La función de las escuelas del país ya parece absolutamente desdibujada, difuminada en imágenes cada vez más alejadas del propósito que las justifica: enseñar y aprender. Los conceptos "contención", "protocolos", "convivencia" atiborran cualquier referencia al funcionamiento del actual sistema escolar, al tiempo que la discusión respecto al saber parece no tener lugar.

Aniceto Hevia

Los colegios, escuelas y liceos de administración delegada, particular subvencionada y pública, aparecen recurrentemente en la crónica roja con múltiples actos actos de agresión. De los establecimientos particulares pagados se sabe poco, sólo en ocasiones se conoce, por quienes laboran ahí, de la destrucción o ensuciamiento deliberado de infraestructura y de distintos ataques entre estudiantes o contra trabajadores.

Hoy, en las escuelas y liceos se puede comer, hacer amigos y enemigos, recibir «contención», hacer videos para Tik Tok, disfrazarse y elaborar trípticos varios, pero aprender, ¿se puede? Recientemente el DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional) confirmó el fenómeno de "inflación de notas", o sea que las notas de colegios privados (en mayor medida) y públicos no son representativas de los aprendizajes estudiantiles, por lo cual modificará las condiciones de selección universitaria.

¿Qué representan las escuelas hoy? ¿Qué importancia tiene el saber en una nación que ha tocado fondo en su desindustrialización iniciada en Dictadura, condenándose a ser una exportadora de materias primas e importadora de manufacturas? ¿Para qué sirve saber en un país donde el posicionamiento socioeconómico depende en mayor medida en las redes y los entornos sociales que del mérito propio? ¿Para qué sirve saber y disponerse a crear en un país en que fabricar y comercializar siquiera una prenda de ropa parece un ejercicio a contrapelo de un escenario abrumador?

Quienes buscan obturar esta discusión tienden a presentar casos, los siempre útiles casos: excepciones a una realidad muy incómda y problemática para quienes se complacen en decir «no lo vimos venir«. Lo cierto es que la cesantía y la precariedad laboral entre quienes a través de profesiones u oficios buscan un lugar en el sistema productivo nacional se ha incrementado y agravado progresivamente.

De acuerdo al último boletín del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) de Empleo Trimestral, la fuerza de trabajo total del país es de 10.267.025 personas, de ellas el 25,8% está ocupada informalmente, o sea, carece de la más mínima garantía contractual, mientras la tasa de desocupación nacional fue de 8,8%. El documento también señala que «la expansión de la población ocupada fue incidida, principalmente, por los sectores alojamiento y servicio de comidas (8,8%), enseñanza (4,3%) y actividades financieras y de seguros (10,1%)», es decir, solo servicios, el sector productivo no registra como un espacio laboral significativo estadísticamente.

En su informe de 2024, Los Verdaderos Sueldos de Chile, Fundación Sol consignó que: «el 50% de los trabajadores/as en Chile gana menos de $583 mil. Sólo el 22,4% gana más de $1 millón líquidos. El 71,4% de las trabajadoras gana menos de $780 mil líquidos».

El valor de toda institucionalidad educativa es proporcional al valor que el trabajo tiene en su sociedad. Mientras el trabajo pierde valor, en un declive expresado en un atraso salarial incontrovertible y en múltiples fenómenos, las instituciones que supuestamente preparan y forman para su realización quedan desprovistas de importancia y sentido para la población.

No es baladí que la época en que el sistema escolar chileno, con sus niveles primario, secundario y superior, tuvo un mayor despliegue fue cuando se impulsó un conjunto de políticas industrializadoras desde el Estado. Junto a esta presencia creciente, también se incrementó la relevancia social de estas instituciones, pues sus prácticas y certificaciones constituían elementos determinantes en las condiciones económicas a las que podía acceder la población de entonces, en las décadas de 1940 hasta la Dictadura cívico militar.

En 1997 se promulgó la ley que estableció la Jornada Escolar Completa (JEC), el argumento esgrimido por autoridades y la clase política fue que los estudiantes del sistema público y particular subvencionado podrían tener ahí la posibilidad de equiparar los aprendizajes que los de particulares pagados tenían por el capital económico y cultural con el que cuentan. El 2017, veinte años después, la revisión de esta política aún vigente determinó que a pesar de poseer una permanencia en las escuelas de un 35% más de horas que el promedio de los Estados de la OCDE, los estudiantes chilenos demostraron un descenso en sus aprendizajes medidos a través del SIMCE.

En marzo de 2016 se promulgó la Ley de Carrera Docente que obliga al profesorado de establecimientos públicos a someterse a evaluaciones periódicas para conseguir un rango laboral que determinará el monto de su salario. El resultado de ello está ajeno a la superación de los aprendizajes por parte de el estudiantado, también medidos por el propio SIMCE. Mientras universidades y otras entidades se adjudican las licitaciones de múltiples funciones propias de esta Ley, obteniendo ingentes recursos, el magisterio es sometido a la competencia y la incertidumbre ante un ejercicio que no mide desempeño, sino un saber responder frente a requerimientos arbitrarios. Esta ley tenía el 95% de rechazo entre las y los docentes, de acuerdo a una consulta del propio Colegio de Profesoras y Profesores, y fue la razón un extenso paro de actividades el 2015.

Eludir preguntas que vinculen los problemas de nuestra educación con la economía y las condiciones laborales imperantes nos induce seguir oyendo múltiples respuestas que, antes que todo, resultan insultantes para la inteligencia de cualquier ciudadano. Frecuentemente, la misma clase política que soslaya esta discusión pronuncia peroratas declarando su "compromiso con la democracia", con una levedad enervante, sin reconocer que el empobrecimiento y la ausencia de expectativas en una sociedad la deja permeable a los discursos más autoritarios y antisociales que la imaginación de sociópatas puedan engendrar. De manera muy legítima, al oir estas voces flatuas, cualquier joven popular no sólo se puede preguntar ¿para qué sirve la escuela?, también: ¿para qué sirve la democracia? y no encontrar beneficio alguno.

Imagen extraída de curriculumnacional.cl