Concluida el día de ayer la elección de delegados y delegadas que conformarán la llamada Convención Constitucional se inicia el proceso de elaboración de una nueva constitución política del país para, de ese modo, hacer efectivo el mandato popular expresado en el plebiscito de octubre pasado. En la práctica, el proceso constituyente tiene aún todo por hacer pero el paso esencial para los delegados elegidos y las delegadas elegidas es establecer el carácter soberano de su labor y democrático de sus decisiones. A partir de la soberanía, está todo por hacer.
No es un hecho menor tener la posibilidad que una electa representación ciudadana pueda elaborar una constitución política, cuestión que ocurre por vez primera en nuestra historia. Hasta ahora sólo habíamos tenido constituciones políticas fraguadas por sectores de la oligarquía, escritas por ilustres designados de los detentores del poder o directamente impuestas por dictaduras militares, como esta última que finalmente fue desechada por el pueblo chileno en el plebiscito de octubre de 2020. Ahora comienza el verdadero ejercicio democrático para los mandatados y mandatadas en esta Convención. No es, sin duda, la Asamblea Constituyente que el pueblo exigía, pero es un avance para salir de este deslegitimado sistema actual.
Las y los constituyentes deben tener presente que este proceso que se inicia tiene como punto de partida y telón de fondo el Estallido Social de octubre de 2019. Este paso hacia una nueva Carta Magna no es producto de la bondad del Gobierno ni de la voluntad de la actual clase política sino resultado de las luchas sociales y populares que se desarrollaron en el país desde aquel octubre que quedó marcado a fuego en la historia nacional. Es del todo necesario que los y las Constituyentes tengan en consideración la circunstancia de que el alcance y desarrollo del Estallido y sus efectos sólo pudo ser contenido por la pandemia del coronavirus que, junto con afectar a la humanidad, llegó al país a salvar por casualidad a este gobierno infame y a este sistema nefasto.
También quedaron marcadas a fuego en la conciencia política nacional y, por tanto, es obligación de estos delegados y delegadas tenerles presente en sus actuaciones, las personas que fueron víctimas de la violenta represión estatal ejercida por el Gobierno sobre el pueblo movilizado a través de la actuación criminal de las desaforadas fuerzas policiales y militares ocupadas en desatar “la guerra de Piñera”. El alto costo que ha debido pagar la población movilizada es un necesario motivo de atención para aquellos que están llamados a proponer las bases de lo que debe ser un país mejor. La violación sistemática de los derechos humanos sobre los habitantes movilizados ha sido una característica vergonzosa del ejercicio de la violencia por parte de las autoridades políticas que no puede ignorarse en el desempeño de los y las convencionales y en los contenidos de la constitución a redactar para evitar que estos flagelos sigan ocurriendo impunemente en nuestro país.
La clase dominante, los poderosos y sus sirvientes de la clase política, con este gobierno como tambor mayor, iniciaron contubernios e hicieron todo lo posible por desvirtuar el significado de la demanda constituyente original de la lucha social. Desde mediados de noviembre de 2019, pusieron manos a la obra para secuestrar las demandas sociales, escamotear el objetivo de las luchas, y distorsionar el contenido de las reivindicaciones populares. Es así como surgió el llamado “Acuerdo por la paz y la nueva constitución”, que no fue más que el acuerdo de las ataduras legales.
La demanda de Asamblea Constituyente no fue considerada en la propuesta de opciones plebiscitarias que sólo dejaban como mejor alternativa la Convención Constitucional, la que finalmente se impuso por una aplastante mayoría popular en el plebiscito posterior. No conformes con eso, la clase política impuso una serie de restricciones y ataduras al proceso constituyente que devela la intención de los poderosos de no ceder un ápice en su condición de privilegio y de potestad para imponer abusos, atropellos, explotaciones, matizados con coimas, corrupciones, desfalcos y fraudes a destajo. Eso es lo que salió a defender en bloque la descompuesta y cuestionada clase política, al ritmo del tambor mayor y con el coro de lobistas del gran empresariado como comparsas.
Las restricciones y amarras del mentado acuerdo eran de tal raigambre oligárquica que la presión social solo logró introducir algunos cambios de fondo. La participación igualitaria de la mujer fue una conquista de la movilización post “Acuerdo”, no fue producto de una hipotética magnificencia de los políticos sino de las luchas sociales en la calle. La participación proporcional de los pueblos originarios con derecho garantizado no fue producto de un imaginario espíritu integrador de la clase política, sino de las luchas sociales en la calle. No tuvo igual suerte la participación de los independientes y de las organizaciones que representaban o podían representar la fuerza del estallido, pues fue truncada por las trabas y amarras propias de un sistema dictatorial que se protege a sí mismo y pretende perpetuarse.
Luego llegó la pandemia a auxiliar las maniobras distractoras del poder. El aplastante triunfo del Apruebo en el plebiscito llevó a los poderosos a profundizar en la ley de amarre y a nuevos intentos por imponer más cortapisas a la labor soberana y democrática que, se supone, debiese caracterizar la labor de la Convención Constitucional. No le bastó con secuestrar y escamotear el proceso sino que, además, quieren imponer a la Constituyente la aplicación de los mismos métodos oscuros, plagados de corrupción y descomposición, que caracterizan el funcionamiento de la política institucional, sea en el Congreso o en el Gobierno. Pretender que la Constituyente tenga sesiones secretas y ese secreto se prolongue incluso más allá de su existencia legal, es una forma de abrir las puertas al lobby empresarial sobre los constituyentes, a las amenazas y tentativas de corrupción, para intentar proteger los intereses de los poderes empresariales y de sus sirvientes de la actual clase política. Una vergüenza y un descaro sin límites.
Ello, al tiempo que se desplegó un concertado afán para convertir el proceso constituyente en una elección más de las tantas que adornan habitualmente el entramado de la institucionalidad política. Eso por un lado de la moneda. Por el otro, el gran empresariado invertía enormes sumas de dinero para posicionar a sus propios candidatos en la Convención. Primero exigían el Rechazo, pero como perdieron en el plebiscito salieron con sus billeteras a pagar y comprar a sus candidatos y candidatas de siempre, financiando con total desparpajo ultramillonarias campañas de sus sirvientes ideológicos. De nuevo, el sistema demuestra su raigambre injusta y desigual pues el Estado, en este caso el Servel, no regula ni distribuye en forma equitativa y proporcional los apoyos financieros sino que sólo se ocupa de proteger y beneficiar a los poderosos.
La desigualdad de condiciones de las campañas es una cuestión que afecta la sanidad de este proceso. Pero esta vez, además de lo desigual y del interés por banalizar la elección de constituyentes, se le sumió en un cóctel electorero rodeándola de un ramillete de elecciones simultáneas. Esto tras el objetivo evidente de trivializar la constituyente y confundir a la población haciendo aparecer la elección de delegados y delegadas como un complemento a la elección de gobernadores, alcaldes y concejales.
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En esa realidad, la Convención Constitucional se convierte ahora en personas, hombres y mujeres, que fueron elegidos ayer para integrar este organismo. Ese mismo conglomerado de convencionalistas será ahora el blanco de ataques de la ideología de mercado y de acosos de lobistas de los poderosos. Pero también estarán bajo la vigilancia escrutadora y la acción demandante de las organizaciones y comunidades que sostienen las exigencias de los cambios estructurales y definiciones de fondo que pongan al pueblo, a las personas, a las comunidades, como el elemento central de sus propuestas y resoluciones. Por lo mismo es que este proceso constituyente exige de los Convencionales que establezcan, además del carácter soberano de la Convención, el carácter democrático y transparente de sus deliberaciones y conclusiones. Este proceso o es soberano y de cara a la ciudadanía o será una farsa. Y para farsas el pueblo chileno ya tuvo suficiente.
A la par con estas cuestiones, los delegados y delegadas constituyentes deben hacerse cargo de las demandas sociales de fondo que están en la exigencia original de “Asamblea Constituyente” y “Nueva Constitución” que surgieron y se expresaron durante y desde el Estallido, y en las decenas de luchas y movilizaciones previas a esa gran revuelta nacional. El diversionismo electoralista con que se rodeó el proceso de elección de constituyentes no tiene que llevar a perder de vista el factor central de la elección de estos delegados y delegadas constituyentes. Están llamados a elaborar una nueva constitución en función de superar este sistema aberrante y avanzar hacia la construcción de un ordenamiento de un país mejor.
La recuperación de la dignidad nacional y de la dignidad de las personas que habitamos este país es una cuestión esencial del trazado de la nueva Carta Magna. La recuperación de la soberanía popular, el establecimiento de un sistema político democrático, participativo, integrador, multicultural, laico, junto a la exigencia de un Estado solidario que garantice a los habitantes sus derechos a una vida digna, justa, son algunas de las valoraciones que debe recoger e integrar el nuevo ordenamiento. Pero una de las piezas esenciales para combatir la desigualdad, la explotación y el abuso de los poderosos, es poner término al Estado subsidiario, tanto en lo que respecta al modelo económico como a los demás aspectos del desarrollo nacional. Las ataduras que le impone al Estado, al fisco, el ordenamiento instaurado por la dictadura son las que deben ser desatadas y desechadas en la nueva Carta Magna.
Este proceso recién comienza. Hasta ahora, si bien la clase política y los poderosos secuestraron el proceso y escamotearon su significado y sus formas, no se han apropiado de la voluntad de luchar por los derechos que caracteriza al pueblo chileno. Si bien la pandemia llegó a salvar circunstancialmente a este gobierno infame y este sistema nefasto, la pandemia también llegó a dejar al desnudo las características más villanas y ruines de los poderosos y de sus sirvientes en la clase política.
Sólo el pueblo ayuda al pueblo fue la gran verdad que se instaló en los barrios y comunas a lo largo de estos quince meses de pandemia. Esa conciencia de auto ayuda también es un signo de aprendizaje y de independencia. En otras palabras, los lobistas, manipuladores, digitadores, operadores y guardianes ideológicos del mercadismo, del neoliberalismo, de los poderosos, más vale que entiendan que no están domesticando corderos ni manipulando borregos. Chile despertó en octubre de 2019, por si lo han olvidado con tanto contubernio. Chile cambió, aunque a los poderes les cueste tanto entenderlo y asumirlo.
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