[resumen.cl] El 1 de junio del año pasado se promulgó la Ley 20.850, más conocida como Ricarte Soto, en referencia a quien rinde homenaje póstumo. Esta ley crea un Sistema de Protección Financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, tales como los relacionados con “enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes”, según afirma el texto legal.

El Estado definirá cuáles son los tratamientos cubiertos y aportará “hasta cien mil millones de pesos” a la mantención de este Sistema, el cual podrán usar quienes, el costo de las prestaciones, les impide el acceso al tratamiento o impacta catastróficamente en su presupuesto.

No obstante, este avance en la cobertura sanitaria está amenazado por la posible entrada en vigencia del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP (por sus siglas en inglés), la cual depende de la ratificación de los Congresos de los países signatarios de éste, incluido el de Chile.

En particular, esta amenaza radica en que en uno de sus capítulos, el referido a la “propiedad intelectual”, se establece que los laboratorios farmacéuticos de los países adheridos al TPP y primeros fabricantes de algún producto farmacéutico biológico, podrán impedir a otros laboratorios vender el mismo medicamento o uno similar por ocho años desde la fecha de la autorización de su comercialización, provocando un aumento de tres años en el plazo para tal prohibición.

Hasta ahora, el plazo de protección de datos para estos productos es de cinco años y, según el propio Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto de Salud Pública (ISP) ya registra 1.017 productos biológicos vigentes, de los cuales 102 son biosimilares, es decir, productos con la misma eficacia y seguridad que los originales y de mucho menor costo.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, los productos biológicos son sustancias obtenidas a partir de organismos vivos o de sus tejidos, los cuales “incluyen a los virus, sueros terapéuticos, toxinas, antitoxinas, vacunas, sangre, componentes o derivados de la sangre, productos alergénicos, hormonas, factores estimulantes de colonias, citoquinas, anticuerpos, etc.”. El uso de los estos productos es cada vez mayor, sobretodo en los tratamientos cubiertos por el Sistema de Protección Financiera de la ley Ricarte Soto. El MINSAL ha declarado que, en el 2014, las compras de productos biológicos concentraron el 26% del total de medicamentos adquiridos por el Estado y que su uso asciende anualmente. Por ello es preocupante lo que ocurriría con una posible ratificación del TPP por parte del Congreso Nacional.

El propio MINSAL ha denominado como “línea roja” al aumento de los años de la protección de datos y su consecuente prohibición de comercializar biosimilares. En su documento “Impacto económico y sanitario de la extensión de la protección de datos de productos farmacéuticos biológicos, contenida en el TPP” se indica que

“cada año adicional de protección de datos generará una pérdida anual de 770 millones de dólares, lo que equivale a 540 mil millones de pesos, es decir, se podrían financiar anualmente más de 5 Fondos de Tratamiento de Alto Costo por cada año de extensión de protección de datos”.

O sea, si se considera que el artículo 18.51 del TPP, sobre productos biológicos, impone un aumento de tres años para la protección de datos, se podrían financiar más de 15 Fondos del Sistema de Protección Financiera de la ley Ricarte Soto o, desde la perspectiva contraria, el alto costo de estos productos podría recortar ostensiblemente la cantidad de beneficiados, pudiendo anular el impacto inicial de esta iniciativa.

Esta amenaza se cierne con una cercanía cada vez mayor. Recientemente la presidenta Michelle Bachelet declaró ante la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio que

“el TPP contempla un balance adecuado que le otorgará beneficios al país y asegura una apropiada protección de las sensibilidades de Chile en el proceso”.

Esta aseveración, la Mandataria la ha hecho ignorando las voces de múltiples organizaciones sociales del país denunciadoras de los nefastos efectos de la posible instauración de un acuerdo comercial como el TPP y, también, la ha hecho desentendiéndose del completo rechazo concitado por éste en las sociedades de los Estados adscritos, especialmente, de Estados Unidos donde sus actuales candidatos presidenciales han debido declararse opositores al TPP para conseguir apoyo electoral.

Según diversas fuentes, el presidente norteamericano Barack Obama busca la aprobación del TPP para el fin de su mandato de manera que el próximo o próxima mandataria no absorba el costo de una decisión tan impopular como esa. Por su parte, la plataforma Chile Mejor Sin TPP ha denunciado que

“Alineándose ciegamente con Barak Obama... en el intento de apurar la ratificación, la presidenta tampoco acusó recibo de la posición disidente de parlamentarios tanto de la Nueva Mayoría como de oposición”.

Desde una mirada ingenua, Bachelet parece tener anteojeras. Sin embargo, los hechos indican que no es un problema de interpretación de la realidad ni de dificultades en el reconocimiento de efectos provocados por la probable entrada en vigor de este Acuerdo, sino, el más impúdico servilismo al empresariado transnacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz y la presidenta Bachelet se han mostrado seguros anunciando supuestas bondades de la participación del Estado chileno en el TPP, pero no han explicado como operarán, y cuándo se le ha solicitado que lo hagan, han reconocido su incapacidad para ello. Muestra de ello fue la carta de respuesta a consultas del Diputado Giorgio Jackson, emitida por encargo de Heraldo Muñoz, donde se anexó el estudio “TPP: Impacto en Chile y en la Región” del sociólogo Jaime Ensignia, donde reconoce que

“En este contexto, aun no podremos referirnos acuciosa y seriamente a lo que gana Chile y cuáles podrían ser los déficits en cuanto al cierre de estas negociaciones, puesto que no contamos con la información necesaria como para realizar este balance.”

Las pruebas de la irresponsabilidad gubernamental y de toda la clase política son manifiestas. Lo que aun no se expresa con suficiente determinación es la voluntad popular, lo cual es necesario y urgente.

Foto principal: minsal.cl