Las oficinas de Lota, Coronel, Alto Bio Bio y Nacimiento aún no cuentan con las condiciones para retomar la presencialidad y atender a sus usuarios y usuarias.

Por Sofía Céspedes

Baños en malas condiciones sanitarias, falta de ventilación, de techumbre, filtración de agua en el interior, humedad, suciedad, deficientes instalaciones eléctricas y hasta sobrestock de muebles: ese es el escenario en el que se encuentran las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Nacimiento, Lota, Alto Bio Bio y Coronel.

La situación fue constatada por la directiva de la Asociación de Funcionarios /as de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío (AfuncajBiobío), tras su visita por la región, en compañía del dirigente, Ricardo San Martín, quien explicó que la situación se extiende desde hace 7 años en algunas oficinas y que las autoridades no se han acercado para dar una solución rápida, concreta y efectiva a los problemas de fondo.

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En un estado de completo abandono se encuentran estas 4 unidades del Biobío y en las que según indicó el director de la CAJ, Gonzalo Contreras, en la última Cuenta Pública, espera que los funcionarios vuelvan a la presencialidad. 

Para la presidenta de Afuncajbiobio, Francisca Vilches, “las condiciones en las que se encuentran los inmuebles no solo son denigrantes para los trabajadores, sino que, también para los usuarios que deben ser atendidos ahí”.

La falta de comunicación entre la administración de la CAJ y la oficina de Nacimiento, sería una de las principales causas de que, además de estar en mal estado, posean un sobrestock de muebles.

Según informó el dirigente Ricardo San Martín, alrededor de 3 escritorios llegaron hace años antes de la pandemia, sin ser solicitados. Para los trabajadores la situación es irónica debido a que los recursos utilizados en la compra de estos muebles podrían haber dado una solución a la falta de techumbre, precarias conexiones eléctricas y humedad que los aqueja.

Por otra parte, las oficinas de Coronel se encuentran cerradas debido a un problema endémico que los aflige desde la apertura inaugural del consultorio, una filtración de agua dejó inutilizado el lugar, esto a poco tiempo de haber invertido dineros en “reparaciones”. Además, los trabajadores no contaban con los elementos básicos para poder atender a sus usuarios, como computadores, internet o dispositivos móviles, todo esto tras la habilitación del plan de retorno.

En tanto, en Lota, la humedad, la falta de habilitación de puntos de acceso para personas con discapacidad, entre otras problemáticas, iniciaron desde el 2018 y han sido notificada a través de diferentes documentos a la Dirección General, pero que solo han concluido en precarias soluciones momentáneas. Según el dirigente de Afuncaj Biobío, Ricardo San Martín, hasta el día de hoy la secretaría de la CAJ de Lota debe atender a las personas con discapacidad afuera de la oficina.

No se queda atrás el consultorio del Alto Bio Bio, el cual es una pequeña casa que no cuenta calefacción ni con el tamaño adecuado para recibir a los usuarios en una sala de espera, pues según las normas sanitarias del Gobierno, el aforo es demasiado reducido. A poco de su articulación, la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío se opuso a esta acción, debido a que les parece inaceptable que sus usuarios tengan que esperar a la intemperie en una zona que además al día de hoy registra nevadas y temperaturas muy bajas, así lo explicó la tesorera de la asociación, Graciela Rodríguez.

Al menos 50 unidades de la CAJ Biobío, desde la región del Ñuble hasta Aysén, aún no pueden volver al trabajo presencial, situación que no se replica en las demás Corporaciones de Asistencia judicial, donde prácticamente la totalidad de las unidades se encuentran funcionando y atendiendo presencialmente.

A tres meses del cambio de mando, la seremi de Justicia de la región del Biobío y la presidenta del Honorable Consejo Directivo de la CAJBiobío, ni la dirección general, aún no aplican acciones concretas para solucionar los conflictos que aquejan a los trabajadores y trabajadoras de la justicia, que no descartan la posibilidad de retomar un paro, luego del despido injustificado de sus compañeros y compañeras de trabajo ocurrido en enero de 2022.

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