Lo que no puede negarse es que el proceso de reflexión y discusión está en marcha, y en ello reside esa novedad mayúscula. En estos momentos es en Chile donde se pueden discutir al más alto nivel asuntos ambientales al mismo tiempo que los económicos, repensar el marco de derechos y a la vez promover alternativas al desarrollo. Son discusiones que no son propias de un simposio académico ni un taller de reflexión, sino que vienen empujadas y demandadas por amplios sectores ciudadanos. Por Eduardo Gudynas*
Al cerrarse el año 2021, cualquier balance de la situación ambiental en América Latina fácilmente terminaría alertando sobre un deterioro ambiental que persiste, que ocasiona a su vez múltiples impactos sociales, y que las medidas gubernamentales siguen sin revertir. Pero es posible seguir un recorrido inverso para enfocarnos en lo más prometedor, innovador y vigoroso del año. En lugar de compartir un balance que enumere los sitios más contaminados o la promesa de alguna nueva área de protección ambiental, podemos enfocarnos en novedades que ocurren en el origen mismo de las políticas ambientales.
Entonces, la innovación más importante y esperanzadora de 2021 está en Chile, en su Convención Constituyente. Específicamente en la comisión que abordará la temática ambiental, pero que a la vez es más que eso, ya que también le compete promover los derechos de la Naturaleza, y por si fuera poco, todo está acoplado a los modelos económicos.
En efecto, en la Convención constituyente se instaló la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Es una denominación larga, pero que debe ser analizada porque encierra mensajes y lecciones. Estamos ante una clásica comisión en temas ambientales, una cuestión que no puede faltar en ninguna constitución. Pero enseguida se suman las novedades. Se agrega un mandato específico para abordar los derechos de la Naturaleza, y eso coloca al país en la vanguardia de ese temática. Esos derechos, a nivel constitucional, solo han sido reconocidos en Ecuador con su constitución de 2008.
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Se le agrega la cuestión de los “bienes naturales comunes”, lo que requerirá definir qué implica la noción de “bien” y esa atribución de “naturales”. La comisión se obliga, con esto, a abordar cuestiones esenciales como las nociones de propiedad y la definición de bienes que son comunes. Todos esos debates deben ir de la mano con una discusión de los modelos económicos. La novedad impactante está precisamente en todo ese conjunto.
Es que la mira tradicional coloca a esos temas en casilleros separados. Por ejemplo, en la constituyente de Ecuador, las cuestiones ambientales y económicas estaban en distintas comisiones. Pero es justamente esa separación temática la que explica que por años los abordajes económicos convencionales fuesen ecológicamente ciegos, desembocando en estilos de desarrollo que depredan y contaminan el ambiente.
Esa característica híbrida en esa comisión de la convención chilena, que a muchos resulta incómoda, es una experiencia única de su tipo. Permite discutir asuntos desde una mirada distinta, al más alto nivel, y sin que exista nada similar en los demás países.
Es más, en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) se analizan las principales tendencias en ecología política en el continente, y tras esa evaluación se concluyó que no existió en todo 2021, ni siquiera en el “año largo” de la pandemia 2020-21, un espacio para pensar las relaciones entre ambiente y desarrollo en todas esas dimensiones en ningún otro país de América Latina, y hasta donde puede saberse tampoco en otro continente. Eso explica que el hecho ambiental más destacado el año esté ocurriendo en Chile.
Por momentos parecería que esa relevancia no es adecuadamente percibida en el resto de América Latina, y a nivel global. Incluso podría arriesgarse que en el seno de muchos movimientos ciudadanos todavía no se sopesan adecuadamente esas potencialidades. En países vecinos, como por ejemplo en Perú, Bolivia o Argentina, se brinda más atención a lo que hará el próximo gobierno, a la conformación de su gabinete y a sus posibilidades para negociar con la oposición, mientras que un examen del debate constituyente aparece más lejano. En esos y otros países es como si para la prensa convencional, e incluso para muchos políticos y académicos clásicos, la constituyente fuera algo así como una inevitable consecuencia del Estallido Social que debe ser rápidamente superada para regresar a la normalidad.
Pero eso es justamente lo que no puede ser la convención. No puede ser una mera válvula de escape para reducir el enojo ciudadano, sino que es un espacio para pensar otros futuros. Cualquier futuro se vuelve inviable sino existe una reconciliación con la Naturaleza o sin que los pensares económicos entiendan que existen límites ecológicos.
Eso refuerza la enorme importancia y las opciones que brinda el poder construir un mandato constitucional que reconozca los derechos de la Naturaleza y que sus formulaciones se extiendan sobre la dimensión económica. Esa es otra justificación por la cual se le describe como el hecho ambiental más positivo del año.
La instalación de esa comisión no debe ser atendida como una concesión a una excentricidad de unos pocos. Hay más de 30 convencionales que participan del conglomerado de los llamados “eco-constituyentes”; la bancada más numerosa en la convención. Entre ellos hay, además, muchos que provienen de ámbitos políticos que están más allá de los partidos, y en buena medida son independientes frente a esas estructuras, y eso debe ser bienvenido ya que en general los partidos políticos sucumben al desarrollismo clásico.
Sus temáticas, que podrían ser descritas como repensar los mandatos constitucionales sobre el desarrollo desde un marco ecológico, despiertan múltiples resistencias desde los sectores conservadores, sean en el empresariado, la política o la academia. Ya se adelantan rechazos a ideas como las de los derechos de la Naturaleza, y cuestionamientos a las implicancias que puedan tener sobre derechos de propiedad o los extractivismos. Las reacciones en algunos casos ya son virulentas, lo que muestra lo mucho que está en juego.
En la evaluación de los hechos en ambiente y desarrollo en 2021 podría haberse seguido un recorrido clásico señalando los principales problemas ambientales en América Latina. En esa lista se encontrará, otra vez, la deforestación tropical que avanza por ejemplo en Brasil y Colombia, o la sucesión de incendios que afecta a la Amazonia y a los ecosistemas subtropicales. También se podría incluir la presión para explotar hidrocarburos y minerales en áreas protegidas y territorios indígenas en Bolivia y Ecuador, repitiendo lo que ya hicieron años atrás. Del mismo modo, se podrían enumerar los conflictos ambientales que estallan cuando se imponen los extractivismos, como se sufre en Argentina o Chile. O incluso advertir que no hacer nada, o hacer casi nada, como ocurre con el nuevo gobierno de Uruguay, es seguir cayendo en el deterioro ambiental. Sean estos u otros ejemplos, cualquiera de estas situaciones no es novedosa, y este tipo de fracasos se vienen repitiendo en los últimos años.
Lo nuevo y diferente está ahora en Chile porque no está circunscripto a esos problemas puntuales, sino que aborda la raíz política de todos ellos. Puede cambiar el rumbo de ese país, pero también puede convertirse en un ejemplo para todos sus vecinos.
Debe admitirse que todo lo que se acaba de describir debe ser matizado por la precaución. No puede predecirse el resultado de ese proceso constitucional, si cristalizará en los derechos de la Naturaleza o si naufragará repitiendo formulaciones convencionales. Incluso si se lograra el mejor de todos los textos constitucionales, tampoco hay garantías de que un próximo gobierno no las torpedee hasta llevarlas a la inaplicabilidad, como en buena medida ocurrió en Ecuador.
Pero lo que no puede negarse es que el proceso de reflexión y discusión está en marcha, y en ello reside esa novedad mayúscula. En estos momentos es en Chile donde se pueden discutir al más alto nivel asuntos ambientales al mismo tiempo que los económicos, repensar el marco de derechos y a la vez promover alternativas al desarrollo. Son discusiones que no son propias de un simposio académico ni un taller de reflexión, sino que vienen empujadas y demandadas por amplios sectores ciudadanos. Alcanzaron el más alto nivel posible, el poder constituyente, y lo que elaboren enmarcarán todos los debates, todas las normas, toda la política chilena por años. No existe un espacio de ese tipo ni con esas implicancias en ningún otro país de la región. Es por ello la novedad más destacada del año, y si ello fue posible en Chile, también puede lograrse en otros países.*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); www.ambiental.net ; twitter: @EGudynas
