La normativa contó con 16 votos del gobernante Frente Amplio (FA) y uno del senador Jorge Saravia, del opositor Partido Nacional (PN), de un total de 31 senadores. Ahora, para convertirse en ley falta la promulgación del Poder Ejecutivo y la posterior reglamentación.

El presidente José Mujica anticipó que no vetará la ley, a diferencia de su antecesor, el también frenteamplista Tabaré Vázquez, quien en 2008 impidió que prosperara una ley promovida por su propio partido.

Los opositores PN y Partido Colorado (PC) anunciaron que iniciarán una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum este proyecto de ley que cuestionan por razones filosóficas, éticas y morales.

Del otro lado, un grupo de organizaciones sociales expresó su desacuerdo con las condiciones establecidas para acceder al aborto e indicaron que no debe condicionarse la voluntad de la mujer, por lo que se debería dejar en total libertad la decisión de interrumpir el embarazo.

Los requisitos son, entre otros, "acudir a consulta médica de una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso".

El médico dispondrá para el mismo día o para el siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario, que a estos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.

La instalación y el adecuado funcionamiento de estos equipos es cuestionada por las organizaciones sociales, en parte, por las dificultades que se presentan principalmente en el interior del país. Además, se sostiene que en pequeñas localidades, donde todos se conocen, las costumbres y las inhibiciones sociales dificultarán el ejercicio de la libertad de decisión de la mujer.

En Uruguay, cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, según señalan organizaciones no gubernamentales.