Darío Núñez / resumen.cl

La grotesca condición de prófugos de algunos criminales y violadores de los derechos humanos que se niegan a acatar los fallos judiciales que les han aplicado penas aflictivas de cárcel, es una brutal demostración de que la impunidad es una realidad abusiva y burlesca creada por la dictadura y sostenida por la institucionalidad política, administrativa y judicial para beneficio de los criminales.

La existencia de estos episodios es una negación del principio de igualdad ante la ley, puesto que los individuos ligados a los poderes fácticos se benefician de redes de protección y gozan de condiciones de privilegio (respecto de otros procesados o condenados) que nacen de la institucionalidad, de la ley o de la Constitución. Algo anda mal en la forma en cómo se están abordando desde el Estado y sus instituciones estas cuestiones de verdad y justicia en delitos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tan mal, que estamos en presencia de un sistema que permite, fomenta o encubre las acciones de impunidad y de inmunidad para criminales. No es aceptable, bajo ningún punto de vista, que individuos condenados por los tribunales de justicia reciban mensualmente una renta de instituciones de las fuerzas armadas, dependientes del ministerio de defensa, o que dependen del ministerio del interior,  que gocen de beneficios fiscales como si no se tratase de prófugos de la justicia, que se paseen burlescamente por las calles de ciudades o balnearios del país, o se “refugien” en los apacibles de su red de pudientes encubridores, o que sus redes de protección no solo estén en el enclave nazi de Colonia Dignidad (o feudo de Villa Baviera) sino que se ramifican hasta los salones de La Moneda, pasando por dependencias de instituciones públicas y ministerios.

Supera todo lo razonable la hipócrita legislación y la hipócrita actitud de la clase política que hacen como si no vieran o como si no supieran lo que está pasando. La mafia concertacionista, más preocupada de conseguir dinero para sus miserables fines del pinochetista Ponce Lerou, hace vista gorda en todo aquello que pueda afectar a los amigos de su financista o su patrón o dueño de sus voluntades. Después de todo, tanto esfuerzo no les significa porque varios de los jerarcas concertacionistas han dado muestras de sus vocaciones militaristas, fachas, represivas y  anti populares a lo largo de sus mediocres vidas políticas. Esta mafia concertacionista ni siquiera se ha atrevido a cerrar el balneario Penal de Punta Peuco en donde, además de las condiciones de hotelería (financiada por el Estado) de que disfrutan los criminales condenados, éstos han convertido a los funcionarios de gendarmería en sus empleados subordinados; es deplorable como ciertos funcionarios de gendarmería (asignados al referido penal) han dado muestras de una servidumbre vergonzosa con respecto de sus huéspedes, confundiendo su rol de cancerberos con el de mocitos de los criminales que debieran custodiar.

La muerte del criminal Mamo Contreras en el recinto especial de vacaciones para criminales condenados por delitos de lesa humanidad en que las autoridades del Ejército han convertido el Hospital Militar, con la complicidad y anuencia de las autoridades políticas, deja al descubierto la burla que los uniformados y sus camarillas siguen haciendo de los familiares de las víctimas por cuyos crímenes fueron condenados, burla de los dictámenes de los tribunales de justicia, burla del sistema penitenciario, burla de la sociedad chilena que ni siquiera se entera de los privilegios y servicios de que se aprovechan los represores de los derechos humanos. El hospital militar también se ha prestado para servir de caleta o guarida para prófugos de la justicia pertenecientes a otras ramas de las fuerzas armadas, que se refugian allí para escapar de los fallos y dictámenes judiciales que les significan cárcel; como ha ocurrido, por ejemplo, con marinos condenados por los crímenes de Quebrada Honda, en Tomé.

Los recientes casos de impunidad y encubrimiento que se han develado con las declaraciones de ex conscriptos que han decidido confesar su participación y la de una decena de miembros del ejército en el horrendo homicidio de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, es una demostración más de que el Ejército sigue siendo un antro de protección para los hechores de crímenes de lesa humanidad y delitos de derechos humanos. No es casual que varios de los ex oficiales involucrados en este caso sigan prestando servicios en reparticiones de esa institución. No es casual que el actual comandante en jefe del ejército (así como antes lo hicieran sus predecesores) se niegue a entregar información a las comisiones del Congreso que le solicitan alguna respuesta respecto de ciertos asuntos; no es casual que solo por presión de tribunales reconozca que aún prestan servicios en el ejército una patota de agentes de la CNI; no es casual que el comandante en jefe del ejército sólo proporcione información bajo requerimiento específico de algún tribunal en una causa criminal; no es casual que sólo así se haya conocido que había en poder del ejército un listado de los agentes represores que prestaron servicios en la criminal asociación ilícita DINA y su sucesora la CNI.

Nada de esto es casual sino que es producto de una deliberada actitud institucional y deliberada conducta de los altos mandos tanto del ejército como de las otras instituciones de la llamada defensa nacional, tendiente a negar la verdad, a obstruir la justicia, a encubrir a criminales, a proteger a condenados, a obtener inmunidad o imponer impunidad para los hechores de delitos de derechos humanos y de lesa humanidad.  Todo esto ocurre con la vista gorda (o más bien, segada por el signo $ y el membrete SQM) de la clase política. Todo esto el ejército, mejor dicho, los altos mandos del ejército  y las fuerzas armadas, se permiten realizarlo con los dineros o gracias a los dineros del estado, de todos los chilenos, que reciben vía ingresos normales del presupuesto de la nación, o vía la burda ley reservada del cobre que le asigna a las fuerzas armadas el 10% de las utilidades del cobre chileno solo por la fuerza de las armas, del poder y del terror, con que la dictadura impuso leyes milicas.

Ya es tiempo de poner término a todas estas burlas y todas estas vergüenzas. A 42 años del comienzo de la barbarie con el golpe militar, ya es hora de que la clase política deje de comportarse como cómplice de la tragedia, deje de seguir protegiendo a los criminales, deje de abusar de sus migajas de poder para hacerse los desentendidos con las graves violaciones a los derechos humanos, con los delitos de lesa humanidad, con el manto de impunidad con que cubren a sus amigos uniformados o civiles comprometidos hasta la saciedad en los crímenes de la época de la dictadura (o posteriores, como lo muestra el caso Berríos o el crimen de Huber, por ejemplo).

Ya es hora de que la clase política deje de meter la basura bajo la alfombra de sus vergüenzas y subordine la legislación nacional a la legislación internacional en materia de derechos fundamentales; resulta absurdo e intolerable que pactos y tratados que han sido suscritos por Chile como nación, o que obligan a Chile como estado, por la sola pertenencia a la ONU, no tengan aplicación jurídica en nuestra legislación porque una mafia de hipócritas, cómplices y encubridores, no quieren adoptar una simple resolución en el congreso.

Luego del conocerse los escandalosos actos de corrupción, la oscura clase política ya ni siquiera oculta o disimula sus vergüenzas y amoralidades, por el contrario, trata de ampliar y multiplicar la corrosión y descomposición a la sociedad. La única opción que los amorales políticos ven como posible para poner término a su fantasma de “los pactos de silencio” es ofrecer inmunidad o beneficios indebidos, o “incentivos”  (como, en un reflejo condicionado, llaman a su oferta asquerosa)  para aquellos que decidan cooperar con la justicia; es decir, lo único que se les ocurre es lo que ellos bien conocen como solución y bien practican para lograr sus fines, estos es: el cohecho, la compra, la transaca, el delito. La flamantemente descompuesta clase política ofrece a individuos involucrados en delitos de derechos humanos y de lesa humanidad que rompan el pretendido pacto a cambio de algo muy distinto y alejado de la justicia; lo que la verdad histórica exige es justicia, lo que la verdad jurídica reclama es justicia, no una sucia y pueril transaca. Sucia y pueril, pues así como en su momento los altos mandos impusieron la ley de silencio y establecieron instructivos, manuales y pautas para negar, para mentir, para engañar; así como impartieron órdenes sobre que decir y cómo actuar para obstruir la labor de la justicia, así también los altos mandos no tardarían demasiado en establecer instructivos, manuales, pautas y órdenes para simular una pretendida cooperación a cambio de la inmunidad que les ofrece la clase política. Esta es la farsa de la Mesa de Diálogo, del nefasto y reptiliano Ricardo Lagos Escobar, aumentada y mejorada.

Ya es hora de que vomitivos y oscuros personajes de la nuevamayorista concertacionista dejen de proteger a criminales de todos los pelajes para acceder a posiciones de poder, acumular más millones y pagar favores. Dejen de tratar de relanzar sus inventos bastardos de mesas de diálogo, comisiones de expertos, leyes secretas, o acuerdos de cocinería terrorista. Dejen de insistir con sus argumentos falaces de “en la medida de lo posible”, de ”prudencia”, de “cuidar la democracia”, de “reserva”, que lo único que han perseguido es imponer y mantener los mantos de impunidad de la dictadura, que tantos beneficios les ha reportado.