Andrés Allamand siendo senador promovió los cultivos transgénicos y Michelle Bachelet envió al Congreso durante su gestión el Convenio UPOV 91, del gusto de la transnacional Monsanto y que prohíbe el intercambio de semillas. Además en el gobierno de la candidata concertacionista se subsidió con recursos de la Corfo a Syngenta y Dupont/Pioneer, transnacionales de semilleras y productoras de agrotóxicos.

Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y  otros productores de plaguicidas y semillas. El candidato presidencial de RN, Andrés Allamand, desde que era senador comenzó a promover los cultivos transgénicos. Junto a Alberto Espina,  Fernando Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que persigue la introducción de cultivos genéticamente modificados.

En 2011, el senado aprobó la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a su vez por la ex Presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las semillas híbridas y transgénicas y entre otras aberraciones, prohíbe el libre intercambio de semillas, asegurando su control  por los denominados “obtentores”, en su mayoría transnacionales agroquímicas como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y un pequeño grupo de socios menores. Permite a las propias empresas demandar a quienes reproduzcan o “pirateen” sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países europeos.

Votaron a favor del Convenio,  los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y  los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). Se abstuvieron los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén), Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).

El senado votó el convenio UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras se desarrollaba en las calles la masiva manifestación contra el proyecto HidroAysén. Pero no ha sido promulgado como ley de la República, porque sus disposiciones contradicen la Ley 19.342, la actual legislación sobre semillas.

Chile, junto a Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador  y China, continúa rigiéndose por el Convenio del año 1978. Por eso los senadores UDI y RN reflotan periódicamente el lobby sobre el tema. Pero la movilización social y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar en el Senado, y el tiempo ha pasado a favor de una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de la defensa de la semilla nativa, y de parar toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos para el mercado interno y signifique el aumento del uso de plaguicidas extremadamente tóxicos asociados a estos cultivos, como es el caso de los herbicidas Roundup (glifosato), 2,4-D, clorpirifós, entre otros.

LA CANDIDATA BACHELET Y EL CONVENIO UPOV 91

Fueron dos los proyectos de ley emblemáticos para Monsanto y las transnacionales semilleras que fueron introducidos al congreso por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet el año 2008, bajo el “cuco” de que habría sanciones del gobierno de USA si no se aprobaba rápidamente. El compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto de Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91, tienen que ver con la propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último día de vigencia de su mandato, en 2010,  los Diputados aprobaron el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, haciendo caso omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las organizaciones campesinas y ambientales. El proyecto pasó entonces al Senado pero no se ha iniciado su discusión.

La ley de Obtentores Vegetales, que las organizaciones sociales y ambientales, y  productores agrícolas y campesinos denominamos Proyecto de Privatización de la Semilla, proponía derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar el Convenio UPOV en su versión del año 1978) y reemplazarla por una que fuera totalmente funcional al convenio UPOV 91. Bachelet no aceptó ninguna reunión para discutir ese proyecto, negándose a entrevistarse con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su rechazo al contenido de la iniciativa. Hoy sabemos que este proyecto de ley fue elaborado por ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas es decir por Monsanto, von Baer y los productores de semillas híbridas y transgénicas, que son quienes desean asegurar un mayor lucro por la venta de estas semillas.

EL VÍNCULO JORGE SCHAULSON

En una entrevista publicada en revista Caras, sobre la complicada situación del lobista Jorge Schaulsohn,  se informaba que Allamand y Schaulson habían sido socios en una oficina de abogados en USA. Schaulsohn entrega al fin de la entrevista en caras su respaldo al actual presidenciable. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado Schaulsohn, reconocido lobista de las empresas, estuvo íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta. La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente causados por la sustancia química. 

BACHELET Y EL NO AL ETIQUETADO DE TRANSGÉNICOS

El lobby de Monsanto también funcionó en el año 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos. Su entonces ministra de salud, la doctora Bachelet y sus asesores habían preparado una impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos, el  decreto 293. La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero ese decreto nunca se promulgó en el Diario Oficial. En lo principal, establecía un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos. Aquellos alimentos que superaran ese margen debían indicar en el listado de ingredientes, “con caracteres destacados, el ingrediente modificado genéticamente”. Los envases debían llevar, según la norma un sello que diga “transgénico” o si eran muy pequeños, “OGM”. De manera que hoy no tenemos etiquetado de transgénicos ni derecho a elegir y saber qué estamos consumiendo porque el entonces presidente Lagos y su ministra desistieron de hacerlo.  ¿Quién los “convenció”?

En el gobierno de Bachelet también destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer, que están entre las más poderosas transnacionales semilleras y productoras de agrotóxicos. El año 2007, CORFO le aportó 1,7 millones de dólares para la instalación de un centro de semillas en el valle de Azapa, en Arica. Dupont recibió de CORFO casi un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también en el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la Concertación, no existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de protección de la Biodiversidad.

EL PROYECTO DE LEY MONSANTO

El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en Chile (año 2008), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por Monsanto en México.La injerencia de  la transnacional en ese proyecto  fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “proyecto de Ley Monsanto”.

El gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida en tiempos de la ex presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado, para asegurar lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas importantes fueran abordados después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión pública posible.

En una reunión sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientales y sociales, para discutir el tema de los transgénicos, los asesores del entonces ministro de Agricultura, José Antonio Galilea; Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga afirmaron textualmente: “Allamand y Espina nos dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio de 2010. Tiene que hacerse rápidamente.”  Las órdenes provenían probablemente de Estados Unidos, donde está la sede de Monsanto, en Missouri.

Lucía Sepúlveda Ruiz