Luego del contundente resultado que arrojó el plebiscito resulta del todo incomprensible la actitud de la clase política de actuar como si no hubiese ocurrido tal veredicto, tal mandato popular, en donde la ciudadanía marcó su decisión de botar a la basura la Constitución de la dictadura y dar los pasos necesarios para elaborar una nueva Carta Fundamental en condiciones de plena soberanía.
Es inaceptable que los partidos institucionalizados persistan en su afán de amañar el proceso constituyente, de usurpar la voluntad popular cual si hubiese consistido en un apoyo a la clase política cuando en realidad fue una clara muestra de desprecio y repudio hacia ella. Hacen gala de una hipocresía sin límite al adueñarse de los cupos de delegados, de diseñar los métodos con que deben actuar las instancias destinadas a elaborar una nueva constitución, de definir los mecanismos, de condicionar qué materias puede y no puede abordar el texto a elaborar, toda esa lógica de tutoría es un absurdo. Un absurdo y un robo. El absurdo del ladrón condenando al juez, del gato cuidando la carnicería, un reflejo de que la corrupción e impunidad como doctrina está tan arraigada en los poderosos que les resulta natural imponérselo a todo el país.
La clase política deja en evidencia su vocación usurpadora cuando insiste en apropiarse de algo que no les pertenece: no les pertenece ni la generación ni el curso de este proceso constituyente puesto que ello es patrimonio y consecuencia del Estallido Social; ni les pertenece la soberanía que debe ser la característica principal de un proceso constituyente. Independiente de si la forma es de Asamblea, o de Convención u otra, lo cierto es que el acto en sí debe ser un proceso soberano que no puede ser objeto de transacción ni de condicionamientos previos. Menos aún de reglas y condiciones establecidas a capricho por una clase política cuestionada hasta las raíces dado su despreciable actuación al servicio de los poderes y de sus propias mezquindades.
La exigencia de liberar de amarres y ataduras la participación de los sectores y personas independientes en la elección de delegados a la Convención Constituyente no es un mero asunto de cuotas y de cupos. Cuestión ésta, por lo demás, muy propia de una clase política cuyo reparto del poder se basa en esos criterios de cuoteo y compensaciones de cuotas perdidas; si no son electos en alguna función parlamentaria, se compensan con un puesto en algún ministerio, o en algún directorio de empresa privada, o en alguna embajada o repartición diplomática; el cuoteo y la repartija es la práctica común bajo la premisa de agarrar algo y en conjunto apoderarse del todo. Pero la participación popular en la constituyente no se resuelve con la “oferta” de algunos cupos en las autoasignadas cuotas de los partidos institucionalizados; esa corrupta costumbre no les sirve en esta realidad actual pues la ciudadanía no está para cambulloneos de ninguna índole.
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No pueden imponer la sinvergüencería del sistema de elección parlamentaria pues eso es un robo, una estafa y un asalto a las exigencias democráticas del pueblo. El método electoral basado en listas por partidos políticos y en cifras repartidoras amañadas para beneficio del “binominalismo” adornado, es antidemocrático y es un abuso de poder de esta clase política que no quiere hacerse cargo de su fracaso. Este sistema electoral busca deliberadamente dejar marginados a los sectores del pueblo que han estado exigiendo cambios profundos y pagando los costos de una demanda social que ha sido brutalmente reprimida por el gobierno. Se requiere un método democrático de competencia, igualitario en oportunidades y condiciones; este método del gallinero parlamentario es una estafa.
Es también una burla pretender que el pueblo acepte ser esquilmado por los mismos ladrones que le han estado engañando todos estos años, durante décadas. Se apropian de la soberanía y roban la democracia. La democracia lo es sólo si posibilita la participación y competencia en igualdad de condiciones y no en una cancha rayada y delimitada por aquellos a quienes la ciudadanía está cuestionando y requiere desalojar de los estamentos de poder que ahora usurpan.
La participación de los independientes es un imperativo básico para que este proceso constituyente tenga características democráticas y sea un proceso que cuente con representatividad social de vastos sectores de la población. Esa vastedad no la representa hoy la clase política institucionalizada pues el proceso de elección de los parlamentarios es un instrumento viciado desde sus orígenes, radicados en la constitución pinochetista de la que hemos decidido desprendernos como país. En estricto sentido democrático, todos los postulantes a un cupo de delegado constituyente debiesen postular como independientes, representando a sectores sociales, a comunidades humanas, a zonas geográficas, o a sí mismos producto de sus capacidades y pretensiones individuales, pero no bajo la covacha de partidos y de alianzas políticas que son colectividades amañadas, desprestigiadas y desacreditadas para pensar el futuro. La participación también debiese ser un ejercicio de libertad y de soberanía.
Del mismo modo, la instalación de la instancia constituyente y su modo de operar, no puede estar sujeta a arbitrariedades impuestas de antemano por quienes solo buscan prolongar las condiciones de desigualdad y de abuso contenidas en el actual modelo de dominación. Los delegados constitucionales, como primera medida organizacional, deberían declarar su carácter de entidad soberana, democrática e independiente de ataduras previas o preconcebidas y, haciendo uso de sus atribuciones soberanas, ignorar o derogar la Ley 21.200; con ello no harían más que someterse al mandato derivado de la voluntad popular expresada en las movilizaciones y ratificada en el reciente plebiscito.
En el plebiscito el pueblo chileno no solo manifestó su decisión por una nueva Constitución sino que además demostró de modo fehaciente que no tolera ni celebra ninguna participación de la actual clase política institucionalizada, menos va a aceptar de ésta una tutoría o imposiciones acerca de cómo debe realizarse el proceso constituyente. Los integrantes del actual Congreso nacional y del actual gobierno se hacen los desentendidos con el dato de que la población manifestó un voto de repudio hacia ellos al preferir la opción Convención Constitucional por sobre la opción Convención Mixta en la que los componentes del Congreso se aseguraban un rol controlador. No quieren entender que si la opción triunfante se llama “Convención Constitucional” es sólo porque la clase política negó la posibilidad de incluir la opción “Asamblea Constituyente”. Si la ciudadanía participó masiva y mayoritariamente en el plebiscito fue, precisamente, porque no quiso dejar pasar la oportunidad de demostrarle a los poderes institucionales y fácticos que estaba harta de su maquinaria de abusos y corruptela, y harta de sus cocinas y contubernios.
De modo que es hora de que se convenzan y entiendan que deben desarmar su bien armado corral hacia donde quieren conducir el proceso constituyente. La Ley 21.200 no es otra cosa que una gran olla donde puedan deslavar los contenidos y objetivos del estallido y revuelta popular. El arte de embolar la perdiz, de fabricar trampas y engaños, de enredar y confundir con palabrería, lo plasmaron de manera refinada en este corral legal destinado a salvaguardar los intereses del poder y las prebendas de una clase política corrupta y descompuesta hasta la podredumbre.
El resultado del plebiscito no solo es un claro mensaje de que, esta vez, el corral de la Ley 21.200 no les servirá para contener el empoderamiento popular, sino también es una clara manifestación de que el pueblo ya aprendió la lección de lo sucedido a raíz del plebiscito de 1988 y esta vez no está disponible para dejarse engatusar con demagogia ni enjuagues de cocinería. La paridad de género en los representantes, así como la representación de los pueblos originarios en la constituyente, son cuestiones esenciales que tampoco habían sido consideradas en el corral de la clase política y que con posterioridad debieron integrarlas producto de la presión popular expresada en la calle, así también tendrán que entender que cuestiones esenciales de la voluntad ciudadana no pueden seguir siendo ignoradas.
La elección de los delegados y delegadas al proceso constituyente no será del todo democrática sin la participación libre, igualitaria y representativa de los más vastos sectores de la sociedad, de los jóvenes mayores de 15 años de edad, de la población chilena residente en el extranjero, de los ciudadanos inmigrantes, además de las exigencias de paridad de género y de pueblos originarios, entre otras materias. Aunque la ambición y malicia de la clase política nacional es algo que no tiene solución, más vale que salgan al menos por un momento de su burbuja para que observen la realidad, tienen la oportunidad esta misma semana en el Congreso de desarmar su corral y enmendar los amañes con que han pretendido atar este proceso constituyente. Las plenas condiciones de participación democrática deben ser garantizadas ahora y adecuar las condiciones específicas a las exigencias del pueblo; los amañes del poder deben dejar paso a la democracia, por más que les duela, de lo contrario corren el riesgo de que el corral y todo lo que ello representa sea destruido por la calle.
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