El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Pero para los peruanos es el recuerdo de una masacre de comunidades indígenas de la Amazonía peruana, que defendían justamente el medio ambiente. En la madrugada de ese día, el 2009, un contingente de 600 efectivos de la Policía nacional con el respaldo de helicópteros Mi-17, un vehículo blindado y provistos de bombas lacrimógenas y fusiles AKM, comenzaron el ataque en el tramo conocido como Curva del Diablo, donde estaban concentrados gran parte de los manifestantes, en su mayoría de los pueblos awajún y wampis. En represalia, los indígenas tomaron como rehenes a treinta y ocho policías que custodiaban una estación petrolera, algunos de los cuales fueron muertos cuando se conoció la represión. Oficialmente, se hablaba de once muertos, que luego ascendieron a 28, mientras que las organizaciones indígenas estiman que la represión habría dejado  más de cien muertos y cerca de 900 desaparecidos.

Lamentablemente este episodio, aunque uno de los más sangrientos desde la llegada de los españoles, no es sino uno más en una guerra que el Estado peruano le ha declarado a las comunidades campesinas. En los 11 meses que viene gobernando Ollanta ya ha habido 14 muertos en esta guerra, aunque no se haya producido ningún enfrentamiento siquiera parecido al del 2009. La guerra la comenzó Fujimori, que dio un golpe de Estado, dictó una nueva Constitución e inició una ofensiva neoliberal que supone quitarles las tierras a las comunidades y entregárselas a empresas mineras con el argumento de que así crece la economía.

Hoy hay más de 200 comunidades en conflicto aunque en este momento las más visibles sean las de Celendin, Cajamarca, al norte del país y Espinar, Cusco, al sur. En ellas durante todo junio se ha podido ver efectivamente una situación de guerra. Ciudades ocupadas por miles de soldados, estados de emergencia, juzgados ad hoc para perseguir a líderes sociales, confiscación de los fondos de gobiernos regionales y locales, persecución de organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia, campesinos muertos.

Pero está claro, mientras el gobierno llena de armas las ciudades y mata campesinos, la población la única arma que tiene es la democracia: la movilización social y las autoridades electas. Y aquí es que se produce lo que el ex guerrillero y actual sociólogo Héctor Béjar ha llamado “golpe de Estado”, la idea de violar la representación popular: “El alcalde de Espinar representa la voluntad popular en el nivel provincial. Apresar al Alcalde es igual que apresar al Presidente, sólo es cuestión de dimensiones” nos explica Béjar. No sólo se apresa al alcalde de Espinar. El Presidente del Congreso, violando la división de poderes, da orden al Poder Judicial de que enjuicie y destituya al Presidente de la Región Cajamarca. Al interior del propio Congreso la representante del Cuzco, Veronika Mendoza es llevada a la “Comisión de Ética” por entregarle al Municipio del Cuzco un informe del Ministerio de Salud en el que se dice que sus ríos están contaminados por la actividad minera.

Lo curioso es que el alcalde preso y la congresista investigada son del partido de gobierno. O debo decir eran porque por supuesto que ya han renunciado. “Me indigna que nuestro gobierno avale la represión y la criminalización como modo de resolución de los conflictos” dice Veronika en su carta de renuncia. Pero dice más: “El modelo económico neoliberal que tanto denunciamos sigue intacto, ya nadie lo cuestiona siquiera. Los grupos de poder mantienen sus redes de influencia en diversos niveles de gobierno, se empieza a criminalizar la protesta y a descalificar a todos aquellos que ejercen su legítimo derecho a la protesta”. Y es que, efectivamente, Ollanta ganó prometiendo que esa guerra contra los campesinos iba a terminar, que el modelo económico iba a cambiar radicalmente, que el Perú tendría una nueva Constitución. Ollanta ganó por el gran rechazo que causa la continuidad del fujimorismo y compitiendo con la hija del ayer dictador y hoy preso.

Pero Veronika no se fue sola. Arrastró tras ella a una serie de parlamentarios y ya la bancada del Partido Nacionalista no es mayoría en el Congreso. El economista Oscar Ugarteche prevé que la continuación de la política de Fujimori pone a Ollanta en la obligación de una alianza con su anterior enemigo. Nos dice: “Lo que le debería de seguir es la alianza con los fujimoristas para poder elegir un presidente del congreso dentro de un mes. Esta es la ocasión perfecta para que Kenji Fujimori llegue a la presidencia del congreso”.

Eso por parte de la representación popular. Pero quizá más importante sea el propio pueblo movilizado. En la calle esto tiene como resultado el aumento de las protestas y quizás -en un efecto de bola de nieve- reproducir lo que Santos, presidente de la región Cajamarca, dijo con tanta certeza hace pocos días: procesos sociales análogos a los de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador y Sánchez de Losada y Carlos Mesa en Bolivia. La lucha de los pueblos andinos y amazónicos alcanzó niveles notables. En Bambamarca, ciudad del departamento de Cajamarca, la población impidió que los soldados pudieran hacer la ceremonia de saludo a la bandera y en Celendín, epicentro del conflicto por Conga, los soldados fueron expulsados de la plaza por la población (Lucha Indígena, junio de 2012). Las rondas campesinas detuvieron a soldados por intentar prostituir a menores.

El triunfo de Humala creó una nueva situación política en Perú que fue interpretada por los sectores populares como el momento para dar un salto adelante en la larga resistencia contra la minería.

El olfato político de Hugo Blanco, que observa y siente la política desde abajo, sintetizó la nueva coyuntura en el reciente Foro Nacional de Educación para el Cambio Social realizado en Rosario, Argentina: “Si hubiera ganado Keiko la gente estaría muy desmoralizada, pero al ganar Humala sintieron que ganaron ellos. Por eso ahora se sienten traicionados y con derecho a protestar. La Marcha del Agua nunca podría haberse hecho si no hubiera ganado Humala”.

En efecto, la Marcha del Agua realizada en febrero entre Cajamarca y Lima fue la mayor acción colectiva en la capital realizada desde la última fase de la resistencia al régimen de Fujimori hace más de una década.

Para los sectores populares, la coyuntura abierta con la elección de Humala está significando la mayor reconstrucción de su capacidad de organización y movilización luego de la década terrible de Fujimori (1990) y los gobiernos neoliberales de la década del 2000, de Alejandro Toledo y Alan García. El movimiento popular peruano, tanto en su vertiente urbana como campesino-indígena, fue en los años 80 el más potente de la región. Fue diezmado a bala, por la derecha y por el terrorismo. Ahora retomó el camino y está volviendo a hablar en voz alta. Es un momento crítico.

Foto: http://www.caballeroredverde.blogspot.com/

Manifestaciones en Perú

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