nivel nacional, estatal y local “para convencer a los accionistas (individuos, bancos, fondos de cobertura, etcétera.) para que retiren sus fondos de la industria de las prisiones con el fin de que puedan crear un impacto en este negocio y reducir el poder de la CCA y la GEO a cabildear por leyes que encarcelan a nuestras comunidades”.

La coalición ya se ha apuntado algunas grandes victorias, incluyendo la cancelación de un centro de detención de lucro en el sur de la Florida, retirando los fondos de cobertura del Pershing Square y de la Iglesia Metodista Unida, y el retiro de un tercio de la participación de GEO por Wells Fargo, seguido de una campaña en contra de WF operando en la Detención de Inmigrantes. Organizaciones locales han detenido proyectos de centros de detención en comunidades desde Georgia hasta Illinois.

Su mensaje es simple: “alto al financiamiento del encarcelamiento por lucro”. La coalición se está preparando para otro Día Nacional de Acción en diciembre del 2013. Esta vez el enfoque será hacia los miembros del Congreso que se encuentran en los comités del presupuesto. Los electores están llamando a sus representantes para que descontinúen el apoyo a la industria de las prisiones por lucro y que dirijan los escasos fondos públicos a las necesidades y servicios básicos.

Laura Carlsen es la Directora del Programa de las Américas  ( www.cipamericas.org ^[1]) donde se publicó originalmente este texto en inglés. Es integrante del Consejo Editorial de Desinformémonos

Publicado el 21 de enero de 2013