Aunque ya está firmado todavía es un secreto. Pronto, mayoritariamente en noviembre, será discutido por los parlamentos latinoamericanos pero todavía no lo conocen. Y el debate será por un sí o un no. No habrá oportunidad de proponer cambios. Se trata del Acuerdo Trans Pacifico ¿ATP? No, la sigla es TPP como para que quede claro que país de los que tienen costas en el Pacifico es el que establece las reglas de juego. Ese mismo país está negociando un TTIP con los países del Atlántico así que la dominación será total. Pero en realidad ni siquiera son los Estados Unidos los que están actuando en este juego. Para los políticos de allá el secreto ha sido tan cerrado como para los de acá. Es un acuerdo entre las multinacionales.

Por Daniel Mathews / Resumen.cl

Por tanto, no debe sorprendernos que este Tratado, si llega a ser aprobado, promueva gobiernos de, por y para estas mismas multinacionales transatlánticas. El TPP es una grave amenaza para las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales de todos nuestros gobiernos y pretende reemplazarlas de forma permanente por normativas y procedimientos favorables para las corporaciones. Las grandes empresas no quieren gobernar directamente –tienen de su parte a los políticos afines para hacerlo– pero, quieren dictar las reglas de juego con las que se gobernara.

Un ejemplo de esto es lo que las multinacionales llaman  “impedimentos para acceder al mercado” como las regulaciones gubernamentales en materia de alimentación, productos farmacéuticos, químicos, medio ambiente, etcétera. Por supuesto las leyes laborales entran en este rubro también. Actualmente varios de nuestros países tienen normas en torno a los transgénicos, por ejemplo. Habrá que derogarlas. No son “científicas”, están contra el “desarrollo”. En una palabra: los políticos que nosotros elijamos tendrán todo el derecho de tomarse fotos, intercambiar embajadores y hasta recibir artistas. Pero dictar leyes no. Las regulaciones se acabaron.

Si el legislativo no puede dictar leyes el judicial tampoco debe poder juzgar su cumplimiento. Hoy en día tenemos ya, a lo largo de todo el mundo, un conjunto de más de 600 tratados privados de arbitraje, concluidos o en proceso. Están siendo utilizados continuamente de forma para multar a los gobiernos –y por eso a los pueblos- que ponen trabas al “libre comercio”. Algunos de los casos más conocidos son amenazas evidentes al clima, promovidas por empresas decididas a evitar la transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles, como el caso de la empresa Lone Paint contra Quebec, demandando una indemnización de 250 millones de dólares porque Quebec impuso una moratoria sobre el fracking y Lone Paint quiere perforar en la cuenca del río San Lorenzo.

Si eso ocurre con Canadá, imaginémonos lo que puede ocurrir en nuestros débiles países latinoamericanos. Bueno, en realidad no es necesario imaginarlo. Basta con recordar que Occidental Petroleum en Ecuador, ganó un contencioso de 1.800 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje de tres jueces privados porque el país suramericano se negó a permitir la perforación para buscar petróleo en una zona natural protegida.

Susan George, autora entre otros libros del Informe Lugano, ha dicho que el TTIP es “un potencial golpe de Estado, al servicio de los negocios, contra nuestros representantes democráticamente elegidos” y tiene la esperanza de que muchos países europeos no lo acepten. Lamentablemente, en el caso del TTP, estamos en un continente más domesticado.