No sólo las ONG’s, el Estado o los ambientalistas destinan altas sumas de dinero a la adquisición de tierras de valor ecológico para preservarlas. También el mundo empresarial se mete en la mezcla de la protección de áreas prístinas con el desarrollo de prácticas productivas. Algunos creen que con eso, se avanza a la privatización de las áreas protegidas.

¿Qué tienen en común, a parte de ser supermillonarios hombres de negocios, Eliodoro y Bernardo Matte, Andrés Ergas, Andrónico y Jean Paul Luksic, Gabriel Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera? Que son parte de una moda relativamente nueva: el conservacionismo.

Hoy no sólo las ONG’s, el Estado o los ambientalistas destinan altas sumas de dinero a la adquisición de tierras de valor ecológico para preservarlas, también el mundo empresarial opera en este modelo que mezcla la protección de áreas prístinas con el desarrollo de prácticas productivas.

Un ejemplo claro de este escenario es la firma Patagonia Sur. Con sede en Coyhaique, esta empresa satisface necesidades de quienes son parte de la ascendente tendencia hacia la conservación en la Patagonia, pero portando la bandera del pro-lucro (For-profit). Esto, porque en contrapunto con el típico modelo de conservación -el que precisa de donativos constantes para operar-, la firma ofrece a los financistas rentabilidad del capital invertido,  más la protección de la tierra.

En pocas palabras, la idea es juntar capitalistas locales y extranjeros para crear un fondo de conservación, con el que negocian predios en la Patagonia para preservar y hacerlos producir de forma sustentable.

Para ello, Patagonia Sur generó tres divisiones de negocios: compensaciones de carbono, un servicio de eco-corretaje y un club de membresía. Los inversionistas, quienes pagan 350 mil dólares por acción (un poco más de 170 millones de pesos), poseen los activos y la totalidad de los flujos provistos por el negocio.

Warren Adams, empresario con estudios en Harvard y uno de los fundadores de Patagonia Sur,  explica que no tienen donantes, sino inversionistas. “En lugar de donar un millón de dólares para que se le dé un buen uso y que el donante reciba una deducción de impuestos, le damos un buen uso al dinero del inversionista y, en 10 años, le devolvemos dos millones de dólares”. Lucro garantizado a partir de recursos naturales chilenos.

Parte de lo recaudado por la compañía se invirtió en su programa de bosques, ya que plantará alrededor de 500 mil árboles nativos en su propiedad de Valle California, en la provincia de Palena (Región de Los Lagos), con el objetivo de vender bonos de carbono en el futuro. También posee otra en Futaleufú, cerca del lago Espolón. Y en la Región de Aysén cuentan con tierras en Tortel, Jeinimeini, al sur de Chile Chico, Los Leones, junto al lago General Carrera.

El equipo de eco-corretaje se especializa en simplificar la gestión del proceso de compra de propiedades en la Patagonia, de modo que se ajusten a los intereses y necesidades de los clientes. “El compromiso hacia nuestros clientes y la Patagonia chilena es representar sólo a aquellos compradores que tengan la clara intención de utilizar sus propiedades de una manera que sea consistente con la filosofía de uso sustentable de la tierra que Patagonia Sur practica. Para esto, habrá una serie de acuerdos necesarios con cualquier comprador que adquiera tierras a través de nuestros servicios”, señalan en el sitio Web. A cambio, la firma les cobra una comisión por acceder a su base de datos de tierras disponibles. Por una suma adicional, la empresa también puede encargarse del mantenimiento de su tierra.

“Una razón por la que esto funciona es porque el precio de la tierra es increíblemente razonable, lo que le permite a uno comprar grandes extensiones de tierra y luego realizar cosas que son económicamente sustentables”, aclara Adams, quien posee un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard.

PROYECTOS Y MALESTAR CIUDADANO

El Ciudadano se contactó con un corredor de propiedades de la Región de Magallanes, quien dijo: “Hay varios connotados hombres de negocios chilenos que miran la Patagonia con mucho interés”. Entre ellos están Eliodoro Matte, Felipe Briones, Jonás Gómez, Andrés Ergas y Andrónico Luksic. Este último desarrolla el proyecto Las Margaritas, en Villa O´Higgins, que cuenta con 35 mil hectáreas -las compró a 50 mil pesos la hectárea, por su nula capacidad productiva-, pero que encontró resistencia en la comunidad, ya que el pasado 18 de octubre se analizó en el gobierno regional de Aysén la solicitud de concesión de 12 mil hectáreas en la comuna de Villa O’Higgins, por parte de la empresa Las Margaritas S.A. El emprendimiento pretende administrar el predio Río Azul, terreno estatal y que Bienes Nacionales destinó como área de conservación del huemul. El malestar de la comunidad tiene que ver con que mientras muchas personas llevan años esperando sus títulos de dominio, se le dé mayor diligencia a la solicitud de una empresa que es propiedad de una de las personas más ricas del país.

A lo anterior se suma la oposición del municipio y del alcalde de Villa O’Higgins, José Fica, quien explica que el predio es ocupado por la comunidad durante la veranada. “El municipio no está de acuerdo con esta concesión. Hay que respetar los derechos de nuestros pobladores que históricamente han venido ocupando para hacer veranadas. Luksic es un poblador muy respetable de nuestra comuna, pero también tenemos que respetar el derecho histórico de nuestra gente”.

Hay que destacar que la concesión de 12 mil hectáreas sería por 50 años y por la módica suma de 120 Unidades de Fomento (UF) al año, dineros a cambio de los cuales Las Margaritas S.A. ofrece administrar esta zona de conservación del huemul, generando un proyecto de desarrollo productivo que incentive la actividad turística en la zona.

Un dato: hasta hace poco más de tres años, la única forma de comunicarse con Villa O’Higgins era a través de radio y algún teléfono satelital. Sin embargo, luego los habitantes contaron con una red de telefonía fija de propiedad de Telefónica del Sur, una de las ex empresas del grupo Luksic.

HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA TIERRA PROTEGIDA

A la luz de hechos como el anterior, la molestia ciudadana se traduce en una preocupación latente. La posibilidad real de la privatización de las tierras protegidas.

Esto, porque el Presidente Sebastián Piñera anunció con bombos y platillos el envío de un proyecto de ley que busca la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, iniciativa que de paso instauraría un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El primero sería un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Ejecutivo por medio del Ministerio del Medio Ambiente. El segundo, que considera tanto las áreas protegidas del Estado como las áreas silvestres protegidas de propiedad privada, tiene por objetivo asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad y del patrimonio ambiental del país.

A juicio de José Aylwin, abogado y co-director del Observatorio Ciudadano, resulta alarmante que entre las funciones del Servicio -que este proyecto crea- se encuentre la de otorgar concesiones de administración a terceros y permisos de uso al interior de las áreas silvestres protegidas del Estado.

“Más grave aún, preocupa que el proyecto de ley faculte al Comité Técnico del Servicio a otorgar a privados concesiones de administración en forma directa, sin utilizar el procedimiento de la licitación pública que esta misma establece”, señala el jurista.

El profesional añade que la amenaza radica en que a través de esta concesión discrecional de administración se abran las puertas a formas de privatización de áreas de patrimonio público, conforme al discurso -y a la práctica- de la actual administración.

Indica Aylwin que “por ello debemos estar alerta al debate parlamentario de esta iniciativa, instando a los congresistas a efectuar consultas a la ciudadanía y a los pueblos indígenas de conformidad con los estándares internacionales. Ello a objeto de impedir que, a través de iniciativas como ésta, se nos siga despojando del control de los bienes comunes”.

Respecto de los contenidos del proyecto de ley, el abogado señala que tiene aspectos valorables como la creación del Fondo Nacional de la Biodiversidad y las Áreas Silvestres Protegidas, con el objeto de financiar proyectos de fomento, investigación y conservación de la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas, y la potenciación de las áreas privadas que cuenten con protección medioambiental como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, considera que es muy preocupante la casi total falta de consideración en esta iniciativa de la participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas que habitan en dichas áreas o sectores aledaños a ellas en su gestión, ya que el proyecto se limita a señalar que “en los planes de manejo para la administración de las áreas silvestres protegidas se considerará la participación de las comunidades aledañas o en ellas existentes”.

“En agosto (de 2010) organizamos un seminario en Santiago con participación de representantes de los ministerios involucrados en la redacción de este proyecto de ley, compartiendo con ellos nuestras visiones y propuestas sobre el particular. Más tarde las mismas organizaciones enviamos una carta al Presidente de la República haciéndole llegar proposiciones concretas para enriquecer esta iniciativa, carta que no solo no fue respondida por el Presidente, sino que evidentemente no fue considerada en el proyecto anunciado”, explica Aylwin.

Finalmente, el co-director del Observatorio, alerta que una iniciativa como esta debe resguardar los derechos de las comunidades locales e indígenas: “En esta línea preocupa que el proyecto, más allá de disponer que para la creación de las áreas protegidas deberá consultarse a las comunidades, no establece un mecanismo específico para estos efectos, ni menos el carácter vinculante de dicha consulta. Se trata de un tema crítico, toda vez que existe una larga historia de imposición de estas áreas sin el consentimiento, y muchas veces contra la voluntad de estas comunidades, como ocurriera por ejemplo con la creación del Parque Nacional Lauca en tierras de comunidades aymara o del Parque Nacional Villarrica en tierras de comunidades mapuche”.

OTROS PROYECTOS EN EL SUR

La Hacienda Melimoyu, del empresario minero Jonás Gómez, es un fundo de 40 mil hectáreas que su familia compró hace casi 20 años a los pies del volcán Melimoyu (en Aysén).

Allí está levantando un hotel y tienen una oferta turística que incluye bicicletas, paseos en kayaks, cabalgatas, escalada, entre otras actividades. Se suman el belga Herbert Boose -con un lodge en la zona de Bahía Mala; el estadounidense Jeff Welsh, con el fundo Los Leones en Balmaceda; y el dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial, quien posee un terreno en la isla Refugio. Es justamente en esa área donde Carlos Cuevas, ex presidente de la Fundación Pumalín y uno de los ex colaboradores más cercanos de Douglas Tompkins, planea crear un Área Marina Protegida que aglutine las iniciativas del sector, bajo la coordinación de la Fundación Melimoyu.

El dueño de Pesquera Yadrán, Felipe Briones, está activo en la región. Compró un paño de dos mil hectáreas en los Altos del Ñirehuao.

Más al sur, Andrés Ergas, dueño de Nomads of the Seas, compró un terreno de 24 mil hectáreas en la isla Carlos III. Su idea es la interacción con la naturaleza, especialmente con las ballenas jorobadas que circulan por la zona y desarrollar una nueva oferta turística que se complemente con las demás iniciativas que desarrolla en otros lugares del país.

Así, a los parques más conocidos -como Pumalín de Tompkins; Tantauco de Sebastián Piñera; Karukinka de la WCS y Goldman Sachs; Oncol en Valdivia, propiedad de Forestal Valdivia (Celco Arauco); y Huinay de Endesa- prometen sumarse cada vez más tierras protegidas en diversas zonas del país.

El ex presidente de Colo Colo y actual subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, posee su propio parque. Se trata de Futangue, de 12 mil 500 hectáreas, situado en el lago Ranco. Actualmente, Futangue pertenece a la Fundación Ranco, propiedad del empresario, y posee 100 kilómetros de senderos, un hotel con capacidad para 50 personas y, claro, canchas de fútbol. De hecho, desde hace varios años las divisiones menores de Colo Colo realizan su pretemporada ahí.

Para conservar no necesariamente hay que desembolsar grandes sumas de dinero. En Chile existen varios ejemplos de proyectos privados en los cuales un grupo de personas se organiza para comprar y administrar un predio. Un ejemplo es Parque del Estuario, en Reloncaví (Región de Los Lagos). En esa agrupación se cuentan el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco; la ecologista Sara Larraín; el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli; el ex gerente general del Administrador Financiero del Transantiago, Enrique Méndez, y el ex ministro Álvaro García. Situado a un costado del Parque Alerce Andino, el predio de 1.600 hectáreas fue comprado a mediados de los 90 y hoy participan en la sociedad cerca de 40 familias que deben desembolsar 1 UF al mes para las tareas de mantención y apertura de senderos.

Otra iniciativa de este tipo es el Parque Ahuenco, situado en un terreno de 800 hectáreas en Chiloé, que desde 1992 agrupa a diferentes socios. Hoy, son cerca de 42 los accionistas de Inmobiliaria Ahuenco, dueña del predio. Cada acción tiene un valor de 220 UF y para la mantención del parque sus propietarios deben pagar una cuota mensual de 1 UF. Entre ellos están el gerente general de CGE, Pablo Guarda; Claudio di Girólamo; el dueño de la Viña Gillmore, Francisco Gillmore y el fotógrafo Nicolás Piwonka.

También en Chiloé se ubica el Parque Tepuhueico -20 mil hectáreas-, creado por Patricio Aguirre y que opera con el modelo de comunidad.

Cerca de la zona se encuentra también la reserva Huilo Huilo, proyecto ligado al empresario Víctor Petermann. Se acaba de establecer un comodato en favor de la Fundación Huilo Huilo en una extensión importante de la reserva, zona que se denomina el Corredor del Huemul. La fundación, liderada por la empresaria Ivonne Reifschneider, surgió para concretar el sueño de conservar y proyectar a futuro Huilo Huilo.

¿CÓMO LO HACEN?

Hay dos fórmulas para que un área protegida privada sea considerada como tal. Una es que sea declarada santuario de la naturaleza. Ése es el camino que tomó Tompkins con Pumalín. Sin embargo, esta figura no acomoda a muchos conservacionistas, porque las tierras quedan bajo la supervisión del Consejo de Monumentos Nacionales.

Otra alternativa es la servidumbre, que una fundación u ONG actúe como garante de que el predio será utilizado con fines de preservación. En Chile, sin embargo, muchas de estas iniciativas optan por quedar sólo bajo las buenas intenciones de sus dueños. Hasta ahora. En el Congreso se discute un proyecto basado en la legislación estadounidense, que busca entregar derechos reales de conservación. En la práctica, esto implicará que cualquier propietario de una zona protegida podrá acogerse a esta figura, lo que garantizará que el predio no podrá ser utilizado para otros fines en forma indefinida.

Otra modalidad de conservación que surge con fuerza entre los privados, es la asociación con el sector público. De hecho, el Estado es dueño de un tercio del territorio nacional, del cual 14 millones de hectáreas (el 19% del total) corresponden al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

MÁS PROYECTOS EN EL NORTE

Eso no es privativo del sur. Más al norte surgen planes, como el de Agua Amarilla, impulsado por la familia Matte, en un fundo de 17 mil hectáreas que posee seis décadas en Los Vilos.

En Zapallar, los proyectos de protección de ecosistemas únicos también despiertan. Propietarios de fundos de la zona, entre los que se cuentan el ex alcalde de la comuna, Federico Ringeling; el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor; el presidente de la CPC, Rafael Guilisasti y el ex presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, ejecutan, desde 2009, un plan de conservación privado, que contempla la protección de 2.500 hectáreas.

Por Mauricio San Cristóbal M.

El Ciudadano