La resolución adoptada esta semana por el Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la reforma para un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras cotizantes, que había sido presentado por legisladores/as de oposición y aprobado por representantes de todas las tendencias, viene a ratificar, una vez más, que este organismo cumple un rol de muro de contención implantado por la derecha política-empresarial para impedir que se produzcan reformas y transformaciones que afecten los intereses de los detentores del poder y la riqueza.
En esta oportunidad, el presidente Piñera, siguiendo los mandatos de los grandes grupos empresariales que controlan el negocio de las AFP (él incluido), y que se han apropiado indebidamente de los fondos previsionales de la masa laboral chilena, presentó un recurso de ilegalidad ante el mentado TC pidiendo se declarara inconstitucional la presentación parlamentaria del segundo proyecto de ley que aprobaba el retiro de un nuevo 10% de los fondos de los cotizantes. El proyecto, en su tramitación legislativa formal, fue aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado por el Senado por lo que pasó a Comisión Mixta; estando en ese trámite, Piñera presenta su requerimiento.
El TC zanjó la discusión legislativa y constitucional en un fallo empatado a cinco votos pero que se resuelve en favor del sufragio de la presidenta del tribunal, en lo que se denomina voto dirimente, como prerrogativa del cargo. Los argumentos en pro de una u otra posición carecen de validez moral y legal. La cuestión de fondo es que el TC actúa en función de los caprichos y arbitrios del presidente de la república, en particular, y de los detentores del poder, en general. En este caso la aberración es grosera pues el país ya conoció del primer retiro del 10% y la población chilena pudo beneficiarse de esta medida. Producto de ese primer retiro, ahora nos enfrentamos a la venganza del inexorable señor Piñera, el personaje que ejerce como presidente de este país.
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Una triple aberración. Por una parte, estos patanes político-empresariales actúan como si ellos fuesen los propietarios de los dineros de los cotizantes, convirtiendo su acto de apropiación indebida, un robo de dinero, en un derecho que les asiste mediante el uso de resquicios de fuerza legal; resquicios que, a su vez, se fundan en una constitución bastarda y ya declarada muerta por la población chilena. El desprestigiado actual presidente de Chile encabeza este acto de usurpación. Por otra parte, desde el comienzo de la pandemia hemos sido víctimas y testigos de la carencia absoluta de garantías sociales y ayudas estatales para la masa trabajadora y los sectores sociales vulnerables de la sociedad y vulnerados por el flagelo de la desigualdad y la segregación. La pandemia expuso en extremo las necesidades de la población la que, ante la inexistencia de apoyo del Estado y negación de auxilios por parte del gobierno, se vio forzada a exigir el retiro de parte de sus fondos previsionales para sobrellevar los estragos económicos y sociales que estaba provocando este gobierno y su nefasta política.
Por último, cuando la fuerza de los hechos, de las necesidades, del sentido común, impuso por fin en el Congreso algunas normas que tienden a subsanar los desaciertos, desatinos y descriterios del Gobierno y su sistema de dominación, éste gobernante recurre al TC, bastión de defensa de la derecha política-empresarial, para restablecer el imperio de sus aberrantes determinaciones y modelos de explotación de los trabajadores y trabajadoras que, en este caso, se ven agravados pues se trata de la negación de recursos propios de la masa laborante y de la apropiación de esos recursos por parte de la casta empresarial.
El TC es un organismo de naturaleza espuria. Moldeado por la constitución dictatorial a imagen y reflejo de las arbitrariedades que quisieran imponer los poderosos; degenerado en un organismo de conveniencia de la derecha dictatorial para garantizar que los designios del poder económico pudieran ser protegidos por un cuerpo seudo legal que actuara por sobre los estamentos de regulación y ejercicio de la seudo democracia heredada de la propia dictadura. Este llamado Tribunal Constitucional es la expresión más latente y nítida de la prolongación nefasta del régimen tirano. El TC fue creado como engendro protector de las leyes de la dictadura por la propia constitución del 80; peor aún, ha sido mantenido, conservado y protegido por los gobiernos post dictadura gracias a los negociados y enjuagues de los concertacionistas con la derecha político-empresarial. En la práctica actúa como supremo tribunal del país, aún por sobre la Corte Suprema de Justicia, decidiendo que se puede y que no se puede hacer en Chile, según sean los mandados que les asignan los empresarios y conservadores recalcitrantes que se enseñorean en las cúpulas del poder político y económico del país.
A este TC ha recurrido la derecha política cada vez que quiere frenar algún proyecto de ley, alguna reforma, alguna iniciativa, que afecte los sacros intereses de los grandes empresarios, o que afecte la cultura de catacumbas y moral del Medioevo de sus huestes conservadoras. En los hechos el TC ha actuado cumpliendo ese rol de gendarme de la herencia dictatorial y de protector de los arbitrios empresariales cuantas veces ha sido necesitado o requerido por la derecha política-empresarial. Como lo ha reconocido la propia actual presidenta del TC, la señora María Luisa Brahm, este organismo ejerce un papel de “Tercera Cámara”, es decir, por sobre el mal llamado poder legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, está el poder omnímodo del Tribunal Constitucional. En otras palabras, la democracia parlamentaria es una jugarreta más de la clase política, una entretención gratuita a costa de los fondos y dineros del Estado, del fisco, de todos los chilenos, pues el poder legislativo real y definitivo lo ejerce el TC, a capricho del presidente.
La propia señora Brahm, en abril de este año, reconocía en declaraciones a medios de prensa que, por ejemplo, en lo relativo a las causas de Derechos Humanos que eran llevadas ante el organismo por abogados defensores de los criminales con fines dilatorios de los juicios, el TC actuaba al límite de la corrupción haciéndose parte y cómplice de este afán obstruccionista de la justicia. La definición de “Tercera Cámara” le queda chica a las funciones reales de este organismo. Es un ente custodio de los intereses de los poderosos, garante de los objetivos ideológicos de la dictadura, que se ha convertido –cada vez más- en un supra poder, manilla de agarre de la derecha decadente, del empresariado arrogante y de criminales de lesa humanidad. Con el correr del tiempo, este ente de conveniencia de la derecha dictatorial, de la derecha político-empresarial ha devenido en uno de los grandes males estructurales que afectan a nuestra sociedad. El TC haciendo gala de su naturaleza espuria es, hoy por hoy, el fiel reflejo de la constitución autoritaria, corrupta y descompuesta, que el 25 de octubre pasado el pueblo chileno ya decidió despojarse de ella.
De la finalidad e imparcialidad de un ente de esta naturaleza no hay muchas certezas. Si se analiza su actual composición queda de manifiesto que de independiente y profesional tiene nada o muy poco. De los diez integrantes que lo componen tres son designados por el presidente de la república, es decir, eso significa dependencia absoluta e inmediata del presidente de turno de casi un tercio de los miembros. Cuatro son designados por el Senado, organismo que basa sus decisiones sobre la base de cuoteos y componendas de fuerzas entre las coaliciones políticas partícipes del juego del poder (o del establishment), y los otros tres son designados por la Corte Suprema, cuya composición, a su vez, está regulada por el duopolio Presidencia-Senado. Un circulo vicioso de componendas y favores que, por definición constitucional y colusión política, siempre protege y favorece a los poderos y sus intereses.
De todo ello se desprende la necesidad de que el proceso constituyente en curso y la nueva constitución resultante dé por terminada la existencia de este muro del mal. De la conveniencia y utilidad de un tribunal controlador de la constitución existen serias dudas. En especial porque el principal contralor de la constitución es (o debiese ser) el pueblo soberano, y los mecanismos de control debiesen estar radicados en la democracia social, en la revocación de mandatos, en la trasparencia de los estamentos de poder, en el ejercicio pleno de la participación y de la soberanía popular.
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