El transversal negocio de las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE)
La tormentosa designación de la confirmada subsecretaria de Educación de Bachelet pone en el tapete a una actividad económica que ya tiene más de 800 oferentes y que se dedica a asesorar a escuelas subvencionadas. Estas nacen al amparo de la Ley SEP, impulsada desde el gobierno de Lagos por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, hoy nombrado titular de Educación.
El 2 de noviembre de 2005 ingresaba al Congreso el proyecto de ley que creaba la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Sus impulsores, según consta en el Parlamento, fueron el Ministerio de Educación (Mineduc), liderado por Sergio Bitar (PPD), y el ministerio de Hacienda, encabezado por el próximo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD).
Gracias a esta ley –promulgada en 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet y mientras era ministra la recién electa diputada Yasna Provoste (DC)–, se institucionalizó la entrada al mundo educacional de las agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), convirtiéndose en un nuevo actor del amplio abanico de negocios vinculados a la Educación.
En términos simples, la Ley SEP promueve que los sostenedores de escuelas subvencionadas contraten servicios ATE para prestar apoyo técnico pedagógico, que entre otros puntos busca impulsar el mejoramiento de los puntajes del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), compromiso que va de la mano de la entrega de mayores recursos.
El nexo con este negocio es justamente uno de los flancos que han puesto en una compleja situación a la recientemente designada subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, que es fundadora y, hasta la semana pasada, socia de la ATE Grupo Educativo.
En 2012 hubo serios cuestionamientos desde el Ministerio de Educación a las operaciones de las ATE, ya que, según consignaba un reportaje de La Tercera, diversas consultoras vendían sus asesorías para mejorar la enseñanza a colegios de su propiedad o de familiares. Como en el caso de Grupo Educativo, que prestaba servicios a la red de colegios Crecemos, perteneciente al entonces esposo de Claudia Peirano y ex vicepresidente de la DC, Walter Oliva.
Desde el Mineduc anunciaron regulaciones para este sector, lo que hasta hoy no habría sucedido. Pese a que este medio consultó hace más de una semana el estatus de esta medida, desde la cartera liderada por Carolina Schmidt no hubo respuesta.
Mundo ATE
La red tras el negocio de las ATE es transversal e incluye figuras de la política y la elite nacional, así como importantes sostenedores de colegios.
Según el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, “las políticas educacionales de las últimas tres décadas han abierto múltiples espacios de participación de agentes privados en diferentes aspectos de la educación. Las ATE son un componente más de esas políticas”.
Bellei agrega que “tradicionalmente la supervisión y apoyo técnico a las escuelas eran hechos por supervisores del Ministerio de Educación, pero siempre ha habido algún tipo de participación de académicos y profesionales externos, ligados principalmente a las universidades y centros académicos. Lo que la ley SEP hizo fue expandir radicalmente este espacio, mediante la provisión de una enorme cantidad de recursos a las escuelas. Esto implicó que los proveedores de servicios ATE no sólo aumentaran sino se diversificaran enormemente, para cubrir también empresas privadas de consultoría de reciente creación, y otras ligadas a la venta de materiales didácticos, textos y pruebas”.
De esta forma, el mercado de las ATE fue creciendo: de las poco más de 100 agencias inscritas en el registro público de las ATE en 2009, hoy superan las 800.
En el libro Asistencia Técnica Educativa: de la Intuición a la Evidencia (2010), elaborado por Cristián Bellei, Alejandra Osses y Juan Pablo Valenzuela, se aborda en profundidad la evolución de las ATE en los últimos años. También describe el costo promedio de contratación de una ATE para un establecimiento.
“En promedio, los contratos de servicios ATE tienen un costo de 15 millones de pesos, siendo los servicios prestados por instituciones los de mayor cuantía; mientras que éstos tienen un valor de aproximadamente 19 millones, en el caso de un consultor individual el monto asciende a poco menos de 3 millones. Respecto del monto que se invierte por cada escuela que recibe un servicio ATE, los datos disponibles nos indican que, en promedio, éste asciende a los 3 millones 600 mil pesos. Además, los sostenedores municipales invierten en promedio, casi 46 millones de pesos por contrato, mientras que los particulares subvencionados poco menos de 4 millones; la diferencia estaría dada por la cantidad de escuelas que se incluye en cada contrato: mientras en el mundo municipal se incluirían cinco o seis escuelas al mismo tiempo, los particulares sólo incorporan una o dos”, señala la investigación.
Para el académico de la Facultad de Humanidades de la USACH, Jaime Retamal, “hay muy poca evidencia –por no decir ninguna– que muestre que el negocio de las ATE, asesorando a las escuelas más vulnerables, las ayude a mejorar sus calidad, y eso entendiendo calidad desde los estrechos parámetros del SIMCE. Las ATE no crean procesos autónomos de mejoramiento en las escuelas, no instalan procesos sostenibles de aprendizaje ni en los profesores ni en los alumnos, y tampoco, me atrevo a decir, son empresas que busquen necesariamente eso, pues el ideal del negocio es crear justamente lo contrario: dependencia”.
Esto, porque según explica Retamal, “las ATE entregan un producto 1.0 que necesariamente necesitará su reemplazo por uno nuevo 2.0, lo que asegura un círculo de dependencia extremadamente rentable desde el punto de vista de los negocios, más aún si la plata proviene del ‘gran Estado’. Algunos dicen que si las ATE se quedan al menos 4 años en una escuela, pueden ayudar en algo, pero también hay otros que cuestionan ese dato, pues cuando la ATE deja la escuela, la intervención se diluye”.
Más allá de esto, según el académico, “se sabe que las ATE de corte privado son un club corporativo muy poderoso e influyente. Hay que pensar que los dueños de una ATE o sus proveedores más directos pueden llegar a percibir muy buenos ingresos al mismo tiempo que maduran una extravagante autocomprensión de bondad y virtud. Esto no sólo porque misionan entre los más pobres, sino, sobre todo, porque desde ellas se pontifica sobre lo que las escuelas deben o no deben hacer, pero siempre –esa es la clave– desde la torre de marfil de los papers. Las ATE están llenas de pontífices que las más de las veces no son pedagogos o, lo que es peor, pontífices que ni siquiera tienen la experiencia acumulada de hacer clases en esos contextos”.
LAS ATE DE ELITE
Al revisar el registro ATE del Mineduc, queda al descubierto cómo los principales grupos de poder han extendido sus redes en esta área del negocio de la educación. Incluso varios de ellos firmaron la carta en 2011 de rechazo a la gratuidad total de la educación Superior que hoy complica a Claudia Peirano.
Una de ellas es Mariana Aylwin (DC), que tiene una ATE bajo el nombre de Centro de Capacitación Aprender Limitada. La ex ministra de Educación de Ricardo Lagos, es la directora ejecutiva de Corporación Educacional Aprender, que pese a tener un nombre distinto, comparte personalidad jurídica y directorio con aquella ATE. Entre sus miembros se encuentra Pablo Piñera Echeñique (DC), hermano del Presidente, y Sergio Molina Silva (DC), ex Ministro de Educación durante el gobierno de Eduardo Frei.
Otro nombre en el directorio es Rafael Guillisasti, ex MAPU, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), además de ex financista y miembro del comando de Andrés Velasco. Guillisasti es el actual consejero electivo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), como asimismo representante del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el Consejo de CORFO.
La representante de Centro de Capacitación Aprender Limitada es Luz Pacheco Matte, hermana de Máximo, próximo ministro de Energía de Michelle Bachelet y hombre con redes transversales en el mundo político y empresarial.
Dagmar Raczynski, que también firmó la carta en 2011, tiene una ATE llamada Asesorías para el Desarrollo y, según consigna la página web, tiene “un prestigio construido en base a su perspectiva ciudadanizante e inclusiva, a la seriedad de su trabajo y rigurosidad metodológica”.
La Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), red de 18 colegios creada por Patricia Matte, no se queda fuera. La ATE de Matte, quien firmó la misiva enviada a El Mercurio, es el Centro Arturo Matte Larraín, cuya representante es María de la Luz Boetsch, secretaria y miembro de la mesa directiva de SIP. Boetsch es además prima del ya señalado próximo ministro de Energía de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, y de la ex Ministra de Vivienda y Urbanismo de Sebastián Piñera, Magdalena Matte.
En tanto, Educa UC, cuya directora académica es María Domeyko Matte, es parte de Ventana UC, iniciativa que unió a la PUC con Prospectus Development S.A., sociedad del actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a Raúl Labán y Alexis Camhi.
Educa UC es un proyecto en el que los capitales privados se unen con el mundo académico y entran de lleno en el “mercado” de la educación. Hoy el grupo tiene 11 colegios, además de prestar servicios como ATE.
Asimismo, Educa UC es apoyada financieramente por el fondo de inversión Expertus, creado por el programa de capital de riesgo que tiene CORFO. Los nombres detrás de este grupo tienen vasta trayectoria por directorios de empresas.
Está Andrés Lyon (Hogar de Cristo, Fjord Seafood Chile y Sociedad de Inversiones Antar Chile); Marco Cariola (ex senador y ex director de Iansa, Gasco, Metrogas y Nestlé, entre otras); Alberto Hurtado (socio y presidente de Representaciones Grainco, director de Financo –empresa ligada a ABN Tanner Bank– y socio controlador de Embotelladora Andina); y José Antonio Garcés Silva (ex presidente de Embotelladora Andina, entre otras).
Otra ATE de elite es la Fundación Educacional Barnechea, fundada por el fallecido historiador y ex ministro de Educación durante la dictadura, Gonzalo Vial Correa, junto a su esposa María Luisa Vial Cox. La representante de esta institución es Loreto Vial Vial, hija de la pareja.
En el directorio resalta Roberto García Casalegno, accionista y socio del Club de Golf de Santiago, quien en 1992 fue presidente del directorio del Club de Bridge Santiago Eliodoro Matte Ossa.
ATE PARA TODOS
El negocio de las ATE también cuenta entre sus filas a diversos personajes del mundo político y de la Educación.
Es el caso de la próxima subsecretaria, Claudia Peirano, socia de Grupo Educativo junto a Paulina Araneda. Esta última trabajó como directora de la Dirección de Educación de la municipalidad de Peñalolén entre 2004 y 2008, municipio liderado por el próximo intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC).
El ex candidato presidencial (recién nombrado Intendente de Santiago), que es cercano a Claudia Peirano, quien lo apoyó en la primaria interna de la DC, tiene un vínculo familiar con las ATE: su hermana. Se trata de Veomás, dirigida por Valentina Orrego. En su página definen su actividad como “coaching social de y para la zona sur del país”.
En tanto, Violeta Arancibia Clavel, hermana del agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, fue directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Mineduc, entre el 2011 y el 2013.
Aparte de su trabajo como funcionaria de la administración piñerista, Arancibia Clavel es directora del PENTA UC, que a través de su ATE, Programa de Estudios y Desarrollo de Talentos Académicos PENTA UC, realiza asesorías educacionales a establecimientos.
También está la ATE Edecsa, del psicólogo Pablo Torche, quien es miembro de Revolución Democrática (RD). Torche fue coordinador de contenidos de RD y actualmente es miembro del directorio de “Hay que crear para creer”, la fundación que tiene el movimiento.
El psicólogo señala que Edecsa es una pequeña empresa consultora familiar, y que hace 5 años se acreditó como ATE. “Diseñamos varias asesorías a colegios, pues nos parecía una buena forma de contribuir al mejoramiento de la educación del país, pero nunca nos resultó mucho, pues era muy difícil ganar licitaciones. Ganamos un par de licitaciones hace unos 4 años y, desde entonces, por distintos motivos, he abandonado un poco el rubro”, dice.
En el caso del Centro de Liderazgo Educativo (CLE), perteneciente a la Fundación Educación 2020, presidida por el académico Mario Weissbluth, esta forma parte de las ATE que dependen de fundaciones y que no pueden tener utilidades.
En la página de la organización describen el “trabajo en terreno” del CLE como “una continuidad natural del desenvolvimiento de la Fundación, a través de un acompañamiento sistemático a directivos y sostenedores de establecimientos educacionales del país”.
“Al aprobarse la ley SEP se crearon ATE con y sin fines de lucro, que inicialmente se autorizaron casi sin ningún requisito. Hay algunas, como, por ejemplo, la Fundación Chile, APTUS, PIIE, Educación 2020, CHILEDUC, y Grupo Educativo, serias, de estándar y presencia internacional. Hay otras que son francamente cuestionables, pero no se puede ni debe meter a todas las ATE en el mismo saco”.
Además, Waissbluth sostiene que, desde el 2011, el panorama ha comenzado a regularse, a través de la Superintendencia y por la supervisión del uso de los recursos que da la ley SEP. “En mi opinión, y en esto coincido con el programa de gobierno, el lucro no funciona bien en los sistemas educativos, pues tiene demasiados incentivos perversos difíciles de controlar. Por ello, creo que, a la larga, la misma legislación que se genere respecto al tránsito gradual de los colegios con fines de lucro a sin fines de lucro, debiera aplicarse a las ATE. Esto trasciende y va más allá de la Ley SEP”, afirma el presidente de Educación 2020.
Sistema de voucher
Como un nicho de negocio dentro del mercado de la educación chilena, así define el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, a las ATE. Para él, surgen debido al “escuálido e inadecuado” financiamiento que existe para las escuelas.
“En vez de tener un financiamiento que financie proyectos educativos, considerando el tamaño de las escuelas y número de aulas, desde 1981 Chile tiene un esquema de financiamiento vía subvención por alumno que asiste a clases, cuyo valor es totalmente arbitrario y no tiene relación alguna con el costo que involucra entregar una educación de altos estándares. Las políticas que se han implementado posteriormente han tratado de remediar esta situación, pero se han transformado sólo en parches que han profundizado el mercado de la educación, como el Financiamiento Compartido, o políticas que aportan más recursos, condicionados a la vulnerabilidad de los alumnos y su rendimiento, como la Subvención Escolar Preferencial”, sostiene el economista.
Con respecto a la SEP, señala Kremerman, “las escuelas son categorizadas según su rendimiento y, en el caso de las que presentan menor rendimiento, se disponen de recursos para que Agencias de Asistencia Técnica Educativa las ayuden a revertir esa situación, lo cual crea este nuevo nicho de mercado. La pregunta que surge entonces es ¿por qué no crear de una vez por todas una política de financiamiento a la educación chilena que contemple el costeo de todos los aspectos que involucran una educación de primer nivel, tal como ocurre en la mayoría de los países OCDE, trascender el sistema de voucher y dejar de desviar recursos a entidades privadas? La triada voucher, pruebas estandarizadas y agencias privadas, termina reproduciendo un sistema de mercado en la educación y desplaza la idea de la educación entendida como un derecho. Por ello las demandas estudiantiles y la desaprobación del nombramiento de la nueva subsecretaria de Educación, refleja una plena coherencia con las posturas de los estudiantes, que ven en las ATE otra clara expresión de la profundidad que ha alcanzado el Mercado de la Educación en Chile”.
