Una nueva celebración del Día Nacional del Vino este 4 de septiembre nos invita a beber las múltiples variedades que nuestros terruños ofrecen y también a pensar sobre el trabajo y las tensiones que hay tras cada caja, botellón, botella, chimbombo o chuica que estemos “bajando”.

Aniceto Hevia

Aquí vamos a apuntar algunos antecedentes que pueden ser útiles para embriagarse informados o plantearnos la necesidad que la producción de esta bebida esté exenta de abusos, posibilite un espiral de prosperidad para sus trabajadores/as, se promueva una cultura vínica donde nuestros territorios tengan una expresión auténtica y podamos conocerles también a través de sus vinos.

El Día Nacional del Vino se decretó el año 2015 por la expresidenta Michelle Bachelet en la viña Cousiño Macul. Ahí se refirió al aumento de producción y exportación vinífera de entonces, así como a los planes de apoyo para los llamados “pequeños productores”.

Viña Cousiño Macul constituye una de las firmas más antiguas del rubro, su fundación responde a la tendencia oligarca de mediados del siglo 19 de tener vides y elaborar vino con etiquetas que señalaran sus apellidos. Su inclinación por la vitivinicultura fue estimulada por el intento imitativo de familias francesas potentadas, adoptando sus hábitos y paradigmas gustativos, expresados en la incorporación del modelo vinícola franco con sus variedades de uva y métodos de vinificación en boga. Todo esto, al tiempo que sus negocios se distribuían en distintos rubros. Por ejemplo: la familia Cousiño, dueña de la viña mencionada, controlaba también las minas en Lota, tenía inversiones en ferrocarriles, así como en la industria cervecera; Melchor Concha y Toro, fundador de la viña homónima, controlaba la mina de plata Huanchaca en Antofagasta cuando aún estaba bajo la jurisdicción boliviana; Domingo Fernández Concha, fundador de la Viña Santa Rita, incursionó en el negocio bancario fundando el Banco Nacional, facultado para imprimir billetes por el Estado en 1865; José Tomás Urmeneta, fundador de la viña que lleva su apellido, inició la explotación de la mina cuprífera Guayacán, contó con inversiones en el transporte marítimo y en la Compañía de Gas de Santiago. Junto con estas actividades, estos hombres, y otros de su tipo, además ostentaban cargos en el poder legislativo o en el ejecutivo.

Actualmente, estas viñas constituyen negocios en sí mismas y algunas se presentan en sus memorias anuales como integradas verticalmente, o sea controlan las sucesivas etapas de su cadena productiva. Es el caso de Concha y Toro que declara poseer más de 12 mil hectáreas de viñedos en Chile, Argentina y Estados Unidos, con más de 10 mil de ellas en el país, además de poseer bodegas, centros de vinificación, embotellado y de innovación enológica, así como de filiales dedicadas al transporte y la fabricación de corchos. Por otra parte, Viña San Pedro Tarapacá en su última memoria anual informa ser controlada por la Compañía Cervecerías Unidas donde la familia Luksic, a través de Quiñenco S.A., tiene una participación destacada, otorgándole a esta sociedad vinífera el soporte logístico propio de CCU, expresado en la distribución y el traslado de mercancías a nivel nacional, la obtención de envases y la comercialización de sus productos.

De acuerdo a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, las empresas vínicas chilenas son de las más favorecidas con la política comercial de los últimos treinta años. El incremento en sus ventas ha sido vertiginoso y su capitalización es ostensible, sobre todo desde la entrada en vigencia de cláusulas de diversos acuerdos comerciales que las eximen de aranceles por la entrada de sus productos en múltiples países.

Junto con ello, gozan de la entrega permanente de recursos a través de subsidios a la Innovación de CORFO y exenciones impositivas por la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo. Sólo, con la implementación de estas políticas, el Estado le ha asignado a estas firmas y su entidad gremial, casi 30 mil millones de pesos desde el año 2012 hasta el 2024.

En el contexto descrito, estas empresas tienen un poder casi omnímodo, pueden seguir o no la normativa vigente sin repercusiones relevantes, así como pueden cabildear para el establecimiento de normas. A continuación describiremos algunas situaciones relacionadas.

1.- El 24 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial una modificación al Decreto 78, que regula la elaboración de bebidas alcohólicas, autorizando la incorporación de agua en la vinificación con el argumento de "facilitar la fermentación de mostos con contenidos de sólidos solubles superiores a 23,5° Brix". El edicto, suscrito por Sebastián Piñera y Antonio Walker, como Ministro de Agricultura, además incorporó modificaciones al volumen de agua en vino justificándolas con diversos procedimientos.

El aumento permitido de agua en el vino tiene directa relación con la posibilidad de bajar los grados alcohólicos que este puede tener y aumentar su volumen. Esto le permite a las empresas comprar uva a pequeños productores sin la premura de su deshidratación, permitiendo adquirir bayas más concentradas y livianas, pues con el agua añadida se pueden disminuir la concentración de alcohol propio de la uva de cosecha tardía con alto contenido de azúcar.

Ya en 2018, Harry Jürgensen Rundshagen, diputado ex Renovación Nacional y ahora vinculado al Partido Republicano y el exdiputado UDI, Ramón Barros Montero, redactaron una moción destinada a bajar la graduación alcohólica exigida para el vino, hasta ahora de 11,5 grados, a 8,5 grados. Aunque este cambio no ha tenido lugar, las grandes viñas operan como si fuera así, pues crearon productos que acaban comercializándose como vino sin serlo, articulando uno de los puntales del reciente incremento de sus ganancias.

Productos etiquetados como «selección dulce», «cóctel de vino» o «dulce», poseen una graduación alcohólica menor que el vino, contienen agua y otros compuestos. En este sentido, la Coalición Nacional de Viñateros, observó que los productos:

-Exportación Selecto, selección Dulce, de Viña Concha y Toro, tenía 8° GL ( concentración de alcohol). Ingredientes: Vino de uva, Agua, Azúcar líquida, Esencia de fresas, Sorbato de potasio, Dióxido de azufre, Sulfitos

-Gran 120, Selección Dulce, de Viña Santa Rita, tenía 9° GL. Ingredientes: Vino cabernet sauvignon, Agua, Azúcar granulada, Saborizante frutos rojos natural, ácido tartárico, ácido cítrico, Sorbato de potasio, Sulfitos.

-Gato Selección Dulce, de la Viña San Pedro, tenía 9° GL. Ingredientes: Vino, Azúcar, Agua, Sorbato de potasio, Anhídrido sulfuroso, Esencia de frutilla natural, Esencia de maqui natural, Sulfitos.

Un caso paradigmático de ello es el de Casillero del Diablo Belight, producido por Concha y Toro, sobre el cual el 11 de marzo de 2024, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informaba lo siguiente:

Sin embargo, hasta ahora no sólo se sigue comercializando en supermercados, sino que su fabricante lo presenta como vino.

2.- En agosto de 2023 se publicó la resolución exenta 4.077 a través de cual el Pipeño fue incorporado al Registro de Bebidas Alcohólicas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), estableciendo una artificiosa distinción entre este y el ahora denominado “vino pipeño” que debe contar con un mínimo de 11,5% grados de alcohol, a diferencia del “Pipeño” que debe tener una graduación inferior a esa proporción.

En una comunicación, Nuvia Ortiz San Martín, presidenta de la Asociación Gremial de Pequeños Viñateros del Itata por Precios Justos, aseveró: «el Ministerio de Agricultura [y el] SAG con la ayuda de enólogos/asesores inventaron el “Pipeño Falso” de 7-8 grados, aberración legal, técnica, cultural para jugar al empate con los “vinos falsos” de la gran industria y usarlo como excusa para bajar por ley el grado a los vinos, cuestión que sería la ruina definitiva».

3.- La vinificación de uva de mesa (remanentes de la agroindustria de cada temporada), constituye otra práctica degradante para el vino nacional. De acuerdo al SAG, el 2022 se elaboraron 18.328.000 litros con tales variedades, lo que equivale a más de los litros producidos entre Biobío y 'uble (17.768.969). Extrañamente se anunciará la incorporación de estos fermentos en los envases, no obstante se realiza por el bajísimo costo que tiene producirlos en perjuicio de consumidores y productores de variedades de uva con cualidades apropiadas para vinificar. El proyecto de ley que prohíbe esta práctica no ha tenido avances desde su presentación en agosto de 2021.

4.- El pasado 14 de mayo entró en vigor la modificación al decreto N° 464 que establece la zonificación vitícola en Chile y fija las normas para su utilización, agregando la Región Vitícola Austral, que «comprende desde la provincia de Cautín, de la Región Administrativa de La Araucanía, hasta donde las condiciones edafoclimáticas permitan el desarrollo de la vid y que corresponde para estos efectos las siguientes subregiones: Valle del Cautín, Valle de Osorno y Chiloé». Y, junto con ello, se incorporó la denominada «Área Rapa Nui - Isla de Pascua, cuyo límite corresponde a la totalidad del territorio insular de la comuna del mismo nombre».

Es muy probable que los mostos ahí elaborados no alcancen los 11,5° mínimos para ser considerados vino, por las condiciones climáticas propias de tales lugares, sin embargo esto parece irrelevante, pues ya se vio que los ejercicios de mercadotecnia ilegales de la industria se pueden practicar de manera impune o bien la norma se arregla en función de sus intereses.

Comentarios y propuestas

La producción de vino con bajísimos costos junto a un permanente apoyo normativo y financiero por parte del Estado posibilitó que las viñas nacionales colocaran al país en el cuarto lugar de exportaciones a nivel mundial.

Las últimas memorias anuales de las tres grandes viñas del país -Santa Rita, San Pedro Tarapacá y Concha y Toro, en orden creciente- informan del aumento ostensible en sus utilidades y patrimonio. Veamos estos tres casos:

«Así, al 31 de diciembre del mismo año [2024], el resultado de Viña Santa Rita y filiales registró una utilidad de $3.029 millones, representando un aumento del 60% en comparación con los $1.890 millones obtenidos durante el 2023». De este modo la gerencia de esta firma sintetiza el exponencial aumento de ganancias durante el pasado año, lo cual le permitió aumentar también el total de sus activos de $342.312 millones de 2023 a los $344.704 millones de 2024.

Por su parte, la gerencia de San Pedro Tarapacá informó a sus accionistas que «la utilidad del ejercicio alcanzó los MM $19.201, un 35% sobre el año anterior». Esta ingente ganancia le permitió pasar de un total de $433.166, en activos, de 2023 a $459.435 en 2024.

La gerencia de Concha y Toro detalló que «en 2024 mejoramos en ventas, márgenes y utilidad, destacando en la industria vitivinícola y de alcohol en general […] pasamos de 7,8% en margen operacional anual a 12,5%. Así, la utilidad final subió 79,5% hasta $77.420 millones». Esto le permitió abultar sus activos totales, superando los $1.636.537 de 2023 hasta los $1.718.769 de 2024. Para representar este volumen de capital, podemos decir que el total de sus activos supera en más de un 60 por ciento al presupuesto del Ministerio de Agricultura para este 2025 y en nueve veces al del Servicio Agrícola y Ganadero, que debe fiscalizar sus procesos productivos.

Las ventajas alcanzadas por estas empresas contrastan con el perjuicio crónico sufrido por pequeños productores que les proveen de materia prima. De acuerdo a ODEPA los precios por kilo de uva fluctuaron entre $200 y $300 durante la última vendimia en las comunas del Valle del Itata ('uble y Biobío). A pesar de lo cuestionable de estas cifras, siempre impugnadas por las agrupaciones de viñateros, siguen siendo insuficientes para cubrir, siquiera, los costos de producción que se calculan en los $400 aproximadamente.

La implementación de una política nacional del vino que promueva un desarrollo justo implica, en primera instancia, corregir estas asimetrías que han sido reconocidas hasta por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe técnico de 2023.

La distribución equitativa de los beneficios de vitivinicultura posibilitará que los pequeños productores también cuenten con recursos y una cadena logística accesible para elaborar y comercializar sus propios vinos, cuestión que hoy es casi una excepcionalidad, muchas veces visibilizadas hasta el exceso por INDAP y entidades afines, pero son eso: excepciones.

Como decíamos al comienzo de esta columna, es posible que la vitivinicultura posibilite espirales de prosperidad en múltiples comunas de nuestro país y para ello resulta imprescindible corregir el cúmulo de prácticas que, hasta ahora, degradan su producción y empobrecen a sus productores.

El decreto del Día Nacional del Vino firmado en la Viña Cousiño Macul, hace diez años, parece representar la inclinación que sucesivas autoridades políticas han tenido hacia los intereses de quienes controlan las grandes viñas nacionales, verdaderos símbolos oligarcas que evidencian a la democracia como una conquista pendiente y a la vitivinicultura como otro espacio donde emerge esta lucha.