Por Cristian Vargas Méndez*
En el 2015 se develó una grave situación de grupos privilegiados de la sociedad que actuaban ilícitamente y se evidenció la captura del Estado para sus intereses. Se supo del vergonzoso contubernio entre políticos y grandes empresas en la comisión de hechos delictuales. Políticos inescrupulosos, de casi todo el espectro político institucional, pedían dinero a grandes empresarios para financiar sus campañas, entre ellos a los dueños de las empresas PENTA y SOQUIMICH, quienes le daban el dinero encubriendo esas donaciones como pago por asesorías y trabajos inexistentes. Eran operaciones ilícitas, fraguadas para no pagar los impuestos debidos.
A diferencia de lo que ocurre generalmente con los ciudadanos comunes y corrientes, sin vínculos con el poder político o económico, a quienes en general se persigue implacablemente cuando incurren en infracciones legales, en estos otros casos de delitos cometidos por grandes empresas y políticos, se pretendió que quedaran impunes.
Desde los poderes de facto, en connivencia con gran parte de la “clase política”, incluidas autoridades del gobierno de la época, entre ellas, principalmente, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se tejió una trama de presiones e intrigas para ocultar la situación, terminando el gobierno de turno por intervenir el Servicio de Impuestos Internos para que no se presentaran querellas de ese organismo público en contra de los responsables de los delitos, y se evitara la investigación judicial por esos hechos delictivos. Sin embargo, a pesar de las presiones y chantajes, algunas acciones penales alcanzaron a presentarse por el SII antes de la intervención gubernamental de que fuera objeto, y que terminó con la salida de quienes defendían la necesidad de accionar en base al principio de igualdad ante la ley.
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Desde el mismo Estado se impuso una estrategia de impunidad, de poner un manto de oscuridad sobre los hechos delictuales de los que habían sido parte muchos políticos, miembros del gobierno y parlamentarios, en complicidad con grandes empresas, y evitar las investigaciones que llevaba adelante la fiscalía. Instalaron una nueva dirección a cargo del SII, una funcional a los intereses de estos poderosos, para que hiciera el ‘trabajo’ de terminar con las investigaciones y acciones judiciales.
Sólo algunos casos ya iniciados antes siguieron en investigación judicial, entre ellos el de la empresa PENTA y sus dueños, quienes resultaron con sentencia condenatoria, aunque, como ya sabemos, terminara en la vergonzosa imposición de “clases de ética”.
Sin embargo, a pesar del éxito de la estrategia de impunidad implementada institucionalmente, los ciudadanos pudieron ver claramente cómo actuaba el poder de elites económicas y políticas para autoprotegerse y dejar sin castigo los delitos cometidos, lo que no en poca medida influyó en el Estallido Social de octubre de 2019.
Ahora, pocos días atrás, pudo conocerse otro episodio de esta historia aberrante.
La empresa PENTA pretendió rebajar del impuesto a la renta, como gasto, los cuantiosos honorarios (mil cuatrocientos millones) pagados a los abogados que defendieron a la empresa y a sus dueños, Carlos Délano y Carlos Lavín, condenados en el proceso seguido por los delitos tributarios cometidos.
No obstante que, en la fiscalización realizada, los funcionarios del SII rechazaron esos gastos como deducibles de impuestos, posteriormente la dirección del organismo resolvió dejar sin efecto lo obrado por los fiscalizadores y aceptar la rebaja de impuestos como PENTA lo requería.
Es decir, los dueños de la empresa PENTA cometieron delito tributario y no obstante eso la propia dirección del SII, con total descaro, les autorizó a pagar menos impuestos, rebajando lo gastado en abogados por el delito cometido.
Una vez más queda a la vista de los ciudadanos que instituciones del Estado, como el SII, se encuentran actualmente capturadas por los intereses de una minoría que goza de ilegítimos privilegios.
Por esto es fundamental que, en el proceso constituyente que se inicia, los ciudadanos, las grandes mayorías ajenas a toda la corrupción imperante, puedan abrir paso a la construcción de un Estado a su servicio, y terminar con la situación de instituciones públicas cooptadas por grupos privilegiados que, como ha quedado demostrado, solo buscan imponer sus propios intereses en desmedro del bien común de la sociedad.* Abogado coronelino egresado de la Universidad de Concepción. Exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos InternosPrincipal responsable de la presentación de las denuncias por los casos Penta-SQM.
