Por: Arnaldo Pérez Guerra. Publicado en "Punto Final", 22 de noviembre de 2013

Pizarreño S.A. es culpable de la muerte por asbestosis de miles de chilenos, según la organización Unidos Contra el Asbesto (UCA). Hace pocos años se dejó de fabricar en Chile materiales de construcción con este mineral, altamente tóxico, con que se cubría por décadas la mayoría de los techos. Hasta 2008, se habían documentado 1.589 muertes por asbesto. Sin duda son muchas más. El libro Fibras grises de muerte: El silencio del mayor genocidio industrial en Chile , de la antropóloga Tania Muñoz y la historiadora Constanza San Juan denuncia lo ocurrido. Fue publicado por UCA con apoyo de Global Greengrants Fund. y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Pizarreño nunca ha asumido su responsabilidad por la grave contaminación y las muertes de sus trabajadores. Incluso cuando la ley prohibió el asbesto, no movió un dedo por la limpieza y retiro seguro del mineral contaminante. Nadie sabe dónde han ido a parar los desechos. Según normas internacionales, el asbesto debe ser enterrado con rigurosas medidas de seguridad.

La empresa Pizarreño pertenece al belga Etex Group S.A. Fueron sus accionistas el ex presidente de la República Jorge Alessandri y Martín Costábal, último ministro de Hacienda de Pinochet. El grupo Matte fue dueño de Pizarreño hasta 2006. Canio Corbo, a fines de los 90, asumió como director de la multinacional, que controló la sociedad tras adquirir las acciones del grupo Matte. También fue miembro del directorio el empresario Eugenio Heiremans, quien además fue presidente de la Asociación Nacional de Seguridad (ACHS) hasta 2010. ACHS es la encargada de “velar” por la seguridad de los trabajadores. En su mutual se atendían los trabajadores enfermos por exposición al asbesto. Encabeza a los abogados de Pizarreño Gabriel Zaliasnik (UDI), ex presidente de la comunidad judía.

Según UCA más de 300 personas en el perímetro cercano a la empresa han fallecido por exposición al asbesto. Muchas cañerías de agua son de asbesto-cemento. Según el toxicólogo Andrei Tchernitchin, “pocos trabajos investigan las consecuencias de beber agua con asbesto, pero el consumo del mineral por vía oral puede producir cáncer al estómago y en casos más particulares, cáncer al hígado, siendo este último menos frecuente”.

Según información recogida del libro Fibras grises de muerte el 42% de las viviendas de Chile fueron construidas con paneles o techos que contienen asbesto. También se encuentra “en las cañerías para el transporte del agua potable en Valparaíso: hay un 44% de tuberías hechas a base de asbesto en la sanitaria de Esval; Aguas Andinas (en la Región Metropolitana) tiene el 58% de las cañerías que contienen asbesto; Essbío, sanitaria de las regiones del sur, posee un 30% de este mineral mortífero, y Aguas Antofagasta, utilizó un 44%”.

“Mi alma desborda humanidad”

Pizarreño manufacturaba materiales para la construcción: techos, tubos de cañería, planchas e incluso ropa. “Nadie sospechaba que el asbesto era un enemigo mortal para los trabajadores y vecinos de la Villa Pizarreño, Los Aromos, Portales, Cuatro Alamos, y otras poblaciones en Maipú y en San Pedro de la Paz, en Concepción”, dice Juan Carlos Villarroel, ex dirigente sindical. “Más del 60% de las viviendas de Maipú tienen asbesto. En los años 50 se construyó la Villa Pizarreño, para los trabajadores de la fábrica. Sistemáticamente la empresa escondió información. No sabíamos el daño mortal del asbesto”, agrega.

“Siempre Pizarreño eludió responsabilidad, nos la transfería a los obreros, acusándonos de no usar medidas de seguridad y que enfermábamos porque fumábamos. Le vendían hasta el material de los filtros a la gente pobre de la Villa, que lo compraba para usarlo de frazadas. Nuestras familias se contaminaron por el polvo. Los niños jugaban en medio de cerros de asbesto. Pizarreño vendía o regalaba la borra para deshacerse de los desechos”, agrega.

Las enfermedades derivadas de la inhalación de fibras de asbesto siguen apareciendo en los ex trabajadores y sus familias. Las fibras de asbesto penetran en los pulmones. Son como afiladas agujas que se incrustan en los pulmones. Pueden transcurrir veinte o treinta años para que se produzca la asbestosis -cicatrización de las fibras que ingresan al pulmón, que rigidizan su funcionamiento-, y mesotelioma -cáncer mortal en la pleura-. Se considera una “enfermedad profesional”, que afecta a los trabajadores que fabrican productos con asbesto pero no a quienes lo manipulan, como los trabajadores de la construcción.

Según Tania Muñoz y Constanza San Juan, las autoras del libro, “cada cierto periodo los trabajadores de Pizarreño recuerdan que se realizaban exámenes de salud en la Mutual de Seguridad, principalmente espirometrías y radiografías para ir evaluando su estado; sin embargo, nunca se les informó sobre su real estado”. Villarroel, agrega: “En la mutual, una vez al año nos hacían los exámenes, dos, tres minutos, y chao, todos bien. Pizarreño ocultó cientos de casos de trabajadores contaminados”. Las autoridades demoraron quince años en confirmar esta situación. Juan Carlos Ortiz, de UCA, dice: “Es un genocidio. Genocidio industrial, porque se trata de una empresa que dirige racionalmente su matanza para bajar costos, no importándole las consecuencias”.

El 30 de noviembre de 2001, afuera de La Moneda, Eduardo Miño, obrero de Pizarreño, se quemó y apuñaló, muriendo producto de las quemaduras, intentando que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Dejó varias cartas, en una señalaba: “Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia”. Su sacrificio causó conmoción. En 2001, el gobierno de Ricardo Lagos dictó la ley que prohíbe el uso, elaboración y comercialización de asbesto. Para Villarroel “la ley no considera a quienes hemos sido afectados durante toda la historia de Pizarreño y otras empresas”.

Fibras de muerte

Según informe de la Organización Mundial del Trabajo (2004) cada cinco minutos una persona muere por patologías asociadas al asbesto. Se trata de cien mil decesos al año. En Chile no existen registros oficiales. Solo se recogen datos de trabajadores adscritos a alguna mutualidad y se excluye a los no afiliados y a los familiares. La Organización Mundial de la Salud advirtió en 1998 que “los efectos crónicos por contacto con el asbesto son independientes de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles seguros”. Según el organismo la única solución para evitar el daño que produce el asbesto es la prohibición de su uso.

Chile figura entre las primeras naciones en prohibir el uso del asbesto. El 12 de septiembre de 2001 el presidente Lagos y la ministra de Salud, Michelle Bachelet, anunciaron la prohibición. El periodista y escritor Raúl Sohr, quien presentó el libro Fibras grises de muerte relató: “Uno de los dirigentes sindicales de Pizarreño recurrió a los tribunales. El día que debía comparecer, la CNI allanó su casa y fue arrestado para luego de seis meses, ser liberado, sin cargos…”.

Conama tomó las primeras medidas en Villa Pizarreño, la zona más afectada, a escasos metros de la fábrica. En 2002, intervino las casas del sector, utilizando la técnica de “encapsulamiento”: rociar el material con algún agente sellador. Sin embargo, la presencia de asbesto fue detectada en 2003 en otras villas cercanas: Portales y Los Aromos. Según la Fundación Chile (2004) el 11% de las casas de las tres villas presentan “borras” o residuos de asbesto. 57% presentaban fibras en el aire. En el 22,8% vivía algún enfermo por exposición a asbesto, mientras que el 33% contaba con un familiar muerto por esta causa. De los fallecidos, 81% eran trabajadores de Pizarreño.

Aunque el producto fue prohibido, se siguió utilizando en muchas construcciones. Según las autoridades no existen recursos para evaluar cuántas casas tienen asbesto, ni mucho menos garantizar que no se contamina al remodelar o demoler una construcción antigua. En un congreso sobre el asbesto realizado en Brasil, se acusó a Chile de “exportar asbesto”. El año 2000, la Unesco encargó al Ministerio de Obras Públicas la realización de una investigación acerca de la presencia de asbesto en las techumbres de los colegios. 27% de los colegios chilenos presentaba -en ese momento- planchas de asbesto-cemento. “Todos los tipos de asbesto son mortales. El crisotilo es cancerígeno tanto para el trabajador como para el público en general”, advirtió la Organización Panamericana de la Salud en 2004.

Existen enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto además del mesotelioma, como cánceres en pulmones, esófago, estómago, colon o recto. UCA denunció que en 2010 se internaron a Chile veinte mil toneladas de asbesto a través de Valparaíso. Según denuncias de sindicatos, las empresas Botai, Uralita, Grau y Cementa, Pizarreño y fábricas de balatas, de una u otra forma, siguen utilizando asbesto. Las denuncias más recientes se hicieron en Iquique y Punta Arenas.

Villarroel recuerda: “A los trabajadores que padecían de problemas pulmonares si fumaban, se les decía que el daño provenía del tabaquismo. Nunca hubo exámenes masivos ni se nos advirtió de los daños a nuestra salud por estar expuestos al asbesto. Las autoridades poco o nada han hecho. Se necesita una rigurosa aplicación del principio precautorio. Desde mediados de los años 20 se sabía que era mortal aspirar partículas de asbesto. A los trabajadores se nos envió a morir”.

Los tribunales han sido permeados por el lobby de la mafia del asbesto, pues hasta hoy no han fallado a favor de ninguna de las denuncias. Es muy parecido a la presión que ejercen las grandes tabacaleras. No hay fallos a favor de las víctimas y se presiona para que se diga que no es dañino para la salud. En Italia condenaron a dos ex directivos de Eternit a 16 años de cárcel por el uso de asbesto. Se les procesó por la muerte de cerca de dos mil personas. Los condenados fueron el empresario suizo y ex propietario del grupo, Stephan Schmidheiny (64 años), y el barón belga y ex dirigente de la empresa, Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne (89 años), por “desastre ambiental doloso” y por “no cumplir con los requisitos de seguridad laborales”. Las víctimas eran trabajadores de la fábrica y sus familias o habitantes de las localidades de Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera y Bagnoli, donde Eternit tenía sus sedes. Para ver algo parecido en Chile pareciera que falta demasiado.

La doctora Lucy Holzapfel controló durante catorce años a población con asbestosis, en un programa de vigilancia médica iniciado por una Mutual a fines de los años 60. Finalmente, renunció a la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, y lo hizo por “razones éticas”. No quería ser parte del tinglado que montó la empresa y las autoridades de Salud. Los niños visitaban a sus padres en la industria y cada año, en la fiesta navideña, volaban en un avioncito dentro de la industria. La ropa de los trabajadores iba a casa para ser lavada y los trabajadores más ancianos contaban que ellos comían allí, sentados en los volcanes de asbesto, recuerda la doctora. Y agrega: “Esta epidemia silenciosa y horrorosa continúa matando a ex trabajadores. En general fallecen antes de seis meses, con mucho dolor y dificultad respiratoria, pese a todos los esfuerzos terapéuticos, farmacológicos y hospitalizaciones”.

Juan Carlos Ortiz vivió quince años en la Villa Pizarreño. Su padre trabajaba en la fábrica y murió por un mesotelioma pleural. Su hermana, quien nunca trabajó en la fábrica, falleció a causa de la enfermedad. Los abuelos de Adrián Prieto, abogado de UCA, trabajaron en Pizarreño y allí se conocieron sus padres. Su tío Víctor murió en 2000 por un mesotelioma. Su padre, falleció en 2011 por la misma enfermedad. El libro incluye un prólogo del abogado Prieto donde señala: “El asbesto ha sido el causante del mayor sufrimiento de nuestras vidas. Porque no hay peor experiencia que ver morir a quienes más amas por una terrible y dolorosa enfermedad. Si naciste cerca de un foco de contaminación de asbesto, si fuiste hijo de un trabajador que manipuló el mineral o si inhalaste fibra en alguna etapa de tu vida, estás condenado inexorablemente a morir. Esta condena a muerte no ha sido impuesta por alguna ley, tribunal o gobierno, ha sido impuesta por Pizarreño con la complicidad y beneplácito del Estado”.

“Pizarreño apostó al tiempo; sabía que el desastre que estaba provocando, sólo se haría evidente muchos años después. Durante ese tiempo acumuló montañas de dinero merced a las vidas de sus trabajadores. Pizarreño no actuó solo. Cuenta con la protección de autoridades y políticos, e incluso influye en medios de comunicación, para que las voces que han alertado acerca de este genocidio no sean publicadas”, concluye Juan Carlos Ortiz.

Foto: Olca.cl