Sorprende aún que en pleno año 2023, después de un estallido social donde el movimiento feminista fue innegable protagonista y con un gobierno que se autodenomina feminista, la demanda de contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo no haya regresado a la palestra pública hasta hace pocos días. La canción de Las Tesis de marzo de 2020 denunciaba públicamente que las mujeres vivimos violencias de manera transversal en toda la sociedad, en todas las instituciones del Estado.

Por María José Leiva Vargas. Historiadora. Doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid

En ese contexto, tras los hechos ocurridos en Ñuble a raíz de una denuncia de un hombre –que contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar y denuncias en su contra por lo mismo– contra su pareja, no sorprende la criminalización que se ha hecho en los medios de comunicación a raíz de un supuesto intento de aborto, aun cuando podríamos esperar mayor ética periodística por parte de los profesionales de los medios informativos chilenos. Nuevamente debemos salir a denunciar la manera en que los medios de comunicación hablan de las mujeres, abusando de la exposición, la denigración y acusaciones tajantes que llevan a deducir credibilidad inmediata del relato de un hombre, sin contar con mayores antecedentes.

Sería sorprendente quizás que los medios de comunicación criminalizaran de esta misma manera a los femicidas, a quienes no vulneran el derecho a la presunción de inocencia. O en vez de poner el foco en criminalizar a una mujer sin mayores antecedentes que la palabra de su abusador, en función de su rol social como informadores, podrían visibilizar las falencias en políticas de corresponsabilidad y cuidados, pues si ellas existiesen, no hubiésemos tenido que llegar al punto de retener los ingresos de los padres que son incapaces de cumplir con un mínimo rol económico en temas de cuidados, cifra que según el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos asciende a 30.357 personas inscritas, de las cuales el 97,08% son hombres (29.472 de los casos), y que constituye un delito de violencia intrafamiliar.

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Pero el aborto está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un derecho sexual y reproductivo y, por lo tanto, un derecho humano de las mujeres y personas gestantes. Hasta el 2017, año en que se despenaliza el aborto bajo causales específicas, Chile tenía una de las legislaciones sobre aborto más restrictivas del mundo entero, pero está claro que el Estado nunca ha sido aliado de las luchas históricas de las mujeres en nuestro país.

Durante el primer tercio del siglo XX, el aborto ya era una demanda importante para el movimiento social de mujeres que cruzaba transversalmente las clases sociales. El MEMCh y personas integrantes del sector médico exigían su legislación para hacer frente a las altas tasas de mortalidad materna por abortos mal realizados y por las altas tasas de mortalidad infantil, siendo despenalizado poco a poco entre 1931 y 1967 con dos leyes que lo permitían por causas terapéuticas y que hasta el golpe de Estado de 1973 constituía una de las urgencias sanitarias más presentes en los hospitales chilenos.

No fue hasta que en 1989 la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet volvió a penalizarlo en su totalidad por iniciativa del Comandante en Jefe de la Armada e integrante de la Junta Militar José Toribio Medina motivado, en sus propias palabras, porque la ley de Dios dice no matar.

En este momento histórico recordamos las palabras de Simone de Beauvoir, filósofa y feminista francesa: “No olviden nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Deberán permanecer alerta durante toda su vida”. Y es que la situación que vive Chile en la actualidad respecto incluso al proceso constituyente podría servir al movimiento feminista como un nuevo punto de partida para exigir la legalización del aborto en base a plazos en nuestro país.

Es importante que hoy, que estamos ad portas de conmemorar los 50 años del golpe de Estado, rescatemos no solo la memoria de quienes vivieron en sus cuerpos la tortura, asesinato y desaparición, si no que también hablemos sobre cómo el sector político que hoy se posiciona como triunfador en las urnas defiende no solo la Constitución Política que este país lleva 3 años intentando reemplazar, si no que justifica la sistemática violación a los derechos humanos cometida en dictadura en la que nueve mujeres embarazadas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas por las Fuerzas Armadas y agentes del Estado. Es ese sector el que actualmente criminaliza sin dudar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, queriendo incluso derogar la ley de aborto en tres causales.

Nos encontramos en un momento crucial para que desde todos los sectores de la sociedad chilena se defienda la democracia, ahora que el mundo occidental enfrenta el ascenso de la extrema derecha y los derechos de las mujeres se encuentran amenazados. Estados Unidos ha vivido un retroceso importante respecto al aborto con la revocación de la sentencia del caso Roe vs. Wade y ningún país está a salvo de estas acciones.

El movimiento feminista fue una de las grandes resistencias a la dictadura cívico-militar en los años ’80 y hace algunos años, con mayor énfasis a partir del movimiento feminista estudiantil de 2018, ha renacido con una fuerza que lo ha posicionado dentro de los movimientos sociales más importantes de la escena nacional. El actual gobierno de Gabriel Boric no habría resultado electo sin el considerable respaldo que las mujeres chilenas le otorgaron con su voto. Quizás hoy es momento de imitar a nuestras compañeras argentinas y volver a ocupar las calles y todos los frentes con nuestros pañuelos verdes para exigir que se legisle favorablemente sobre uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos más anhelados, pero también como piedra de tope y resistencia frente al avance de la extrema derecha para proteger lo que hasta hoy arduamente hemos conseguido.