[resumen.cl] Un centenar de habitantes de Tomeco, en Yumbel, cortaron el tránsito en la Ruta Q50 exigiendo paraderos, seguridad y señaléticas. Los manifestantes lanzaron duras críticas contra la empresa SACYR, constructora española a cargo de las obras.

Según señala Claudia Poblete “nos tomamos este sábado la carretera Ruta Q50 (Cabrero-Concepción), en repudio a las más de 50 víctimas fatales que han ocurrido la mayoría en el cruce de la localidad de Tomeco.” Los habitantes de Tomeco exigen a la concesionaria SACYR Paradero para tomar bus, señaléticas luminosas en la via, habilitar tramos de dobles pista que ya están terminados, entre otras.

Claudia indicó que a la movilización llegó “la Gobernadora Subrogante yun asesor de la Gobernación Biobio.” a quienes los vecinos les señalaron que los problemas “necesitan solución con urgencia, el bus con los escolares que vienen de Yumbel debe ingresar contra el tránsito a la localidad de Tomeco, por este motivo la solución momentánea era autorizar a Carabineros para tomar los resguardos necesarios a la hora de ingreso del bus a la localidad.” Durante esta jornada los vecinos deben reunirse con SACYR y un representante del MOP “para abordar las emergencias y las necesidades de la localidad de Tomeco.”

Valles del Bío Bío es el nombre de la concesión por 35 años que se adjudicó la constructora transnacional española Sacyr. Un proyecto de un trayecto de 102 kilómetros y una inversión de US$369 millones que incluirá dos peajes y cuyas obras pretendían ser entregadas a mediados del 2015.

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Sacyr es la empresa que encabeza el conglomerado de constructoras a cargo de las obras en el Canal de Panamá, cuyo desarrollo no ha estado exento de escándalos. Las obras estuvieron a punto de paralizarse porque Sacyr habría reclamado 1625 millones de dólares adicionales del gobierno panameño que, supuestamente, no podían haber estado previstos en el presupuesto original de la obra. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero lo impresentable fue lo que no se dijo. Si el gobierno panameño hubiese cobrado las boletas de garantía a SACYR, una de las empresas aseguradoras que habría tenido que responder – CESCE- tiene como accionista al propio gobierno español. Es decir, el Estado Español habría asumido los costos de las operaciones de una empresa privada en Panamá. Hace unas semanas SACYR señaló a El País de España que la obra costaría 5 mi millones de dólares, cerca de 1800 millones más de lo que debía costar el proyecto. Sacyr además, es una empresa que también está involucrada en el financiamiento ilegal del PP -el caso Bárcenas-  cuyas operaciones, habrían sido realizadas en bancos instalados en Suiza y Luxemburgo. Los tratos consistían en el pago de cantidades de dinero para financiar al partido político,  tras lo cual personeros del mismo partido les adjudicaban obras de infraestructura pública a estas empresas.