Sin sobresaltos, pero con muchísima expectación, el Parlament de Catalunya ha aprobado esta tarde con una amplísima mayoría la Ley de consultas, la norma que otorgará un marco legal a la convocatoria del 9 de noviembre. Una convocatoria que ahora queda pendiente de que el president, Artur Mas, firme el Decreto.

Con los palcos a rebosar de invitados y la sala de prensa repleta de periodistas de medios internacionales -hasta 150 profesionales de la comunicación se han acreditado hoy de forma extraordinaria-, y con activistas a favor y en contra de la independencia a las puertas del Parlament, los diputados catalanes han aprobado esta tarde la Ley de consultas. Por consiguiente, todas las miradas se fijan ahora sobre el president, Artur Mas, que en las próximas horas o días firmará el Decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, a la cual la Ley hoy aprobada otorga un marco legal.

La norma ha sido aprobada además por una arrolladora mayoría de 106 diputados, correspondientes a los cuatros grupos parlamentarios que dan apoyo a la consulta -CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP- y al PSC, que pese a oponerse a la cita del 9 de noviembre, ha dado su visto bueno a la norma. De esta manera, en la oposición a la Ley se han quedado solos los 19 diputados del PP y los 9 de Ciutadans.

Antes de votar todas las mociones presentadas por los grupos parlamentarios tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutaries, han intervenido en el pleno todos los grupo parlamentarios, fijando sin novedades sus posiciones. Los partidos proconsulta han defendido sin fisuras la norma como marco legal para el 9 de noviembre, empezando por por el coordinador general de CDC y diputado de CiU, Josep Rull, que ha reivindicado la ley como «un instrumento para canalizar el debate sobre el 9 de noviembre» y por la diputada de ERC Gemma Calvet, que ha reivindicado que «ahora es la hora de votar» y ha descrito la Ley como «una herramienta legislativa plenamente constitucional». La diputada de ICV-EUiA Dolors Camats ha recordado que lo que quieren es «consultar a la gente, escuchar lo que quieren», mientras que el diputado de la CUP Quim Arrufat ha asegurado que es la ley que «con más orgullo» han votado desde que están en el Parlament. «Ha llegado la llave que abre muchas puertas, que da la voz a los ciudadanos», ha añadido.

El PSC, por su lado, ha tratado de hacer complicados equilibrios, defendiendo la Ley como herramienta de participación popular, pero asegurando que «no es el instrumento para convocar la consulta del 9 de noviembre». Así lo ha señalado el diputado Ferran Pedret, que también ha tenido palabras para la bancada del PP: «Nos dicen tontos útiles del independentismo, pero si hay alguien que útil al independentismo es el Gobierno del PP».

Por último PP y Ciutadans han preferido no hablar apenas de la Ley, para centrarse directamente en la consulta del 9 de noviembre. El diputado del PP Santi Rodríguez ha reclamado que «no somos 7 millones, sino 47 millones los afectados por la pregunta que quieren hacer» y ha señalado, sin problema alguno, que «las leyes se cambian votando, no desobedeciendo». Por parte de Ciutadans, que no ha participado en la ponencia de la Ley, su líder, Albert Rivera, calificó la norma de «desafío al orden constitucional dentro de la Unión Europa».

Los detalles de la Ley

La Ley de consultas desarrolla el artículo 122 del Estatut y establece el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento y la convocatoria de los mecanismos de consultas no refrendarias, dejando muy claro que se trata de consultas no vinculantes que podrán ser de ámbito nacional o local. La promoción de estas consultas puede venir del propio president de la Generalitat, del Parlament, de los municipios, los consejos comarcales y diputaciones, aunque también podrán ser de iniciativa ciudadana, para lo cual se requerirán como mínimo 75.000 firmas.

Además, la ley establece los mecanismos necesarios para asegurar la fiabilidad y la transparencia del proceso electoral, para lo que establece una comisión de control y otra de seguimiento, debido a la falta de una Ley electoral catalana. Con la norma también se creará el registro de participación en las consultas populares, que será diferente al censo electoral –uno de los elementos para salvar la inconstitucionalidad–. Se basará en los datos del registro de población de Catalunya, al cual se añadirá el registro de catalanes en el exterior. De esta manera, podrán votar todas las personas mayores de 16 años, los ciudadanos de otros países de la Unión Europea con un año de residencia en Catalunya y los ciudadanos del resto del mundo con tres años de residencia legal. Sobre este último punto, el Parlament ha rechazado una enmienda de la CUP que reclamaba las mismas condiciones para comunitarios y extracomunitarios.

La ley también establece que la convocatoria de la consulta se debe realizar entre 30 y 60 días antes de la cita con las urnas, y que debe ir acompañada de una campaña institucional de información acerca del evento. Una campaña que, en el caso de la consulta del 9 de noviembre, la Generalitat ya tiene preparada, según han venido informando medios catalanes.