[resumen.cl] Este martes, miércoles y jueves se desataron violentas acciones de los Estados chileno y argentino contra mapuches que, al oeste y al este de la cordillera andina, sostienen procesos de recuperación territorial.

Este miércoles, en la comuna de Freire, Carabineros violentó a tres comuneras al momento de ejercer un control de identidad en su contra. Las interceptaron cerca de su comunidad, la Trapilwe Mawidache, donde se desarrollaba una manifestación en post de sus exigencias. Ahí, fueron encañonadas, insultadas, golpeadas y detenidas por efectivos policiales. La abogada Manuela Royo declaró a Radio Villa Francia que “la situación fue extremadamente violenta, incluso se mantuvieron las amenazas con armas de fuego ya estando detenidas dentro del vehículo, provocando la angustia y llanto de la menor. Además no daban información sobre el paradero de ellas situación que se extendió por varias horas, tomando en cuenta que ellas fueron detenidas al mediodía y recién aparecieron a eso de las 18:00 horas en la 5ta Comisaría de Temuco. Además una de ellas recibió golpes y doblaron sus brazos, lo que nosotros entendemos claramente como tortura”.

Las víctimas de este hecho, María Quidel, Maritza Llancao y su hija de 15 años, fueron acusadas infundadamente de desórdenes públicos, cuestión confirmada por el Tribunal de Garantía de Pitrufquen que estableció la ilegalidad de las detenciones y, en consecuencia, dejó en libertad a las comuneras. Por su parte, Manuela Royo, aseveró al mismo medio que interpondrán acciones legales en contra de los responsables de esta acción.

Este jueves a las 06:30 horas, la comunidad Yewun Mapu de Ercilla sufrió un allanamiento, en el cual fueron detenidos los comuneros Víctor Huenulao y Jordán Matus. Según Carabineros se busca esclarecer la comisión de delitos tales como robo con intimidación, incendio de casa habitación y homicidio frustrado contra Carabineros. Ahora bien, los inverosímiles hallazgos de una subametralladora, una escopeta calibre 22, municiones, un chaleco antibalas y plantas de marihuana, parecen, más bien, un intento grotesco por ratificar sus acusaciones.

Luego del allanamiento, el werkén de la comunidad, Richard Huenulao, declaró que “la policía chilena acostumbra en reiteradas ocasiones a realizar este tipo de hechos los cuales vulneran la integridad de nuestro peñis y lagmien... [a quienes] mientras los tortura y maltratan inhumanamente niega su paradero... Integrantes de la comunidad se trasladan a retenes de Victoria y Collipulli tratando de averiguar su paradero y saber el estado en el cual se encuentran los dos detenidos”. Por la tarde se realizó la audiencia de control de detención, donde se determinó la prisión preventiva para Victor Huenulao.

Este miércoles en el Puelmapu, específicamente en la provincia de Chubut, la comunidad de Cushamen sufrió un nuevo ataque que dejó varias personas heridas, entre las cuales está Emilio Jones Huala, quien recibió un balazo provocándole la fractura del maxilar. Según la versión de la Jefatura de la Policía de Chubut, sus efectivos habían sido agredidos con piedras cuando transitaban por Ruta 40, lo cual habría motivado el operativo. No obstante, esta versión no es coherente con una serie de antecedentes necesarios de considerar.

La comunidad de Cushamen brega por la restitución del territorio que actualmente está en manos de la transnacional Benetton, a través de Compañía Tierras del Sur, la cual se ha valido de la policía y también de sus trabajadores para realizar ataques en contra de los comuneros.

El pasado martes, efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut allanaron la comunidad, respondiendo a una denuncia abigeato en contra de sus integrantes. El diario Página12 publicó que “[los] miembros del lof fueron golpeados, esposados y arrastrados de los pelos; sus casas rotas, sus animales secuestrados y muertos. Los operativos culminaron con diez pobladores detenidos”.

No obstante, las justificaciones de que el allanamiento del martes se desarrolló en cumplimiento de una orden judicial y el ataque del miércoles respondió a una agresión en contra de la policía, han sido puestas en cuestión por diversos actores. Tal como comentó el periodista Horacio Verbitsky, la red de apoyo a comunidades mapuche en conflicto había denunciado que Gendarmería Nacional tenía previsto un allanamiento a la comunidad de Cushamen y la violencia con la cual estaba presupuestado “se deduce de la consulta realizada hace una semana por un jefe de la Gendarmería al hospital de El Maitén, donde inquirió si sus instalaciones estarían en condiciones de recibir heridos de gravedad”. Junto con eso, el comunicador también menciona el infundio propagado por la prensa empresarial, donde se afirma la influencia de las FARC en la Comunidad y el tráfico de armas con chilenos. Declaraciones como esta, hechas por el juez federal Guido Otranto, devienen en la convicción de que estas agresiones responden a un plan de aplicación de violencia sistemática, destinada a doblegar la voluntad de los miembros de Cushamen de recuperar su territorio.

Las gravísimas hostilidades de la policía en contra de los comuneros han consternado a amplios sectores de la sociedad argentina y muestra de ello es que este viernes arribarían a la zona, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y María Carmen Verdú, integrante de CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional), con el propósito de visibilizar y aportar en la detención de estas acciones.

En tanto, este jueves fueron excarceladas las siete personas que permanecían detenidas desde el martes, aunque el proceso correspondiente a la imputación de abigeato en su contra, seguirá en curso.

La similar conducta de los Estados chileno y argentino en contra de comunidades mapuche que han emprendido procesos de recuperación de sus territorios se explica en el amparo otorgado a terratenientes que usufructúan de ellos. Éstos, junto con cargar con la ilegitimidad de sus propiedades, otorgadas como partes del gran botín conseguido en las campañas de ocupación, también cargan con la responsabilidad de los efectos del uso destructivo de éstas, despojando a quienes subsisten a su alrededor de las mínimas condiciones de habitabilidad para seguir viviendo ahí. Por ello, las comunidades se han impuesto la misión de la recuperación de sus territorios como una acción urgente, antes que las alteraciones ambientales en ellos sean irreversibles.